El vocero de la Cancillería iraní, Ramin Mehmanparast, admitió que se revisará la sentencia a muerte por lapidación contra Sakineh Mohamadi Ashtiani. «El veredicto sobre los asuntos extramaritales se ha frenado y está siendo revisado», dijo.
Buena noticia, la presión indignada de la comunidad internacional empieza a surtir efecto. Pero atención: el funcionario habló del caso sobre adulterio. No se refirió, en cambio, al cargo sobre complicidad en el homicidio del marido de Sakineh, llamativamente reflotado en una vergonzosa entrevista televisiva a la condenada, quien, recordemos, no tuvo derecho a una defensa en juicio siquiera decorosa. Según observadores, este segundo cargo fue utilizado como una justificación para el primero una vez que se desató la condena mundial.
Recordemos que la mujer ya recbió 99 azotes frente a su hijo, entonces de 16 años.
Una buena nueva, pero habrá que seguir de cerca la cuestión, ya que, mientras la causa siga abierta y se sume el cargo de complicidad en homicidio, el riesgo de ejecución seguirá latente.
El tema, además, sirve para iluminar la situación de los derechos humanos en Irán. Según datos de Amnistía Internacional, Irán es el segundo país del mundo, después de China, que más aplica la pena de muerte, no sólo por lapidación sino también a través de la horca. En 2008 fueron ejecutadas 346 personas en ese país.
Tal es el fin para los condenados por homicidio, violación, robo a mano armada, narcotráfico, adulterio, blasfemia, delitos de oposición al régimen… y hasta homosexualidad.