El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, duda de enviar al Congreso el texto del acuerdo con EE.UU. para el uso de siete bases militares en territorio nacional, tal como exigió la Corte Constitucional. Como dijimos, aunque tiene holgada mayoría en el parlamento, los costos de reabrir la cuestión y actuar como defensor público de la entrada de tropas estadounidenses al país serían muy grandes, sobre todo si pretende consolidar la reconciliación con el venezolano Hugo Chávez.
Santos dijo que «Las consecuencias del fallo son mínimas, por no decir que ninguna». Tiene razón, ya que el número de efectivos norteamericanos hoy presentes no supera lo establecido en acuerdos anteriores que no han sido tocados por el fallo judicial. La caída del nuevo pacto apenas impediría que éstos utilicen la base de Palanquero. Esta es la más importante y la más resistida por Venezuela, por ser una de las más próximas a la frontera. Así, el debate pasa por si la restricción es determinante en términos estratégicos para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla o si, en cambio, resulta tolerable y funcional a objetivos políticos más amplios.
Mientras, EE.UU. mete presión para que el gobierno colombiano busque el aval parlamentario.
Obligado a hacer equilibrio, Santos se muestra por ahora ambiguo. Se estudiará, afirmó, «si vale la pena o no someter el acuerdo al Congreso o si, de pronto, podemos acordar unas normas, inclusive más ambiciosas con Estados Unidos».
Final abierto.