Era esperable que, tras la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo, el reclamo por la despenalización del aborto subiera con fuerza en la lista de reclamos sociales. Pero el entusiasmo de la militancia concernida con esa reivindicación chocó rápidamente con datos de la realidad de inconveniente soslayo: la inconveniencia para el kirchnerismo de confrontar otra vez con la Iglesia sin dejar tiempo siquiera para una breve tregua, la existencia en el país de una campaña electoral formalmente en ciernes pero desatada en los hechos desde hace rato y, dato no menor, la oposición de conciencia de la propia presidenta Cristina Kirchner.
Esa puja de intereses se coló con estridencia en el Ministerio de Salud con la difusión de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, inicialmente referida a la resolución 1184 del 12 de julio, pero que nunca fue rubricada por el ministro Juan Manzur, según él mismo aseguró. Más temprano que tarde rodarán cabezas en esa repartición por la llamativa e inconveniente desinteligencia.
De cualquier forma, con o sin rango de resolución, las recomendaciones guía oficial siguen por ahora en pie. La pregunta es si se realmente se pondrán en práctica para, como temen los grupos provida, abrir una ventana para la aplicación de facto del aborto libre. Brasil, sobre todo desde 2005, recorrió un camino llamativamente paralelo, cuyo repaso permite entrever si aquel será el resultado final del proceso o si la tan mentada Guía terminará convertida en papel mojado.
El punto más sensible de esta es el que reconoce la violación como causal de un aborto no punible, algo que consta en la ley, pero que, por la supuesta falta de una coma en el texto objetan algunos juristas que, no curiosamente, son antiabortistas. Para más, deja en manos de los médicos la decisión de practicar la interrupción de un embarazo contra la mera declaración de una mujer mayor de 14 años de que ha sido violada, sin necesidad de esperar una resolución judicial.
Es cierto que los lentos trámites judiciales que rodean los reclamos de aborto en casos de violación más de una vez han enredado dramáticamente la vida de menores indefensas. Pero también lo es que su eliminación abre la puerta a una flexibilización de facto del aborto. ¿Cómo podría un simple médico discernir la verdad o la falsedad de la alegación de una violación?
Siguiendo la idea de Luiz Inácio Lula da Silva de que el aborto debe ser tratado como un tema de salud pública y no como uno religioso o moral, el Ministerio de Salud de Brasil emitió en 2005 la Norma Técnica para la Atención Humanizada del Aborto. Según ella, los hospitales públicos, y sus médicos, tienen obligación de practicar la interrupción de embarazos en los casos autorizados por la ley: cuando la vida de la madre corre peligro, en caso de incesto o de violación. En este último, la Norma Técnica establece que basta con una declaración jurada de la mujer para considerar probado médicamente el supuesto de violación y se deja de lado cualquier intervención judicial. Igual que ahora en Argentina.
Las iglesias católica y evangélicas, estas últimas más poderosas cada día que pasa, pusieron el grito en el cielo, argumentando que se abría una puerta paralegal para la despenalización total del aborto. ¿Qué pasó en la realidad?
Telia Negrão, secretaria ejecutiva de la Red Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, dijo a Ámbito Financiero desde Porto Alegre que, más allá de las intenciones oficiales, muchas veces no basta con la mera palabra de la mujer que pretende abortar.
“En la práctica, en varios lugares en Brasil, muchos profesionales de salud temen ser castigados judicialmente y obligan a las mujeres a presentar una denuncia policial”, explica.
Los mismos reparos son interpuestos por muchos hospitales, muchas veces bajo presión política y religiosa, lo que reduce drásticamente la cantidad de centros de salud efectivamente disponibles.
Con todo, Negrão rescata que “los efectos prácticos de la Norma fueran muy importantes, porque llevó a que las violaciones y los embarazos forzados sean tratados como un problema de salud publica, quitándole la visión de crimen o cuestión policial o de seguridad”.
“Otro aspecto positivo –añade- es que, siendo una norma técnica, pasa a tener fondos propios, o sea, el Ministerio de la Salud promueve la capacitación del personal de salud, ofrece las medicinas y paga por los procedimientos. Ha acortado el camino de las mujeres para ejercer su derecho”.
“Entre 2004 y 2009, el número de legrados realizados por el Sistema Único de Salud ha caído 241.000 a 183.000 por año”, continúa. Estos números deben ser comparados con el de los abortos totales, que se calculan en 1,4 millón cada año, “en su gran mayoría inseguros y clandestinos”, remata.
Esto se traduce, según datos del Ministerio de Salud de Brasil, en que se producen aproximadamente 220.000 internaciones anuales por complicaciones derivadas de legrados clandestinos. De acuerdo con Negrão, “el aborto es una de las cinco principales causas de mortalidad materna, ya que mueren cerca de 1.800 mujeres cada año”. Conclusión: el Estado brasileño abrió parcialmente el abanico para la realización de abortos legales, pero eso dista de haberlo legalizado de hecho a partir de falsas declaraciones juradas de violación, tal como se teme hoy en nuestro país.
Lula da Silva, ya lo dijimos, se ha declarado pública y reiteradamente “pro-choice”, pero, como en tantos asuntos, se quedó un paso atrás de asumir la tirria política que implicaría impulsar una reforma de semejante calado.
Así, cuando parecía que este era el año del tratamiento legislativo de la despenalización del aborto, los grupos feministas sufrieron una gran decepción. En su proyecto de ley llamado Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos, el oficialismo incluyó por primera vez los derechos sexuales y reproductivos femeninos. Bastó que referentes de la Iglesia Católica se refirieran al Presidente como “Herodes”, el rey de Judea que ordenó el asesinato de todos los bebés en el tiempo en que nació Jesús, para que la osadía fuera rápidamente borrada del texto.
Es que este es un año electoral. Así, el tema, que amagó en un comienzo de la campaña con ser uno de sus ejes, poco a poco fue saliendo de la agenda. Algo que no sorprende si se tiene en cuenta que según una encuesta de Sensus de enero último, el 73,5% de los brasileños se manifiesta en contra de la interrupción libre de los embarazos. ¿Quién querría librar hoy esa batalla?
«Abortar no es fácil para ninguna mujer. Dudo que alguna se sienta cómoda haciéndose un aborto. Sin embargo, esa no puede ser una razón para que no sea legal», dijo en su momento la candidata presidencial oficialista Dilma Rousseff. “El aborto es una cuestión de salud pública”, agregó en línea con Lula.
Mientras, su rival socialdemócrata (conservador) José Serra, se sacó el tema de encima al señalar que “no estoy a favor del aborto, como gobierno no voy a tomar esa iniciativa. Eso es algo que puede hacer cualquier diputado”. Lo curioso es que, como ministro de Salud de Fernando Henrique Cardoso, fue el pionero de la idea de que los médicos atendieran los pedidos de aborto sin necesidad de orden judicial, que terminó de ser redondeada, como dijimos, hace cinco años.
Desde entonces, ambos hicieron silencio. Claro, Brasil está en campaña electoral. Argentina también.
Esa puja de intereses se coló con estridencia en el Ministerio de Salud con la difusión de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, inicialmente referida a la resolución 1184 del 12 de julio, pero que nunca fue rubricada por el ministro Juan Manzur, según él mismo aseguró. Más temprano que tarde rodarán cabezas en esa repartición por la llamativa e inconveniente desinteligencia.
De cualquier forma, con o sin rango de resolución, las recomendaciones guía oficial siguen por ahora en pie. La pregunta es si se realmente se pondrán en práctica para, como temen los grupos provida, abrir una ventana para la aplicación de facto del aborto libre. Brasil, sobre todo desde 2005, recorrió un camino llamativamente paralelo, cuyo repaso permite entrever si aquel será el resultado final del proceso o si la tan mentada Guía terminará convertida en papel mojado.
El punto más sensible de esta es el que reconoce la violación como causal de un aborto no punible, algo que consta en la ley, pero que, por la supuesta falta de una coma en el texto objetan algunos juristas que, no curiosamente, son antiabortistas. Para más, deja en manos de los médicos la decisión de practicar la interrupción de un embarazo contra la mera declaración de una mujer mayor de 14 años de que ha sido violada, sin necesidad de esperar una resolución judicial.
Es cierto que los lentos trámites judiciales que rodean los reclamos de aborto en casos de violación más de una vez han enredado dramáticamente la vida de menores indefensas. Pero también lo es que su eliminación abre la puerta a una flexibilización de facto del aborto. ¿Cómo podría un simple médico discernir la verdad o la falsedad de la alegación de una violación?
Siguiendo la idea de Luiz Inácio Lula da Silva de que el aborto debe ser tratado como un tema de salud pública y no como uno religioso o moral, el Ministerio de Salud de Brasil emitió en 2005 la Norma Técnica para la Atención Humanizada del Aborto. Según ella, los hospitales públicos, y sus médicos, tienen obligación de practicar la interrupción de embarazos en los casos autorizados por la ley: cuando la vida de la madre corre peligro, en caso de incesto o de violación. En este último, la Norma Técnica establece que basta con una declaración jurada de la mujer para considerar probado médicamente el supuesto de violación y se deja de lado cualquier intervención judicial. Igual que ahora en Argentina.
Las iglesias católica y evangélicas, estas últimas más poderosas cada día que pasa, pusieron el grito en el cielo, argumentando que se abría una puerta paralegal para la despenalización total del aborto. ¿Qué pasó en la realidad?
Telia Negrão, secretaria ejecutiva de la Red Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, dijo a Ámbito Financiero desde Porto Alegre que, más allá de las intenciones oficiales, muchas veces no basta con la mera palabra de la mujer que pretende abortar.
“En la práctica, en varios lugares en Brasil, muchos profesionales de salud temen ser castigados judicialmente y obligan a las mujeres a presentar una denuncia policial”, explica.
Los mismos reparos son interpuestos por muchos hospitales, muchas veces bajo presión política y religiosa, lo que reduce drásticamente la cantidad de centros de salud efectivamente disponibles.
Con todo, Negrão rescata que “los efectos prácticos de la Norma fueran muy importantes, porque llevó a que las violaciones y los embarazos forzados sean tratados como un problema de salud publica, quitándole la visión de crimen o cuestión policial o de seguridad”.
“Otro aspecto positivo –añade- es que, siendo una norma técnica, pasa a tener fondos propios, o sea, el Ministerio de la Salud promueve la capacitación del personal de salud, ofrece las medicinas y paga por los procedimientos. Ha acortado el camino de las mujeres para ejercer su derecho”.
“Entre 2004 y 2009, el número de legrados realizados por el Sistema Único de Salud ha caído 241.000 a 183.000 por año”, continúa. Estos números deben ser comparados con el de los abortos totales, que se calculan en 1,4 millón cada año, “en su gran mayoría inseguros y clandestinos”, remata.
Esto se traduce, según datos del Ministerio de Salud de Brasil, en que se producen aproximadamente 220.000 internaciones anuales por complicaciones derivadas de legrados clandestinos. De acuerdo con Negrão, “el aborto es una de las cinco principales causas de mortalidad materna, ya que mueren cerca de 1.800 mujeres cada año”. Conclusión: el Estado brasileño abrió parcialmente el abanico para la realización de abortos legales, pero eso dista de haberlo legalizado de hecho a partir de falsas declaraciones juradas de violación, tal como se teme hoy en nuestro país.
Lula da Silva, ya lo dijimos, se ha declarado pública y reiteradamente “pro-choice”, pero, como en tantos asuntos, se quedó un paso atrás de asumir la tirria política que implicaría impulsar una reforma de semejante calado.
Así, cuando parecía que este era el año del tratamiento legislativo de la despenalización del aborto, los grupos feministas sufrieron una gran decepción. En su proyecto de ley llamado Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos, el oficialismo incluyó por primera vez los derechos sexuales y reproductivos femeninos. Bastó que referentes de la Iglesia Católica se refirieran al Presidente como “Herodes”, el rey de Judea que ordenó el asesinato de todos los bebés en el tiempo en que nació Jesús, para que la osadía fuera rápidamente borrada del texto.
Es que este es un año electoral. Así, el tema, que amagó en un comienzo de la campaña con ser uno de sus ejes, poco a poco fue saliendo de la agenda. Algo que no sorprende si se tiene en cuenta que según una encuesta de Sensus de enero último, el 73,5% de los brasileños se manifiesta en contra de la interrupción libre de los embarazos. ¿Quién querría librar hoy esa batalla?
«Abortar no es fácil para ninguna mujer. Dudo que alguna se sienta cómoda haciéndose un aborto. Sin embargo, esa no puede ser una razón para que no sea legal», dijo en su momento la candidata presidencial oficialista Dilma Rousseff. “El aborto es una cuestión de salud pública”, agregó en línea con Lula.
Mientras, su rival socialdemócrata (conservador) José Serra, se sacó el tema de encima al señalar que “no estoy a favor del aborto, como gobierno no voy a tomar esa iniciativa. Eso es algo que puede hacer cualquier diputado”. Lo curioso es que, como ministro de Salud de Fernando Henrique Cardoso, fue el pionero de la idea de que los médicos atendieran los pedidos de aborto sin necesidad de orden judicial, que terminó de ser redondeada, como dijimos, hace cinco años.
Desde entonces, ambos hicieron silencio. Claro, Brasil está en campaña electoral. Argentina también.
(Nota publicada en Ámbito Financiero).
Marcelo Falak 