Chávez y la prensa: posdata

La Justicia venezolana notificó al diario El Nacional la prohibición de publicar imágenes o noticias particularmente crudas sobre el auge de la violencia delictiva en el país, y amenazó a ese medio y a otros con fuertes multas y procesos penales. La noticia, conocida el martes, provocó ayer un clamor generalizado de los medios privados por lo que entienden como un nuevo intento de censura.
Bajo presión, el diario mencionado acató el fallo, pero no se privó de dejar en su edición de ayer espacios en blanco con la palabra «censurado» cruzada en grandes letras rojas, lo que ilustra las crecientes dificultades que enfrenta la libertad de expresión bajo el Gobierno de Hugo Chávez.
El escándalo se remonta al viernes, cuando El Nacional publicó en tapa una gran fotografía tomada en diciembre de 2009 en la morgue de Caracas, en la que se observa una pila de cadáveres desnudos y cubiertos de sangre.
El diario indicó que la imagen, verdaderamente truculenta y reproducida luego por otros diarios opositores, como Tal Cual, buscaba alertar sobre el grave aumento de la violencia delictiva en el país que, según datos extraoficiales, se cobró 16.000 vidas el año pasado. En Caracas solamente se estima que los homicidios son 50 por día, lo que ubica a esa capital entre las más violentas de América Latina.
Como reacción, un tribunal de menores recordó la vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que veda la publicación de contenidos que «vulneren la integridad psíquica y moral» de los menores.
Puntualmente, bajo amenaza de una multa equivalente al 2% de los ingresos brutos del medio acusado y de posibles procesos penales, la norma impide la publicación de «imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos».
Verdadero disparo en el pie, el apriete no sólo generó una reacción indignada en la prensa, sino que también puso nuevamente en primer plano el problema que se ha revelado como el de más difícil solución para el bolivariano: la inseguridad. Es cierto que ésta antecede largamente al chavismo, pero también que el Presidente lleva ya once años en el poder. Todas las encuestas ubican este tema al tope de las preocupaciones ciudadanas.
Por ejemplo, un sondeo realizado en junio por la firma Datanálisis indicó que la inseguridad, la desocupación, el costo de la vida, el desabastecimiento y el colapso del sistema eléctrico fueron, en ese orden, los problemas más mencionados y que, a la hora de evaluar responsabilidades, Chávez fue ubicado al tope por los ciudadanos relevados. Sólo el 9,4% dijo que el manejo oficial de la política de seguridad es satisfactorio.
En el estudio, el 50% evaluó negativamente el desempeño general del Presidente contra un 47% que opinó positivamente. La tendencia, impensable hasta hace poco, preocupa al oficialismo ante las elecciones legislativas del 26 de setiembre, que supondrán una prueba de dificultad inédita.
Se sabe que todo en Venezuela está excesivamente polarizado, pero cabe aclarar que la misma encuestadora no dudó en informar en 2006 que la aprobación del mandatario era del 71,5%, que en 2007 era del 61,5%, que en 2008 llegaba al 56,6% y que el año pasado, aun en tendencia decreciente, alcanzaba un nada despreciable 53,3%.
Así las cosas, Chávez debió acusar recibo de la situación en declaraciones públicas, aunque sin asumir cabalmente su responsabilidad. «La oposición anda diciendo que yo soy el responsable de la inseguridad en el país. Está bien, yo soy el responsable pues yo asumo mi responsabilidad, pero, ¿dónde están los gobernadores de Miranda, Zulia y Carabobo?», se preguntó el martes.
No puede obviarse que buena parte de la prensa privada venezolana, tanto gráfica como televisiva y radial, sigue desprestigiada por su actitud durante el golpe que en 2002 derrocó fugazmente al bolivariano. La cobertura fue en muchos casos sesgada e insuficiente, ocultó hechos de sangre cometidos por los golpistas, incitó descaradamente a la población y jugó decididamente a favor de la asonada. Desde entonces, Chávez prometió que su revolución «ya no será desarmada», y en 2004 salió del ropero al proclamar su carácter socialista. Es imposible no ponderar el reflejo autoritario que aquel movimiento desató en el chavismo.
Pese a esas falencias de la prensa, el avance de la censura no puede pasarse por alto. Desde París, Reporteros Sin Fronteras criticó la decisión del tribunal de menores por «imprecisa» y por generar riesgos de «censura y autocensura».
Pese a las críticas internas y externas, el chavismo no disminuye la presión.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, anunció su propia investigación, pero ya anticipó su postura esperable: la publicación de la foto en la tapa de El Nacional pone de manifiesto el uso de «imágenes amarillistas y de contenido no apto para la niñez» debido al «bajísimo tiraje que tiene». Además, estimó que la imagen distorsiona la realidad, ya que a la morgue no sólo llegan cuerpos de víctimas del delito, sino también de personas que sufren accidentes fatales o se suicidan.
En tanto, Edwin Rojas, director de Prevención del Delito del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, dijo hace poco que la lupa oficial también se posará sobre los contenidos televisivos. «No podemos acostumbrarnos a ver telenovelas vinculadas con carteles de la droga y mafias de la prostitución, lo que genera una apología del delito o una admiración que inocentemente se va inculcando en la audiencia», advirtió.
Ésta no es la primera carga del chavismo contra la libertad de expresión. La represalia por la deplorable cobertura periodística de los sucesos de 2002 llegó, tarde pero implacable, en mayo de 2007, cuando decidió no renovar la licencia de una de las principales emisoras privadas de televisión, RCTV.
La medida fue legal (la licencia efectivamente caducaba y nada obligaba a renovarla), pero cabe preguntarse qué voz reemplazó la de ese medio. No la de otro grupo privado ni la de alguna organización social independiente, sino la del propio Estado. Todo el proceso derivó entonces en un acotamiento del pluralismo en el país, teniendo en cuenta que el Gobierno también selló pactos con otros medios audiovisuales, creó otros estatales y retiró decenas de licencias de radio.
Más objetable aún resultó el intento de imponer el año pasado una Ley Especial de Delitos Mediáticos, que establecía penas de seis meses a cuatro años de prisión a los periodistas que divulgaran noticias que atenten contra «la estabilidad de las instituciones del Estado», «la paz social, la seguridad e independencia de la nación», la «salud mental o moral pública» y el «orden público», o que «generen sensación de impunidad o de inseguridad» entre la población. Rápidamente la iniciativa recibió el mote de «ley mordaza», y la falta de apoyo de la propia bancada oficialista de la Asamblea Nacional obligó a Chávez a archivarla.
El vocabulario que llega desde Caracas, pleno de alusiones a la «moral» y el «orden público», no parece propio de una revolución libertaria. Al contrario, recuerda más bien al de cualquiera de las dictaduras ramplonas que asolaron durante décadas esta parte del mundo.