Se viene el Mundial y Sudáfrica se pone de moda. Y, con ello, el uso interesado de los temas de política internacional para contrastar las realidades (positivas) de otros países con las (negativas) nuestras.
Ese ejercicio de política comparada prêt-à-porter es tentador, pero no conviene abusar de él, so pena de simplificar la realidad al extremo de la desfiguración.
Lo que algunos destacan en el caso sudafricano es la transición democrática que emprendió ese héroe maravilloso que es Nelson Mandela. Una transición que aclaró miles de crímenes de lesa humanidad del apartheid pero que, salvo en contadas situaciones, no derivó en condenas y que fue presentado como un exitoso proceso de reconciliación nacional. Proceso que, se supone, llevó a Sudáfrica de las cloacas del racismo a convertirse en “el país del arco iris” y que es retratado en boba película que es Invictus, que nos muestra a un Mandela ensimismado y dispuesto a perdonar a sus victimarios sin narrar ni mínimamente las condiciones históricas prevalecientes en ese momento. Aquí, en cambio, prima la venganza, nos dicen (o sugieren).
Para empezar, las amnistías no las decide un líder político por sí mismo, basado en sus ganas de perdonar y de imponerle ese perdón a otros, tan víctimas como él. Son producto, en cambio, de procesos históricos que invariablemente están cruzados por la amenaza de una grave violencia social. Lo que se intenta al imponerlas es evitar una nueva cadena de venganzas entre grupos armados. Su espectro omnipresente es el de la guerra civil y su sustrato, el empate en la amenaza de violencia entre grupos organizados.
Ése fue el caso de Sudáfrica. Agobiado por la presión local e internacional, y por el temor creciente a una guerra civil que arrasara con el poder blanco, el Partido Nacional liberó a Mandela tras 27 años de cautiverio y puso fin al régimen segregacionista que rigió formalmente entre 1948 y 1994. Pero el proceso fue negociado. El régimen supremacista blanco nunca dejó de controlar el aparato de represión, a la vez que el Congreso Nacional Africano (ANC) era más fuerte que nunca en las calles.
Ambos grupos, más otros, como los zulúes del Partido de la Libertad Inkatha, estaban fuertemente organizados y armados. Los choques desde principios de la década del 90 entre el ANC e Inkatha, una escisión del primero, eran brutales y ya habían dejado centenares de muertos.
No sorprende entonces que el mecanismo acordado e impuesto por Mandela haya sido el establecimiento en 1995, en el primer tramo de su mandato, de una Comisión de Verdad y Reconciliación, que dio a las víctimas la chance de denunciar los abusos que habían sufrido y a los victimarios la de confesar sus delitos con detalles y pedir perdón.
Pasaron por la CVR, presidida por el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, unas veinte mil víctimas y unos siete mil represores, quienes, a cambio de información y muestras públicas de arrepentimiento, pudieron acogerse a una amnistía que cubrió delitos cometidos entre 1960 y 1994, extinguiendo posibles consecuencias penales y civiles. Otros, pocos, no aceptaron el esquema y fueron condenados a penas de prisión.
Ésta es la especificidad del caso de Sudáfrica, y el modo que encontró de lidiar con su pasado sin implosionar como país tuvo que ver con el mencionado empate en la disposición de la fuerza. No hubo allí, literalmente, vencedores ni vencidos.
Pero hay más para decir, y justamente tiene que ver con el carácter pactado de la salida del apartheid, que impidió que el avance de la igualdad política y jurídica entre razas encontrara un correlato mínimamente equivalente en lo socioeconómico. El sistema político y legal se reformó para bien, pero los poderosos siguieron siendo los mismos.
El liderazgo de Mandela y sus aliados y sucesores del ANC se encontró con la dificultad de, además de lidiar con el pasado sangriento y el racismo institucionalizado, atenuar sus efectos sociales. Si la gestión de “Madiba” fue básicamente política y volcada a la transición, su sucesor, Thabo Mbeki (1999-2008), emprendió una ofensiva liberalizadora en el campo económico que quedó lejos de resolver las antiguas contradicciones.
Hoy, pese al cuento rosa que narran Invictus y los defensores de la reconciliación (que nunca recuerdan los requisitos de confesión y arrepentimiento), Sudáfrica, con una población algo mayor que la argentina (50 millones) y un PBI algo menor (u$s 285.000 millones) sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. La riqueza sigue concentrada en manos del 10% blanco de la población, el acceso de los negros a las universidades sigue siendo una rareza y cada comunidad continúa viviendo en su gueto. El clima social es más de indiferencia mutua que de reconciliación, y más de gravísimo auge del delito que de concordia nacional.
Según todas las mediciones, la pobreza sigue alcanzando a cerca del 50% de la población, y es un fenómeno básicamente limitado a los negros. Ha surgido una pequeña clase media negra, pero su progresión es muy lenta. El sida alcanza al 12% de la gente y el desempleo, otro problema ausente entre los blancos, afecta a uno de cada cuatro habitantes. La alfabetización entre la población negra sigue aún lejos del ciento por ciento deseado.
Claro que en el período que tratamos muchos otros países no han podido mejorar los niveles de equidad social, por caso el nuestro, sin que hayan debido lidiar con los graves problemas que enfrentó Sudáfrica. No es ésta una crítica a su dirigencia, simplemente porque semejante atrevimiento nos excede por la complejidad de la realidad.
De lo que se trató es de evaluar las especificidades de cada país para lidiar con sus miserias y violencias, y de señalar los límites de toda transición democrática pactada. Acaso el perdón y la reconciliación hayan tenido como contratara la aceptación de un statu quo que se quiso y se logró salvar.
Ese ejercicio de política comparada prêt-à-porter es tentador, pero no conviene abusar de él, so pena de simplificar la realidad al extremo de la desfiguración.
Lo que algunos destacan en el caso sudafricano es la transición democrática que emprendió ese héroe maravilloso que es Nelson Mandela. Una transición que aclaró miles de crímenes de lesa humanidad del apartheid pero que, salvo en contadas situaciones, no derivó en condenas y que fue presentado como un exitoso proceso de reconciliación nacional. Proceso que, se supone, llevó a Sudáfrica de las cloacas del racismo a convertirse en “el país del arco iris” y que es retratado en boba película que es Invictus, que nos muestra a un Mandela ensimismado y dispuesto a perdonar a sus victimarios sin narrar ni mínimamente las condiciones históricas prevalecientes en ese momento. Aquí, en cambio, prima la venganza, nos dicen (o sugieren).
Para empezar, las amnistías no las decide un líder político por sí mismo, basado en sus ganas de perdonar y de imponerle ese perdón a otros, tan víctimas como él. Son producto, en cambio, de procesos históricos que invariablemente están cruzados por la amenaza de una grave violencia social. Lo que se intenta al imponerlas es evitar una nueva cadena de venganzas entre grupos armados. Su espectro omnipresente es el de la guerra civil y su sustrato, el empate en la amenaza de violencia entre grupos organizados.
Ése fue el caso de Sudáfrica. Agobiado por la presión local e internacional, y por el temor creciente a una guerra civil que arrasara con el poder blanco, el Partido Nacional liberó a Mandela tras 27 años de cautiverio y puso fin al régimen segregacionista que rigió formalmente entre 1948 y 1994. Pero el proceso fue negociado. El régimen supremacista blanco nunca dejó de controlar el aparato de represión, a la vez que el Congreso Nacional Africano (ANC) era más fuerte que nunca en las calles.
Ambos grupos, más otros, como los zulúes del Partido de la Libertad Inkatha, estaban fuertemente organizados y armados. Los choques desde principios de la década del 90 entre el ANC e Inkatha, una escisión del primero, eran brutales y ya habían dejado centenares de muertos.
No sorprende entonces que el mecanismo acordado e impuesto por Mandela haya sido el establecimiento en 1995, en el primer tramo de su mandato, de una Comisión de Verdad y Reconciliación, que dio a las víctimas la chance de denunciar los abusos que habían sufrido y a los victimarios la de confesar sus delitos con detalles y pedir perdón.
Pasaron por la CVR, presidida por el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, unas veinte mil víctimas y unos siete mil represores, quienes, a cambio de información y muestras públicas de arrepentimiento, pudieron acogerse a una amnistía que cubrió delitos cometidos entre 1960 y 1994, extinguiendo posibles consecuencias penales y civiles. Otros, pocos, no aceptaron el esquema y fueron condenados a penas de prisión.
Ésta es la especificidad del caso de Sudáfrica, y el modo que encontró de lidiar con su pasado sin implosionar como país tuvo que ver con el mencionado empate en la disposición de la fuerza. No hubo allí, literalmente, vencedores ni vencidos.
Pero hay más para decir, y justamente tiene que ver con el carácter pactado de la salida del apartheid, que impidió que el avance de la igualdad política y jurídica entre razas encontrara un correlato mínimamente equivalente en lo socioeconómico. El sistema político y legal se reformó para bien, pero los poderosos siguieron siendo los mismos.
El liderazgo de Mandela y sus aliados y sucesores del ANC se encontró con la dificultad de, además de lidiar con el pasado sangriento y el racismo institucionalizado, atenuar sus efectos sociales. Si la gestión de “Madiba” fue básicamente política y volcada a la transición, su sucesor, Thabo Mbeki (1999-2008), emprendió una ofensiva liberalizadora en el campo económico que quedó lejos de resolver las antiguas contradicciones.
Hoy, pese al cuento rosa que narran Invictus y los defensores de la reconciliación (que nunca recuerdan los requisitos de confesión y arrepentimiento), Sudáfrica, con una población algo mayor que la argentina (50 millones) y un PBI algo menor (u$s 285.000 millones) sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. La riqueza sigue concentrada en manos del 10% blanco de la población, el acceso de los negros a las universidades sigue siendo una rareza y cada comunidad continúa viviendo en su gueto. El clima social es más de indiferencia mutua que de reconciliación, y más de gravísimo auge del delito que de concordia nacional.
Según todas las mediciones, la pobreza sigue alcanzando a cerca del 50% de la población, y es un fenómeno básicamente limitado a los negros. Ha surgido una pequeña clase media negra, pero su progresión es muy lenta. El sida alcanza al 12% de la gente y el desempleo, otro problema ausente entre los blancos, afecta a uno de cada cuatro habitantes. La alfabetización entre la población negra sigue aún lejos del ciento por ciento deseado.
Claro que en el período que tratamos muchos otros países no han podido mejorar los niveles de equidad social, por caso el nuestro, sin que hayan debido lidiar con los graves problemas que enfrentó Sudáfrica. No es ésta una crítica a su dirigencia, simplemente porque semejante atrevimiento nos excede por la complejidad de la realidad.
De lo que se trató es de evaluar las especificidades de cada país para lidiar con sus miserias y violencias, y de señalar los límites de toda transición democrática pactada. Acaso el perdón y la reconciliación hayan tenido como contratara la aceptación de un statu quo que se quiso y se logró salvar.
Marcelo Falak 