Tímidas al principio, las voces que justifican el golpe de Estado del 28 de junio en Honduras (foto) se van haciendo más sonoras. Sus argumentos son dos. Por un lado, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, había vulnerado la Constitución al convocar a una consulta popular con la intención de reformar la carta magna y, aparentemente, avanzar con su reelección. En segundo lugar, arguyen que, dado que fue reemplazado por quien lo seguía en la línea sucesoria, es decir, según lo que marca la Constitución, es impropio hablar de golpe.
Sobre lo primero, no explican porqué esa conducta mereció que un grupo de militares lo sacara de la cama en pijama a punta de pistola y lo deportara antes de que amaneciera. O porqué ocho de sus ministros fueron encarcelados, se reprimió sangrientamente al pueblo en las calles y se implantó el toque de queda. Zelaya es un aliado de Hugo Chávez, claro, pero eso no suena del todo bien como excusa. Démosles un poco más de tiempo, algo se les ocurrirá.
Lo segundo es más tramposo, aunque tampoco se sostiene. Para analizarlo, veamos algunas definiciones sobre qué se considera un “golpe de Estado” en buen castellano. Como para saber de qué hablamos.

  • Medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro. (Diccionario Ideológico de la lengua española, Julio Casares de la Real Academia Española, Editorial Gustavo Gili S.A.- Barcelona, 1985).
  • Acción de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un país alguno de los poderes del mismo, por ejemplo, el ejército. (Diccionario de uso del español, María Moliner, A-G, Editorial Gredos S.A. – Madrid, 1997).
  • Usurpación ilegal y violenta del poder de una nación. (2001, Espasa Calpe).
  • Usurpación del poder por parte de un grupo. (Diccionario Anaya de la Lengua).

Podríamos dejar la discusión en este punto, sin necesidad de probar nada más. De lo anterior cabe preguntarse qué fue lo que ocurrió en Honduras sino un golpe de Estado. Igualmente, hay más para decir.
El argumento de que la sucesión “normal” de Zelaya por el titular del Congreso, Roberto Micheletti, garantiza la continuidad constitucional es absurdo. Asumirlo obligaría a hacer un insólito revisionismo histórico, para afirmar, por ejemplo, que el derrocamiento de Arturo Frondizi en 1962 no fue un golpe. ¿No lo reemplazó acaso el titular del Senado, José María Guido, porque había renunciado el vicepresidente Alejandro Gómez? Todo legal, ¿no?
Siguiendo en esa línea, en Uruguay el régimen de Juan María Bordaberry (1973 y 1976) no tiene nada de reprochable. ¿No había sido elegido presidente de acuerdo con la Constitución? Como Guido, el oriental cerró el Congreso, es cierto. ¿Pero porqué una asonada cívico-militar por la que desde el poder legislativo se conculca al ejecutivo (Honduras) no es un golpe y otras, en la que la falta es la inversa (Argentina en 1962, Uruguay en 1973 o el caso de Alberto Fujimori en Perú en 1992), sí lo son? Además, lo de Honduras es verdaderamente moderno: es la mayor parte del sistema político el golpista.
Aunque torpes, esos argumentos son peligrosos. La justificación de la asunada en base a la participación de civiles serviría para reeditar la remoción de Chávez en 2002 o cualquier otra aventura en otro país de la región. Pero tranquilos, no se han visto en los últimos tiempos actitudes destituyentes por ningún lado, ¿o sí?
Muchachos, la próxima vez que quieran justificar lo injustificable, por favor, agudicen el ingenio. Así nos hacen pensar más y la discusión de hace más interesante.