Rafael Correa superó el intento de golpe de la semana pasada gracias a su elevada popularidad y a la veloz reacción de todos los gobiernos sudamericanos, sin distinción de ideologías. La prórroga hasta hoy del Estado de emergencia, el arresto de 50 presuntos implicados en la asonada y el otorgamiento de una suba salarial del 25% promedio para los cuadros medios de la Policía y las Fuerzas Armadas, justamente donde se incubó el movimiento, dan cuenta de que la situación sigue siendo precaria.
Con todo, en términos de apoyo social, el Presidente parece haber salido fortalecido, al alcanzar un envidiable 75%. Lo que resulta más estrecho es el desfiladero por el que deberá conducir la economía, encorsetada por una dolarización tan polémica como difícil de sacudirse y cuya recuperación tras el pozo en que cayó debido a la crisis internacional del año pasado dista de consolidarse.
Mientras Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y otros países de la región crecen al 9%, «el Banco Central (ecuatoriano) proyecta un crecimiento del 3,5% para este año, pero la CEPAL indica que será del 2,7%. De cualquier modo ambas estimaciones son menores a las calculadas por el gobierno, que llegaban al 6,7% a principios de año», dijo a Ámbito Financiero desde Quito Marco Naranjo, doctor en Economía y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). «Aclare en su artículo que hice mi master en Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella», pidió. Cumplimos.
La dolarización fue impuesta en Ecuador en 2000 por el entonces presidente Jamil Mahuad, con asesoramiento de algunos de los arquitectos argentinos de una convertibilidad que, sin que casi nadie lo quisiera advertir en nuestro país, iniciaba entonces el camino al colapso.
«La dolarización es esencialmente distinta a la convertibilidad», explicó Naranjo, «porque no permite emitir dinero. El financiamiento del gasto no se hace vía emisión. Si la convertibilidad buscaba fortalecer la moneda local, la dolarización directamente la elimina», agregó.
La crisis global significó para Ecuador un deterioro de sus principales fuentes de divisas: las remesas de los expatriados y las exportaciones de petróleo, bananas, flores, camarones y otros productos primarios. La respuesta defensiva de Correa fue introducir trabas a las importaciones, lo que permitió restaurar el superávit comercial y evitar el descalabro del esquema económico.
Con todo, un Presupuesto calculado para este año en base a una previsión de crecimiento que duplicaba la que se dará en la realidad significa un problema de calado.
«La situación fiscal no es explosiva», estimó el economista de Flacso, porque pese a la morosidad de la recuperación económica, el gobierno tiene los recursos para cubrir todo el gasto corriente, que incluye el pago de salarios en el Estado (tema sensible, como se vio) y de los planes sociales, uno de los puntos clave que hacen a la elevada popularidad de Correa.
La inflación se mantiene bajo control (se espera un 3,5% en todo el año; más sería suicida para una economía sin moneda propia) y la competitivdad, horadada desde el inicio de la dolarización, es un tema «estructural» pero que no se ha deteriorado más, según Naranjo.
«El problema -siguió- se da por el lado de la inversión en infraestructura; allí sí se produce un déficit. En un esquema de dolarización, el déficit se financia con deuda o directamente la obra se pospone o no se hace». Ese desbalance, de acuerdo con las estadísticas oficiales, alcanza a la friolera del 25% del gasto público total previsto para el año.
Esta dificultad se agrava por otro hecho: la decisión de Correa de declarar ilegítima parte de la deuda no ha sido inocua, desmintiendo a lo que esgrimió en nuestro país el arco político que se ubica a la izquierda del kirchnerismo cuando se presentó la polémica por el pago de compromisos con reservas. Así, Ecuador se quedó sin acceso al mercado internacional de capitales justo cuando el endeudamiento parece la única alternativa al ajuste. Aun antes de la crisis institucional, que sumó por sí sola 200 puntos básicos, el riesgo país era superior a los 1.000 puntos, por lo que las únicas fuentes de financiamiento que permanecen abiertas son acuerdos con países como China, basados en la contraentrega de petróleo.
La aplicación de la dolarización siguió a una crisis «en la que se cayó el 72% de la banca». En ese punto, «la pobreza tocó un máximo del 71%, pero, gracias a que se eliminaron las crisis monetarias, entre otros factores, esta comenzó a caer aceleradamente. Con el actual gobierno esa tendencia continuó y, según diversas estimaciones, se ha reducido al 30%», agregó Naranjo.
Lo que ocurre que esas mejoras dependen en buena medida en el sostenimiento de los planes de infraestructura, cruciales en un país que, si bien tiene un índice de desempleo oficial inferior al 8%, presenta aún un subempleo superior al 50%.
«El gasto social fue uno de los elementos primordiales de este gobierno, lo que permitió un aumento de nivel de vida general», añadió el economista. Según él, el principal desafio del gobierno, que asumió en enero de 2007, es «conciliar su Plan Nacional de Desarrollo, del que depende que la pobreza siga cayendo, con el sector privado, para que se convierta en un planteamiento de consenso». Algo que parece difícil en el actual contexto de polarización política.
Un ajuste implicaría el fin del fenómeno Correa tal como se lo ha conocido hasta hoy, con su énfasis en el gasto social, en el aliento a los pequeños emprendimientos urbanos y rurales y en la promoción de obra pública. Salir del esquema dólar, algo que el Presidente desearía, como confesó allá lejos y hace tiempo, tampoco es una opción: en Argentina podemos imaginar bien cuáles serían los costos.
El camino se presenta estrecho para él.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).