La comunidad internacional, sobre todo la parte de ésta interesada en la crisis de Honduras (los principales países latinoamericanos y la administración de Barack Obama), tiene motivos de sobra para festejar el principio de acuerdo al parecer logrado ayer sobre la redemocratización de ese país. Pero hay que advertir que se trata de un festejo que tiene mucho de alivio, dado lo cerca que estuvieron los golpistas de sentar un nuevo y peligroso precedente para la región. Aunque, pensándolo bien, ¿no se habrán salido con la suya pese a todo?
Hasta el pasado 21 de setiembre, cuando el presidente constitucional, Manuel Zelaya, logró regresar de incógnito a su país para refugiarse en la Embajada de Brasil, el presidente de facto Roberto Micheletti marchaba raudo y confiado junto a los suyos al logro de su principal objetivo: organizar las elecciones del 29 de noviembre manteniendo fuera del juego al molesto aliado de Hugo Chávez. Esto, imaginaba, impondría al hemisferio una nueva realidad (un presidente surgido de las urnas) que sería imposible de ignorar para los países que amenazaban con poca convicción con dejar sine die a Honduras fuera del sistema interamericano.
Estados Unidos criticó agriamente dicho retorno, al que incluso calificó de «estúpido», y Luiz Inácio Lula da Silva enfrentó una tormenta política interna, cuyos vientos eran sembrados por adversarios empeñados en mostrarlo como un juguete en manos de Chávez.El paso del tiempo hace justicia con la diplomacia idealista de Obama y con esas críticas mezquinas: sin el revulsivo que supuso el regreso de Zelaya, y sin la postura decidida del brasileño y de otros presidentes, como Cristina de Kirchner, no habría hoy luz al final del túnel.
Pero volvamos al principio: ¿cuán feliz es el final que se insinúa? En principio, hay que rescatar que la presión internacional esté cerca de lograr que se reponga en el poder a un Presidente que, independientemente de los errores que efectivamente cometió, fue depuesto, secuestrado y deportado. Esa presión y este posible desenlace acallan las voces que, insólitamente, se empeñaban en calificar al Gobierno golpista como «interino» y a la propia asonada como una «transición constitucional». Según este revisionismo, el golpe contra Arturo Frondizi o el régimen de Juan María Bordaberry en Uruguay serían gemas de la sucesión democrática. De ese modo, ningún presidente latinoamericano podría irse a dormir cada noche sin soñar con Zelaya en pijama expatriado a Costa Rica.
De eso justamente se trataba esta pelea: evitar que el golpe denunciado de manera unánime por los países mencionados, por la OEA, la ONU y la Unión Europea, quedara legitimado como un modo válido de dirimir una disputa política.El resultado en ciernes es el mejor posible por muchas razones, entre ellas, la incapacidad política de Zelaya de liderar un levantamiento que le devolviera el Gobierno: los límites del apoyo popular a su figura y la represión, el cierre de medios de comunicación y el estado de sitio pudieron más.
Pero, de cualquier forma, hay que reconocer que, en buena medida, los conjurados se saldrán con la suya: lograron mantener fuera del poder casi cuatro meses a Zelaya, su restitución tendría fortísimas limitaciones, mantuvieron el calendario electoral que pondrá fin muy pronto a la experiencia populista y, más allá de lo que publicite como texto del acuerdo, escaparán a las sanciones judiciales que deberían corresponderles por sus actos.Puede interpretarse que la aventura golpista está por ser derrotada por la decidida presión internacional, reforzada esta vez (toda una novedad) por los Estados Unidos. También que quienes decidieron terminar por la fuerza con un Gobierno constitucional conseguirán buena parte de sus objetivos.

(Publicado en Ámbito Financiero).