El pedido de extradición de Sergio Galvarino Apablaza Guerra por parte del gobierno de Chile y el reclamo masivo de los organismos defensores de los derechos humanos locales de que se le conceda asilo político ponen al gobierno de Cristina Kirchner en un brete muy difícil. Las declaraciones de la Presidenta en Santiago, adonde viajó el fin de semana para asistir a los actos del Bicentenario, parecen prenunciar su decantación por la segunda postura, como sugiere su defensa del ordenamiento jurídico argentino en la cuestión como modo de despejar las presiones.
Apablaza, quien tiene tres hijos en la Argentina, es acusado en su país de haber ordenado, en tanto miembro de la jefatura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio. El problema central es que ambos hechos se produjeron en 1991, durante los albores de la recuperación democrática en Chile y bajo el gobierno constitucional de Patricio Aylwin.
Es cierto que entonces la democracia chilena estaba fuertemente condicionada por el poder militar y bajo la sombra de Augusto Pinochet. Pero de ningún modo un asesinato y un secuestro tales pueden ser considerados hechos políticos enmarcados en la resistencia contra una dictadura, que ya no existía.
Guzmán era miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el sector más pinochetista de la derecha chilena y parte, junto a Renovación Nacional, de la alianza que hoy sostiene a Sebastián Piñera. Tampoco su filiación ideológica, ni aun su complicidad con una dictadura monstruosa, justifican su asesinato liso y llano.
El fallo de la Corte Suprema argentina que dio vía libre a la extradición es confundida en Chile como una instancia definitiva, que una concesión de asilo vendría a desobedecer. No es el caso. Efectivamente, es el Poder Ejecutivo el que tiene la última palabra y la potestad de conceder o no el asilo político a un solicitante. Su decisión se realiza a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), en la que participan los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia, el Inadi y un representante de la ACNUR.
Así las cosas, el tema es eminentemente político. Y es difícil encontrar argumentos racionales que justifiquen la concesión del refugio, dada, sobre todo, la presunta comisión de ambos delitos en democracia.
Quienes defienden el rechazo a la extradición esgrimen una supuesta fragilidad de las pruebas en contra de Apablaza, quien por otra parte insiste en su inocencia, presentándose como parte del ala del FPMR que abogaba por abandonar las armas al haberse recuperado la democracia.
Sin embargo, no corresponde evaluar el fondo de la cuestión en el trámite de concesión o rechazo del asilo, sino sólo determinar si el acusado gozará de un adecuado derecho de defensa en su país (y, con ello, de la posibilidad de demostrar su inocencia) y si estará o no sujeto al peligro de tormentos o violaciones a sus derechos humanos.
Ni una ni otra cosa son pensables en el Chile de hoy, donde la democracia se ha consolidado y liberado de la mayor parte de sus amarras autoritarias.
Quienes defienden la causa del refugio político mencionan los enclaves autoritarios que persisten en la legislación chilena, tales como leyes de la dictadura y hasta de tribunales civiles habilitados para juzgar a civiles. Otra vez: se trata de un homicidio y un secuestro que son ventilados por la justicia ordinaria, por lo que esas objeciones no tienen relevancia en este caso. Además, no se trata de evaluar el ordenamiento jurídico de Chile sino, simplemente, las garantías de las que dispondrá el acusado al ser juzgado.
De hecho, si no fuera tan difícil justificar el otorgamiento del asilo, ¿por qué éste no ha sido concedido pese a que la solicitud de Apablaza Guerra data de 2004? Recién el fallo de la Corte desencadenó la oficial la decisión de dar un corte al asunto.
De optarse por esa alternativa, se dañará lamentablemente la relación con Chile, donde gobierno y oposición parlamentaria en pleno coinciden en el pedido de extradición y en la existencia de garantías procesales plenas para el ex guerrillero.
También se verá socavada la credibilidad del gobierno argentino como defensor de los derechos humanos, por lo que es internacionalmente respetado. Será difícil explicar que el asilo no responde más a presiones políticas y a una eventual afinidad ideológica que a argumentos legales valederos. Esto último y dar pasto a las fieras que denuncian un supuesto uso político de la causa de los derechos humanos serán prácticamente lo mismo.
Ojalá prime la racionalidad.