Podría argumentarse que no impresiona demasiado el recorte promedio del 5% de los salarios de los empleados públicos españoles. Sobre todo en Argentina, donde la reducción en tiempos del último gobierno radical fue del 13%, alcanzó en igual medida a las jubilaciones y en el sector privado llegó al 35%. También, con razón, podría señalarse que los trabajadores españoles cuentan con niveles de protección muy superiores a los conocidos en estas tierras, lo que sin dudas es un colchón social clave en tiempos de vacas flacas.
Todo eso es cierto, pero hay que señalar al menos tres respuestas: 1) no se mide si los españoles sufren más o menos que lo que hemos sufrido aquí, sino analizar la situación prevaleciente en la Europa de hoy y, en todo caso, comparar la situación de los trabajadores españoles dentro de sus estándares habituales; 2) éste es sólo el comienzo de un ajuste que será extenso y conocerá capítulos peores; 3) tema de la argumentación que sigue, las medidas anunciadas hoy por José Luis Rodríguez Zapatero son la primera ficha de dominó en caer, mientras, perfectamente alineadas, todas las otras esperan su turno.
El ajuste, como se sabe, garantiza más recesión en España, aunque su gobierno y algunos analistas, risueños ellos, hayan destacado que el país salió de la recesión por haber crecido en el primer trimestre… ¡o,1%!
Esa recesión, con su secuela de caída de las ganancias de las empresas, y el desempleo base del que parte el país (20% general, 40/50% entre los jóvenes) serán las dos grandes correas de transmisión de un ajuste que, sin reparar en consideraciones de «seguridad jurídica», alcanzará más temprano que tarde a los empleados del sector privado, que verán caer sus ingresos en proporciones mucho mayores a las anunciadas hoy.
¿Por qué un empresario privado seguirá pagando salarios como los actuales si puede conseguir trabajadores de reserva por mucho menos? Más en un contexto de ganancias que se achican.