La pelea entre poder político y medios de comunicación no es privativa de la Argentina. Con matices más o menos cruentos es ya un clásico en América Latina, pero alcanza niveles de mayor tensión en estos tiempos de predominio de gobiernos de izquierda o populistas.
Dicha tensión, máxima en el caso de Venezuela, donde toma formas de censura, caldeó en los últimos días la campaña en Brasil y desencadenó una sugestiva puja interna en el Partido de los Trabajadores, cuyos sectores de izquierda presionan a la candidata Dilma Rousseff, máxima favorita según las últimas encuestas, a avanzar con una ley de medios “a la argentina”.
Esos sectores han tenido hasta ahora un éxito parcial. No lograron que Luiz Inácio Lula da Silva tomara en los hechos esa bandera (se sabe que la confrontación plena con sectores poderosos no hace a su vocación), pero al menos le arrancaron algunas definiciones vehementes contra los “monopolios” (sobre todo el multimedio Globo), su aval a las conferencias nacionales de organizaciones sociales que debatieron el futuro proyecto y, sobre todo, la inclusión de las conclusiones de estas en el programa electoral de Dilma.
El viernes pasado, el mandatario dijo que «hoy defiendo un nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones que tenemos en el país, porque vivimos en un marco regulatorio de 1962», esto es legado por la dictadura militar. El mismo argumento que primó en nuestro país.
Durante la inauguración de un campus de la Universidad Federal de Sao Carlos, en el interior de San Pablo, el Presidente habló asimismo del excesivo peso del sur rico del país en la fijación de una agenda informativa “nacional” que relega las problemáticas locales, otro ítem “importado”. Y similares definiciones dejó esta semana al inaugurar TVT, la nueva emisora por aire de la central sindical CUT, ligada al PT. «No sería justo que en un país como el nuestro, con una democracia cada vez más sólida y madura, que un sindicato o los movimientos sociales sigan impedidos de ejercer su libertad usando sus propias emisoras», declaró allí, volviendo a coincidir con una parte central de la ley aprobada en nuestro país.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, encargado la relación con el Congreso, fue más allá y prometió que “antes de fin de año el gobierno presentará su propuesta», que recogerá las recomendaciones realizadas el año pasado por la Conferencia Nacional sobre Democratización de las Comunicaciones. También en ese sentido Brasil sigue un camino similar al de la Argentina, cuya Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue resultado de una serie de debates y foros realizados en todo el país con participación de entidades de la sociedad civil.
Antonio Carlos Pereira, editorialista y editor de Opinión del diario O Estado de S. Paulo, dijo en una entrevista telefónica que esos planes “están incluidos en el Programa Nacional de Derechos humanos, que se hizo en base a reuniones de llamados representantes de la sociedad civil, que no son nada de eso sino simples militantes”. “Sus conclusiones fueron refrendadas por un decreto de Lula e incluyen un ítem sobre el control social de las empresas, que provocó una gran reacción. Pero eso hoy está parado”, agregó.
Según él, si en Argentina “el matrimonio Kirchner quiere callar a Clarín, un objetivo localizado y especifico, lo que aquí se propone es un control más general, una amenaza a todo el sector”.
Como en lo concreto Lula da Silva deja la espinosa cuestión en manos de quien espera (como casi todo Brasil a esta altura) será su sucesora, la gran pregunta es si ésta decidirá finalmente ir a fondo. En ese caso, la pelea tendría, por el porte de los contendientes, una dimensión colosal.
La ex jefa de gabinete petista es conciente de que, como el mandatario saliente, dependerá en el Congreso de una alianza con el centroderecha, constituido en buena medida en torno a caudillos regionales que no ven la movida con buenos ojos. Se busca movilizar a la militancia, “pero no hay condiciones ni en la opinión publica ni en el Congreso” para avanzar en ese sentido, cree el analista de O Estado.
De ese modo, Rousseff da señales de que, también en esto, se propone ser una disciplinada continuadora de su mentor. Así, sinuosa, “pretende agradar a la derecha y a la izquierda, y mantiene una posición contradictoria. Mientras afirma que en su gobierno no habrá violaciones a la libertad de prensa, apoya el Programa Nacional de Derechos Humanos. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo”, explicó Pereira.
El 9 de julio Dilma visitó en su domicilio a Lily Marinho, nada menos que la viuda de Roberto Marinho, el fundador del grupo Globo, el mayor conglomerado de medios brasileños. La línea de este es hoy marcadamente opositora y debe recordarse que ha sido un verdadero “creador de presidentes”, siendo el caso más emblemático (pero no el único) el de Fernando Collor de Mello.
Antes del almuerzo, Lily Marinho dijo a sus invitadas, todas mujeres y notables, que pretendía homenajear “a la señora D, la señora democracia”.
Tras el encuentro, la viuda de Marinho confesó: “Voy a cumplir 90 años. Estoy vieja para votar. Pero pienso que si votara, lo haría por Dilma”. ¿Idilio en puerta?
Las palabras de Dilma, claro, guardaron la debida reciprocidad. Al fin y al cabo, según Antonio Carlos Pereira, fue allí “para recaudar”, no a discutir ese asunto”.
Mientras, el principal candidato opositor, el socialdemócrata José Serra, señaló días atrás durante el octavo congreso de la Asociación Nacional de Periódicos realizado en Río de Janeiro que el PT tiene planes para controlar la prensa independiente y dijo que un triunfo de Rousseff inaugurará la era del “control social” sobre la libertad de expresión en el país.
Ante una deleitada platea de empresarios, entre ellos los de los principales medios del país, acusó además al gobierno de financiar “blogs sucios” en su contra con fondos públicos. Casi como si recogiera ecos llegados del sur.
El problema es que Serra entró en un declive que puede ser definitivo y que el futuro parece pertenecerle a Dilma. De su voluntad y del resultado de la interna, por ahora de final incierto, que libra y librará con la izquierda más radical de su partido.
Dicha tensión, máxima en el caso de Venezuela, donde toma formas de censura, caldeó en los últimos días la campaña en Brasil y desencadenó una sugestiva puja interna en el Partido de los Trabajadores, cuyos sectores de izquierda presionan a la candidata Dilma Rousseff, máxima favorita según las últimas encuestas, a avanzar con una ley de medios “a la argentina”.
Esos sectores han tenido hasta ahora un éxito parcial. No lograron que Luiz Inácio Lula da Silva tomara en los hechos esa bandera (se sabe que la confrontación plena con sectores poderosos no hace a su vocación), pero al menos le arrancaron algunas definiciones vehementes contra los “monopolios” (sobre todo el multimedio Globo), su aval a las conferencias nacionales de organizaciones sociales que debatieron el futuro proyecto y, sobre todo, la inclusión de las conclusiones de estas en el programa electoral de Dilma.
El viernes pasado, el mandatario dijo que «hoy defiendo un nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones que tenemos en el país, porque vivimos en un marco regulatorio de 1962», esto es legado por la dictadura militar. El mismo argumento que primó en nuestro país.
Durante la inauguración de un campus de la Universidad Federal de Sao Carlos, en el interior de San Pablo, el Presidente habló asimismo del excesivo peso del sur rico del país en la fijación de una agenda informativa “nacional” que relega las problemáticas locales, otro ítem “importado”. Y similares definiciones dejó esta semana al inaugurar TVT, la nueva emisora por aire de la central sindical CUT, ligada al PT. «No sería justo que en un país como el nuestro, con una democracia cada vez más sólida y madura, que un sindicato o los movimientos sociales sigan impedidos de ejercer su libertad usando sus propias emisoras», declaró allí, volviendo a coincidir con una parte central de la ley aprobada en nuestro país.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, encargado la relación con el Congreso, fue más allá y prometió que “antes de fin de año el gobierno presentará su propuesta», que recogerá las recomendaciones realizadas el año pasado por la Conferencia Nacional sobre Democratización de las Comunicaciones. También en ese sentido Brasil sigue un camino similar al de la Argentina, cuya Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue resultado de una serie de debates y foros realizados en todo el país con participación de entidades de la sociedad civil.
Antonio Carlos Pereira, editorialista y editor de Opinión del diario O Estado de S. Paulo, dijo en una entrevista telefónica que esos planes “están incluidos en el Programa Nacional de Derechos humanos, que se hizo en base a reuniones de llamados representantes de la sociedad civil, que no son nada de eso sino simples militantes”. “Sus conclusiones fueron refrendadas por un decreto de Lula e incluyen un ítem sobre el control social de las empresas, que provocó una gran reacción. Pero eso hoy está parado”, agregó.
Según él, si en Argentina “el matrimonio Kirchner quiere callar a Clarín, un objetivo localizado y especifico, lo que aquí se propone es un control más general, una amenaza a todo el sector”.
Como en lo concreto Lula da Silva deja la espinosa cuestión en manos de quien espera (como casi todo Brasil a esta altura) será su sucesora, la gran pregunta es si ésta decidirá finalmente ir a fondo. En ese caso, la pelea tendría, por el porte de los contendientes, una dimensión colosal.
La ex jefa de gabinete petista es conciente de que, como el mandatario saliente, dependerá en el Congreso de una alianza con el centroderecha, constituido en buena medida en torno a caudillos regionales que no ven la movida con buenos ojos. Se busca movilizar a la militancia, “pero no hay condiciones ni en la opinión publica ni en el Congreso” para avanzar en ese sentido, cree el analista de O Estado.
De ese modo, Rousseff da señales de que, también en esto, se propone ser una disciplinada continuadora de su mentor. Así, sinuosa, “pretende agradar a la derecha y a la izquierda, y mantiene una posición contradictoria. Mientras afirma que en su gobierno no habrá violaciones a la libertad de prensa, apoya el Programa Nacional de Derechos Humanos. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo”, explicó Pereira.
El 9 de julio Dilma visitó en su domicilio a Lily Marinho, nada menos que la viuda de Roberto Marinho, el fundador del grupo Globo, el mayor conglomerado de medios brasileños. La línea de este es hoy marcadamente opositora y debe recordarse que ha sido un verdadero “creador de presidentes”, siendo el caso más emblemático (pero no el único) el de Fernando Collor de Mello.
Antes del almuerzo, Lily Marinho dijo a sus invitadas, todas mujeres y notables, que pretendía homenajear “a la señora D, la señora democracia”.
Tras el encuentro, la viuda de Marinho confesó: “Voy a cumplir 90 años. Estoy vieja para votar. Pero pienso que si votara, lo haría por Dilma”. ¿Idilio en puerta?
Las palabras de Dilma, claro, guardaron la debida reciprocidad. Al fin y al cabo, según Antonio Carlos Pereira, fue allí “para recaudar”, no a discutir ese asunto”.
Mientras, el principal candidato opositor, el socialdemócrata José Serra, señaló días atrás durante el octavo congreso de la Asociación Nacional de Periódicos realizado en Río de Janeiro que el PT tiene planes para controlar la prensa independiente y dijo que un triunfo de Rousseff inaugurará la era del “control social” sobre la libertad de expresión en el país.
Ante una deleitada platea de empresarios, entre ellos los de los principales medios del país, acusó además al gobierno de financiar “blogs sucios” en su contra con fondos públicos. Casi como si recogiera ecos llegados del sur.
El problema es que Serra entró en un declive que puede ser definitivo y que el futuro parece pertenecerle a Dilma. De su voluntad y del resultado de la interna, por ahora de final incierto, que libra y librará con la izquierda más radical de su partido.
(Nota publicada en Ámbito Financiero)
Marcelo Falak 