Antes del arribo de la misión de la Organización de Estados Americanos, el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, parecía a punto de ceder. Habló por primera vez de un regreso (condicionado, es cierto) de Manuel Zelaya (foto) al poder. Derogó el decreto por el que regía un virtual estado de sitio, base «legal» de una durísima represión ejercida contra los manifestantes prodemocráticos y del cierre de medios de comunicación. Y hasta tocó el corazón del golpe de Estado del 28 de junio, al cuestionar que el presidente constitucional haya sido deportado y al prometer procesamientos para los militares involucrados en la operación.
Mientras, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, parecía tomar distancia decisiva del sector más intransigente del régimen y auguraba que una solución negociada era inminente.
Una ola de optimismo recorrió entonces el hemisferio, al punto de que la cada vez más demacrada OEA envió una delegación de muy alto nivel, encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza, y conformada, entre otros, por el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Tom Shannon, y cinco cancilleres.Sin embargo, las gestiones quedaron empantanadas (otra vez, como desde el primer momento) en la cuestión crucial del regreso al poder del presidente constitucional, y los delegados regionales debieron retirarse con las manos vacías.
En la antesala del desabrido viaje de regreso de estos diplomáticos, el Micheletti conciliador de días pasados revelaba nuevamente su Mr. Hyde: sólo una invasión podrá impedir las elecciones previstas para el 29 de noviembre, dijo.
¿Qué pasó entre un momento y otro? Que el presidente de facto y sus apoyos consumaron una nueva y acaso decisiva maniobra dilatoria, coherente con su estrategia de resistir hasta la convocatoria a elecciones y de presentar a éstas como un hecho consumado ante la comunidad internacional. Eso, confían, pondrá a los países de la región y a los propios Estados Unidos ante un dilema de hierro: ¿tendría sentido seguir insistiendo con el retorno al poder de un presidente con mandato vencido y sin posibilidades constitucionales de buscar la reelección (por tanto no proscripto) y, a la vez, desconocer a un Gobierno surgido de las urnas?
En su afán de presionar por el retorno de la institucionalidad, Brasil, la Argentina (y, más tímidamente, hasta Estados Unidos) aseguraron que nunca reconocerían a tal Gobierno por su pecado de origen. Pero será difícil que lo cumplan más allá de lo gestual, ya que eso implicaría hacerle pagar al nuevo presidente (Porfirio Lobo o Elvin Santos, ambos poco convencidos de las virtudes de la continuidad democrática) las culpas de Micheletti, de los militares y de los empresarios que lo apoyaron, además de privar a la castigada Honduras de los créditos y paquetes de ayuda multinacional que permiten su subsistencia.
Faltan solamente cincuenta días para los comicios, previstos además para la fecha legalmente establecida con anterioridad al golpe (la asunción del nuevo Gobierno será el 27 de enero). El levantamiento del estado de sitio (atención, aún no publicado en el Boletín Oficial y por ende meramente declamado) quita otro argumento a quienes denuncian que el proceso electoral es ilegítimo y apuestan por aislar a Honduras en los próximos años.La aún apocada, errática diplomacia de la administración de Barack Obama se consoló ayer por el «tono positivo» de las gestiones de Insulza y Shannon, según palabras del portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly. «No quiero crear demasiadas expectativas, pero pienso que las reuniones fueron un poco más productivas» de lo que les parece a los observadores externos, explicó. Es imposible tener ya grandes expectativas, se le podría replicar. El reloj juega cada vez más a favor de Micheletti y los suyos.
(Publicada hoy en Ámbito Financiero).