Las deportaciones de gitanos a sus países de origen, Rumania y Bulgaria, son presentadas por el gobierno de Nicolas Sarkozy como parte de los derechos legales de su país. Según su tesitura, si bien se debe respetar la libre movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea en todo el espacio del bloque (Acuerdo de Shengen), éstos, al emigrar de un país del bloque a otro, deben acreditar residencia permanente e ingresos legales. Lo que no acontece, continúa, en muchos casos, en los que los gitanos se instalan en campamentos ilegales en espacios públicos.
Hasta acá las formalidades. Vayamos a los hechos.

  • Sarkozy viene muy golpeado por una economía que no termina de recuperarse.
  • Los escándalos, como el de supuesta financiación política ilegal en el marco del caso L’Oréal, golpean a sus ministros clave (el de Trabajo, por caso, encargado de “vender” la reforma jubilatoria) y a él mismo.
  • Su idea es recuperar el favor de los votantes de extrema derecha, que en comicios recientes se pasaron del xenófobo Frente Nacional a las filas del oficialismo. A cualquiera se le ocurrirían cien formas más dignas de perder antes que entregarse a semejante éxito.

Y ahora vayamos a la prueba. Irrefutable.

  • Una circular del 5 de agosto del Ministerio del Interior ordenaba a las fuerzas de seguridad erradicar los asentamientos ilegales «tomando como prioridad los de los gitanos rumanos».

Esto sí es ilegal. Es racismo, es discriminación y ensañamiento con un grupo particular.
La circular fue “corregida” en lo formal, pero no en su motivación profunda. Y ahora el país se arriesga a una demanda ante la Corte de Justicia de la UE.
Justo Francia, la cuna de la Declaración de los derechos del hombre. ¡Qué pena!