La Cancillería argentina presentó, como se había establecido en el acuerdo del 30 de agosto, su proyecto para el control ambiental de la actividad de UPM (ex Botnia) y las otras industrias de la zona ribereña del Río Uruguay, mientras que el país vecino pidió una prórroga de diez días. Las quejas del canciller Héctor Timerman cayeron mal en el gobierno uruguayo, dijo la prensa del país vecino, pero lo cierto es que no surgieron de allí explicaciones convincentes para la demora.
Ayer se refirió a la cuestión el presidente José «Pepe» Mujica. «Si apretamos el clavo no queda una sola industria en el Río Uruguay», dijo en algo que se se parece demasiado a un «sincericidio». «No estoy para hacer declaraciones sobre eso. Primero voy a negociar y después hablaré», añadió para evitar una polémica abierta con el gobierno argentino.
¿Cómo hay que entender semejante declaración? ¿Hay que hacer la vista gorda en cuestiones ambientales para mantener las inversiones cuestionadas? Poco feliz.