El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había establecido un ultimátum: patrones y sindicatos debían llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral antes del próximo miércoles 16; de lo contrario, el gobierno anunciará el proyecto que ya tiene redactado.
Con la cancha desnivelada por el propio gobierno socialista, los empresarios se atrincheraron en sus posiciones de máxima y el acuerdo se hizo imposible. Más cuando el paro y movilización de de estatales del martes último no tuvo el impacto esperado, sobre todo por las falencias en la huelga del transporte.
La única opción de la Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) y Comisiones Obreras (CC.OO., de origen comunista) es un paro general, para el que sólo falta fecha.
Así las cosas, Rodríguez Zapatero acaba de prometer desde Roma una reforma del mercado de trabajo “sustancial, no para seis u ocho años”. A esta hora, el mercado financiero festeja.
Y vaya que lo será, tanto que coincide en cuerpo y alma con la sugerida por el FMI. Tres puntos han trascendido hasta el momento:

  • El gobierno se hará cargo de 8 de los 33 días de indemnización anual correspondientes a los contratos de promoción del empleo juvenil.
  • Se extenderá este tipo de contratos a otras categorías sociales, de difícil inserción, como los mayores de 45 años, en detrimento de los contratos fijos, que fijan una indemnización de 45 días por año trabajado (con un tope de 42 mensualidades).
  • El despido justificado por razones empresarias, con una indemnización de 20 días por año trabajado, dejará de estar sujeto a las fuertes condiciones judiciales vigentes hoy, de modo de facilitar los encuadramientos futuros.

El gobierno dice que al pagar 8 días de las futuras indemnizaciones los trabajadores no se ven afectados, por cuanto siguen cobrando la misma cifra. Sin embargo, el objetivo de la propuesta es que el subsidio estatal para la dimisión de trabajadores aumente los despidos y acelere el proceso de reemplazo de trabajadores viejos por nuevos, necesariamente más baratos. Insistimos: el Estado subsidiará esa transición en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Ése es, justamente, el espíritu de toda la reforma: abaratar el despido de los empleados actuales y facilitar la incorporación de nuevos en condiciones de menores costos y mayor flexibilidad.
Como hemos dicho en otras ocasiones, la gran correa de transmisión de este proceso será el desempleo de casi el 20%, que se eleva al 40% entre los jóvenes. Con estas facilidades, ¿cuántos empresarios resistirán la tentación de recontratar más barata la mano de obra que hoy pagan más cara?
En el Estado, esta estrategia se da la mano con la reducción promedio de los salarios de un 5%, cifra que no impresiona en la Argentina, donde en la crisis de 2001 el ajuste fue del 13% para empleados públicos y jubilados y de más del 30% en no pocas empresas privadas. Todo apunta a incentivar o despido o, donde no se lo puede hacer, desincentivar la permanencia de los trabajadores en sus puestos.
¿Y el círculo vicioso ajuste-recesión-caída de ingresos fiscales-más ajuste? Insistimos, no es un subproducto indeseado de una visión ideológica caprichosa sino el objetivo mismo de las reformas. España (como Grecia y otros países) deben abaratarse un 20/30% no sólo frente al mundo no europeo sino, especialmente, ante Alemania, la economía más poderosa de la eurozona. A falta de una moneda propia que devaluar, y de un proceso inflacionario en Alemania, ésa será la magnitud del abaratamiento de los precios internos, sobre todo los salarios, lo que se logrará vía recesión.
El proceso será largo y dramático, y en el camino quedará buena parte del Estado social español.
Cuando se despierten de la pesadilla, ésa será entonces la magnitud del empobrecimiento de los trabajadores españoles.