La situación es particularmente delicada en un país que importa prácticamente la totalidad de los alimentos que consume, que ahora se harán más onerosos.
Como, en paralelo, Chávez ordena al Tesoro hacerse de u$s 7.000 millones de los u$s 35.000 millones de las reservas del Banco Central de Venezuela y, en tanto sagaz lector de diarios, manda crear un “Fondo Bicentenario” de u$s 1.000 millones para sustituir importaciones, la comparación con el caso argentino a muchos les resulta atractiva. Sobre todo a futuro, dadas las acechanzas políticas potencialmente fatales que enfrenta el chavismo, que enfrentará en septiembre una elección legislativa que podría mermar mucho el poder que ha conocido en otros tiempos. Si el presente de Venezuela es el futuro inmediato de la Argentina, muchos verían realizados sus sueños de librarse del kirchnerismo.
(Antes de proceder a diferenciar los casos venezolano y argentino, contextualizando lo que allí ocurre para eludir paralelos tan fáciles como engañosos, vale hacer una aclaración importante. A riesgo de desalentar a quien espere encontrar en este texto un argumento favorable a las acciones de los últimos días del gobierno nacional, diremos que las consideramos desacertadas en forma y en fondo, además de un nuevo ejemplo de la capacidad de esta administración de arruinar las coyunturas favorables que tanto
empeño pone en generar. Casi una “126”.
La decisión de tomar reservas para honrar todos los vencimientos de deuda pública de este año por u$s 6.569 millones generó un ruido tal que amenaza con revertir el logro oficial de haber puesto fin trabajosamente a la fuga de capitales de 2008 y 2009, con esterilizar en parte una recuperación económica que para este año se acercaba a un piso del 5%, que –insólitamente- sirve para poner en duda la capacidad del Estado de pagar la deuda y que hará mucho más difícil el retorno a los mercados voluntarios de crédito que el propio gobierno había fijado en su agenda.
Se le podrá echar la culpa a un presidente del Banco Central que ya estaba de salida e insólitamente se convierte en un personaje mediático, a un Julio Cobos al que nunca se termina de engrandecer, a la oposición, a los medios, a conspiradores de toda laya, a la restauración conservadora, pero lo que no se podrá dejar de admitir es que se trata de una crisis tan peligrosa como autoinfligida.
El problema no es jurídico sino político. Unos y otros tienen la mitad de la biblioteca a su favor, tanto sobre la cuestión de la orden de tomar las reservas vía DNU como sobre la remoción de Martín Redrado por el mismo camino. El problema es otro. El kircherismo contó con más de seis años, algunos de ellos con sólidas mayorías parlamentarias, para modificar una Carta Orgánica que establece la autonomía del Central y que es ley , por lo que, guste o no -recién ahora se descubre que no-, no puede ser modificada por decreto.
Además, el sentido común más llano indica que no se puede tomar reservas por decreto, por más que el fin de pagar con fondos que rinden un 1% con toda la furia para cancelar vencimientos que están colocados al 10% en dólares sea razonable. Pero el tema debería ser parte de un debate que debe darse en el Congreso. ¿Por qué no usar esas reservas para crear un banco de desarrollo al estilo del BNDES brasileño? ¿O para regenerar una red ferroviaria en lamentable estado a pesar de la enormidad de subsidios que se le han destinado en los últimos años? ¿O para constituir de una buena vez una petrolera nacional fuerte?
Haber hecho aprobar en noviembre en el Congreso saliente una ley de Presupuesto que establecía partidas para el pago de la deuda pública para, poco después, cuando comenzó el receso legislativo, emitir un DNU que establecía nuevos recursos para honrar esos mismos compromisos no se entiende. O, mejor dicho, no puede comprenderse sino como un intento de eludir la acción del Poder Legislativo. Para peor, el decreto sólo podría ser revisado desde el 1 de marzo, cuando comenzarán las sesiones ordinarias, pese a que estaba en manos de la Presidenta prolongar las sesiones ordinarias o llamar a extraordinarias.
No hay que minimizar ciertas formas. El kirchnerismo debe entender que generar una situación que, de hecho, supone la toma de reservas por decreto y sin posibilidad de revisión “inmediata” en el Congreso, como establece la Constitución, es peligroso. El criterio, lo reiteramos, es político, por más que jurídicamente haya argumentos para sostenerlo.
¿Y si ya no éste sino el próximo gobierno decide hacer lo mismo? ¿Y si la aplicación de esos fondos resulta eventualmente abusiva o ruinosa para el país? ¿Y si vacía el Banco Central con una medida de ese tipo? Para que no exista ese riesgo es que hay leyes, que no son meras formalidades. Leyes que, si no gustan, hay que cambiar, no eludir).
Pero continuemos con el paralelo con Venezuela. La devaluación se hizo allí inevitable dada la vigencia de una paridad fija de 2,15 bolívares por dólar en los cinco años anteriores. Años de fuerte inflación, 30% sólo en 2008 y 25% en 2009, sin ir más lejos. Entonces la situación se asemeja más a la de la Argentina del 1 a 1 que a la actual.
Aunque alta, la suba de precios en Argentina de los últimos años ha sido menor (el año pasado, según cálculos privados, 15%), y el tipo de cambio no es fijo sino administrado y ha sido manejado para acompañar, al menos parcialmente, la erosión que produce en alza de los precios. Todo, además, en un contexto de fuerte revaluación del real, el euro, el peso chileno y uruguayo, lo que permitió una mejora de competitividad de la moneda local en relación con las de los mercados con los que más comercia.
La toma de reservas por parte de Chávez es una decisión vieja, que no debe asimilarse al caso argentino. Es posible en virtud de una ley de julio de 2005, que estableció un nivel de reservas necesario para garantizar la base monetaria y que le permitió al gobierno hacer política social e intensas inversiones en infraestructura por más de u$s 40.000 millones. El tema es que en ese período el poder de Chávez no ha tenido contrapesos, con un Congreso monocolor, del que la oposición se ausentó por su decisión –mitad muestra de impotencia, mitad exhibición de vocación golpista- de no participar en los comicios, y con un Poder Judicial totalmente cautivo del poder político.
Gusto o no guste, no se puede asimilar a lo que pasa en Venezuela la existencia de fallos judiciales adversos al gobierno nacional, que son apelados pero son respetados, y, sobre todo, a una oposición mayoritaria en el Congreso que marca claramente el paso.
Al mal humor creciente en Venezuela coadyuva decisivamente una crisis energética sin paralelos en nuestro país, que revela muchas de las fragilidades del modelo chavista. Su prédica contra la mentalidad colonial de quienes lo precedieron no llevó a Chávez a modificar un sinsentido grave: que uno de los países petroleros más ricos del mundo destine ese recurso casi enteramente al mercado estadounidense (más del 90% de las divisas que entran al país son producto del comercio petrolero) mientras alimenta el 80% de su matriz energética con represas hidroeléctricas, famélicas hoy por una grave sequía. Pese a los discursos, de fomentar un desarrollo industrial usando la ventaja comparativa de una energía abundante y barata, capaz de diversificar de una buena vez la economía venezolana, poco y nada.
Ese dislate se traduce hoy en racionamiento de luz y agua, irritación popular, reducción de la actividad industrial, todo en el contexto de una recesión que, dada la situación, no hará más que agravarse.
Un escenario que muchos soñarían para la Argentina. Pero bien diferente y sin visos de cumplimiento.
Marcelo Falak 