La reconciliación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela tras la asunción de Juan Manuel Santos nos parecía de corto alcance en la medida en que no incluyera mecanismos específicos y validados internacionalmente de monitoreo fronterizo para evitar sospechas cruzadas por las habituales incursiones de las FARC. El primer desafío para ambos presidentes ya llegó, con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de bloquear el acuerdo entre Bogotá y Washington por el cual tropas estadounidenses pueden utilizar siete bases en territorio del país sudamericano.
El fallo, tomado por seis votos contra tres, indica que no es válida la postura esgrimida en su momento por Álvaro Uribe, que el entendimiento constituye un tratado binacional y no una mera extensión de acuerdos precedentes y que, por lo tanto, debe ser sometido al Congreso.
La presencia norteamericana en bases de Colombia es el eje de los temores del chavismo, que la considera la implantación de una cabecera de playa para una eventual invasión. Pero su bloqueo judicial no supone, como podría pensarse, un alivio para la relación bilateral. Es que Santos cuenta con una holgada mayoría de tres cuartos en las dos cámaras del Congreso, lo que asegura que el trámite exigido por la Corte será cumplido, más allá de las polémicas que pueda generar. Pero eso obligará a Santos a ratificar una postura irritante para Venezuela y a militar por la aprobación de la alianza con Estados Unidos. La reacción de Hugo Chávez podría estar a la vuelta de la esquina.
Harían bien los gobiernos de la región, con Brasil y Argentina a la cabeza, y la propia Unasur en estar muy atentos a la nueva situación. Una vez más, todo indica que la exitosa mediación de Néstor Kirchner, secretario general del nuevo bloque regional, no puede darse por concluida y, al contrario, tendrá que insistir en la aplicación de las mencionadas medidas de verificación con garantía internacional.
El fallo, tomado por seis votos contra tres, indica que no es válida la postura esgrimida en su momento por Álvaro Uribe, que el entendimiento constituye un tratado binacional y no una mera extensión de acuerdos precedentes y que, por lo tanto, debe ser sometido al Congreso.
La presencia norteamericana en bases de Colombia es el eje de los temores del chavismo, que la considera la implantación de una cabecera de playa para una eventual invasión. Pero su bloqueo judicial no supone, como podría pensarse, un alivio para la relación bilateral. Es que Santos cuenta con una holgada mayoría de tres cuartos en las dos cámaras del Congreso, lo que asegura que el trámite exigido por la Corte será cumplido, más allá de las polémicas que pueda generar. Pero eso obligará a Santos a ratificar una postura irritante para Venezuela y a militar por la aprobación de la alianza con Estados Unidos. La reacción de Hugo Chávez podría estar a la vuelta de la esquina.
Harían bien los gobiernos de la región, con Brasil y Argentina a la cabeza, y la propia Unasur en estar muy atentos a la nueva situación. Una vez más, todo indica que la exitosa mediación de Néstor Kirchner, secretario general del nuevo bloque regional, no puede darse por concluida y, al contrario, tendrá que insistir en la aplicación de las mencionadas medidas de verificación con garantía internacional.
(Gráfico de la agencia AFP)

