Cuando en Argentina y Chile regían leyes de amnistía, puntos finales, obediencias debidas e indultos, el juez Baltasar Garzón contribuyó como pocos a fijar la noción de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Amparado en la jurisdicción universal que la constitución española reconoce a sus magistrados para esa tarea, contó con el visto bueno de los tribunales superiores para procesar y condenar a represores que no se topaban con la justicia en sus verdaderos países. Uno de sus encausados fue nada menos que Augusto Pinochet.
Lo curioso es que, cuando Garzón se propuso hacer lo mismo con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la España franquista, el Tribunal Supremo esgrimió el argumento de que ignoró la Ley de Amnistía vigente. Ayer nomás confirmó que Garzón irá a juicio oral, dejando en veremos el exilio que, al menos, le ofrecía Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional.
¿Y la universalidad de los delitos mentados? ¿Y su imprescriptibilidad? Este tema está desde hace bastante bajo el foco de la atención pública y no se encuentra ninguna razón ni siquiera atendible para que la justicia (el Poder Judicial, mejor) de España actúe como lo hace, para peor a instancias… ¡de la Falange! Así, sólo cabe la conclusión obvia: con mentalidad colonialista, los aplica sólo en lo que desea que sea su patio trasero. Lamentable.
Otros, más suspicaces, sostienen que en realidad a Garzón le están pasando la factura por sus investigaciones de alto perfil, por su amor a los flashes, por haberse metido con gente verdaderamente poderosa. Por haber destapado, recientemente, un escándalo en el conservador Partido Popular.
¿Será así? Para mí que no. Esas cosas no pasan en los países serios.