Plegarse a una postura política por el mero hecho de que ésta confronta con otra, que uno rechaza, no suele dar buenos resultados. El enfrentamiento entre Hugo Chávez y Estados Unidos incluye muchas veces críticas al “imperio” que responden a la simple aplicación del sentido común, pero esto no convierte automáticamente al venezolano en un demócrata.
Chávez puede, ciertamente, esgrimir el haber sido legitimado en las urnas muchas, muchas más veces que cualquier otro líder regional. E incluso cuando perdió, en el referendo constitucional de diciembre de 2007, lo hizo por un margen exiguo (un punto) que dejó en claro la fortaleza de su apoyo entre la población. Así, hablar de “dictadura” es un exceso difícil de justificar.
Pero la realidad tiene matices, que surgen nítidamente de la relación actual entre el gobierno venezolano y la prensa, uno de cuyos aspectos más objetables acaba de emerger con la notificación judicial al diario El Nacional de la prohibición de publicar imágenes o noticias que den cuenta de la violencia delictiva en el país so pena de fuertes multas. Algo demasiado parecido a la censura.
No puede obviarse que la prensa privada venezolana, tanto gráfica como televisiva y radial, ha tenido en buena medida una posición vergonzosa durante el golpe de 2002 que sacó brevemente del poder al bolivariano. La cobertura fue sesgada e insuficiente, ocultó hechos de sangre cometidos por militares golpistas y militantes opositores, incitó a la población desembozadamente y jugó decididamente a favor de la asonada.
La represalia tardó en llegar y, en principio, tuvo, hay que decirlo, un sesgo legal. La decisión oficial de no renovar la licencia de una de las principales emisoras privadas de televisión, RCTV, en mayo de 2007 fue paradigmática en ese sentido.
Lo que hay que preguntarse, con todo, es qué voz reemplazó la de ese medio. Su salida del aire en la TV abierta no dio lugar a una mayor democratización de la palabra sino a su reemplazo por un nuevo canal estatal.
Más objetable resultó el intento de imponer el año pasado una Ley Especial de Delitos Mediáticos, que establecía penas de seis meses a cuatro años de prisión a los periodistas que divulgaran noticias que atenten contra «la estabilidad de las instituciones del Estado», «la paz social, la seguridad e independencia de la nación», la «salud mental o moral pública» y el «orden público», o que «generen sensación de impunidad o de inseguridad» entre la población. Rápidamente la iniciativa recibió el mote de “ley mordaza” y la falta de apoyo de la propia bancada oficialista de la Asamblea Nacional obligó a Chávez a archivar la iniciativa.
Contra las opiniones rápidas de los exaltados, el hecho de que el parlamento, aun cuando tenía una clara hegemonía oficialista, haya bloqueado la medida da cuenta de la persistencia de contrapesos institucionales que impide hablar de “dictadura”.
No es posible tolerar un exceso semejante pero, al mismo tiempo, condenar a Silvio Berlusconi por haber impuesto su propia “ley mordaza”, que sanciona con multas y cárcel a los periodistas y editores que publiquen escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia.
El tema en Venezuela pasa ahora por la intimación a El Nacional, cuyas virtudes o defectos no vienen a cuento en este punto. Sin perjuicio de lo dicho más arriba, resulta llamativo e impropio de una democracia plena que se impida la publicación de «imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos». La justificación esgrimida pasa por la aplicación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que veda la publicación de contenidos que «vulneren la integridad psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes”.
El Nacional publicó hace el viernes una foto de la morgue de Caracas tomada en diciembre de 2009, en la que se ilustra el auge del delito que conmueve a esa ciudad (una de las más violentas de América antes de Chávez y durante su mandato) con una pila de cadáveres desnudos y cubiertos de sangre. La misma fue reproducida por otros medios. Todos se arriesgan ahora a pagar una multa del 2% de sus ingresos brutos y sufrir acciones penales.
La inseguridad se ha cobrado más de cinco mil vidas en lo que va del año en Venezuela, pero para la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, la publicación de la foto en la tapa del periódico pone de manifiesto el uso de «imágenes amarillistas y de contenido no apto para la niñez» debido al “bajísimo tiraje que tiene”. Además aludió a que la imagen distorsiona la realidad ya que a la morgue no sólo llegan cuerpos de víctimas del delito sino también de personas que sufren accidentes fatales y se suicidan.
La impresión de quien escribe esto es que debe rechazarse la tergiversación de la información en que incurren muchos medios por intereses políticos o corporativos, pero que los medios a utilizarse para contener los excesos deben ser extremadamente medidos para no comprometer la libertad de expresión. Nade debe rozar la censura. Y hablar de “moral” y “orden público”, o de “integridad psíquica” de los niños es más propio de dictaduras de derecha que de gobiernos que se presentan como democráticos y transformadores.
La relación entre Chávez y los medios de comunicación privados tiene tantos puntos objetables que debería hacer pensar a más de uno sobre la conveniencia de asimilar la situación de la libertad de expresión en Venezuela con lo que ocurre hoy en la Argentina, donde su vigencia es total. El mero enfrentamiento entre un gobierno y medios de comunicación privados poderosos no alcanza para asimilar ambos casos, por lo que ignorar esas diferencias le hace un flaco favor a nuestro país.