-¿Cuál fue su último pensamiento antes de abandonar la mina? -se arriesgó a preguntar Sebastián Piñera el miércoles a la noche, al recibir, solemne y emocionado, a Luis Urzúa, el último de los mineros rescatados y líder del grupo.-Que espero que esto nunca más vuelva a ocurrir, señor Presidente -devolvió el trabajador sin formalismos (foto).
Durante estos días de máxima exposición, el presidente de Chile aprovechó la épica del rescate para poner una y otra vez en foco el problema de la precariedad de las condiciones laborales en su país. Algo que llama la atención, por ser él un dirigente de centroderecha que llegó al poder con la promesa de relanzar el crecimiento del país y de generar más puestos de trabajo, mixtura decodificada inicialmente como una apuesta más a la cantidad que a la calidad.
Sobre todo porque su liderazgo surgió como alternativa a veinte años de hegemonía de la Concertación, que mira hoy cómo este empresario pragmático le arrebata algo que, más que una bandera, debería haber sido el trofeo de una gestión asumidamente progresista.
Sin embargo, lo que sale a la luz son las condiciones precarias de la llamada «pequeña minería» chilena, con un yacimiento como el de San José de Copiapó que sufrió recurrentes accidentes y que fue habilitado sin que, se ha visto, nadie garantizara medidas de seguridad mínimas. El derrumbe fue el 5 de agosto y Piñera asumió en marzo; mucho cabría entonces preguntarle a su antecesora socialista Michelle Bachelet.
El mandatario plantea un escenario novedoso en la política chilena. Gobierna con la derecha pragmática (Renovación Nacional, su partido) y con la pospinochetista (la Unión Demócrata Independiente), pero ha negado presiones para cerrar los juicios por violaciones a los derechos humanos. Es un empresario, pero habla de regulaciones laborales y eleva los tributos que paga la minería. Repudia los populismos vecinos pero no los provoca, y, de hecho, se exhibió en el rescate como si se tratara de un reality show, haciendo que la pantalla compartiera paritariamente las tareas de socorro con su sonrisa amplia y sus ojos vidriosos. Y exhibiendo permanentemente su verba reflexiva y bilingüe, sus arengas de «¡Viva Chile, mierda!» y un contacto físico sin reservas con los obreros. Una novedad que, permítase la digresión, lleva a preguntarse qué diría buena parte del mundo si hicieran algo análogo Hugo Chávez, Evo Morales, Lula da Silva o Cristina de Kirchner.
Mientras, en Chile, el centroizquierda que promovió importantes avances laborales y sociales pero sin terminar jamás de ir a fondo, se atormenta ahora ante la posibilidad de que el ciclo político haya cambiado de manera duradera. La rareza que representó el triunfo electoral de la derecha podría convertirse así en algo inédito, si ésta repite en las presidenciales de 2013, como elucubran analistas en estas horas de euforia.
Gutenberg Martínez, miembro del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, esposo de la ex candidata presidencial Soledad Alvear y hombre fuerte de la Concertación, dijo telefónicamente que los gobiernos de esa alianza «dieron grandes pasos en cuanto a protección social y a mejoras en materia laboral, con un impacto muy profundo. En este contexto hubo también mejoras en seguridad laboral». Sin embargo, concedió que «la herencia que recibimos de la dictadura fue la falta de una judicatura laboral equitativa y la derogación de numerosas normas laborales. A eso se sumó una oposición permanente de la derecha a darles más recursos y capital humano a los organismos de control y fiscalización».
Eugenio Tironi, reconocido analista y ex secretario de Comunicación de Patricio Aylwin, entrega una visión similar. «Efectivamente, esto es un vuelco radical de la postura tradicional de la derecha chilena, que siempre sospechó del Estado y de las regulaciones. Esa entelequia intelectual se derrumbó con la tragedia de la mina San José», dijo.
«La gran acusación a la Concertación durante sus años en el Gobierno ha sido que quería abultar el Estado y crear un ejército de fiscalizadores, sin el cual es bien difícil imaginar que se pueda hacer cumplir las reglas de seguridad laboral, básicamente en las pequeñas y medianas empresas mineras, en la agricultura, la pesca y la construcción», explicó.
