El 15 de septiembre de 2008 dejó de existir Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, de 158 años de existencia. Cayó derribado por los horrores de sus directivos, la crisis de la hipotecas, la “exuberancia irracional” de los mercados, la desregulación a rajatabla, el imperio más salvaje del laissez-faire. Desde entonces el mundo ha sufrido una recesión dramática en términos de calidad de vida y empleo, y las predicciones equiparaban la crisis nada menos que con la 1929.
Ya antes de asumir, Barack Obama vio que no tenía alternativas y se abrazó a la estrategia de salvataje de George W. Bush. Una estrategia que se contó en billones de dólares, obligando a la gente de a pie a pensar, acaso por primera vez en sus vidas, en términos de doce ceros. Una cuenta que terminó pagando el verdadero “prestamista de última instancia”: el contribuyente.
Semejante descarga de recursos permitió rescatar bancos irresponsables y empresas industriales indolentes, pero también salvar miles y acaso millones de puestos de trabajo. La crisis del 29 ya no figura en el listado de las acechanzas, pero la recuperación definitiva de la economía parece lejos. Apagado (o controlado) el incendio, surge la pregunta: ¿se ha avanzado lo suficiente en regulaciones que impidan que el fuego brote, espeso y voraz, la próxima vez?
La respuesta: no. Obama hablará hoy en Nueva York para insistir una vez más en que el Congreso preste debida atención a las regulaciones al sector financiero (tímidas, por otra parte) que ya había propuesto en junio. Pero en momentos en que se juega su poder y su menguante popularidad en una difícil reforma del sistema de salud, cabe conjeturar que los poderes fácticos del impresionante sector financiero estadounidense seguirán movilizándose tan eficientemente como hasta ahora para bloquear cualquier paquete de medidas que pongan fin a la fiesta.
Así las cosas, las calificadoras de riesgo siguen actuando como juez y parte, diciéndonos si es seguro o no comprar activos de empresas y bancos que son, a la vez, su objeto de observación y sus clientes. Sus métodos de medición de riesgo, tan sofisticados como probadamente inútiles, siguen incólumes.
Los mercados de derivados (futuros), causa verdadera y última de la crisis de las hipotecas basura, siguen tan fuera de control como siempre. La maraña de organismos regulatorios de los Estados Unidos, tan enmarañada e inútil como entonces. La “timba”, a través de las cuales bancos, financieras, fondos especulativos y aprendices de brujo se “apalancan” (en mi barrio le dicen se “endeudan”) para comprar y vender infinitamente activos de dudosa calidad, sigue intacta.
Y la fiesta continúa. El escándalo de los bonus multimillonarios que bancos y compañías industriales quebradas pagaron como “premio” a los ejecutivos que los llevaron a la bancarrota no ha sido desmontado. Si hablamos de los cinco bancos más grandes de Wall Street, en el primer semestre de 2009 pagaron nada menos que u$s 60 millones en compensaciones. Un 6,6% menos que un año atrás, pero más en términos per cápita si se tiene en cuenta que los rescates y fusiones generaron una reducción de los planteles de empleados y ejecutivos mucho mayor que ese 6,6% mencionado. Algunas entidades, incluso, burlaron los topes para el pago de bonus impuestos por Obama a las empresas que recibieron ayuda federal pasando el cargo al salario propiamente dicho. Pícaros.
Argentina y otros países emergentes insisten en una amplia reforma del sistema financiero internacional, con el FMI a la cabeza. Pero éste ha sido reforzado por las grandes potencias en sus roles y estructuras conocidas. La voz de los emergentes aún no llega al Olimpo de los países más ricos.
No hay entonces reformas decisivas ni a nivel global, ni a nivel nacional ni en la gran potencia que es Estados Unidos, que ha derramado su crisis al mundo. La mesa está servida para el próximo desastre.