Con el plan de “rescate” para Irlanda en suspenso por la pelea política en ese país, la esperada ofensiva de los mercados financieros sobre España comienza a arreciar: el riesgo país (que en Europa mide el diferencial de rendimiento con respecto a los bonos alemanes) saltó a un máximo de 235 puntos básicos, esto es una tasa del 5%; la bolsa no deja de caer; y la colocación de Letras del Tesoro a corto plazo (tres y seis meses9 del martes costó un 92% más que una semana antes.
Si, según confirmó hoy Irlanda, el rescate de sus bancos insumiría créditos de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional del orden de los 85.000 millones de euros (113.000 millones de dólares), uno para España costaría no menos de 400.000 millones de dólares, cifra que simplemente no estaría disponible si el fondo establecido a tal fin, y que ya ha sido usado para Grecia y, se supone, Irlanda, fuera utilizado también para “rescatar” a Portugal. La pesadilla.
Pero en la entrada anterior mencionábamos la disputa mercado-democracia que parece jugarse en esta coyuntura, en la que la expresión del voto en Irlanda es simplemente considerada un estorbo a los programas de “rescate” (y ajuste) reclamados hoy por “los mercados” a punta de pistola financiera. Hay más para decir al respecto, tanto como que esa pelea, irreconciliable a largo plazo, se da en realidad entre la democracia y la soberanía popular, por un lado, y la propia construcción europea por el otro.
La integración continental, que llegó a conformar un bloque de 27 países, y de 16 en el núcleo duro, la zona del euro, respondió a las necesidades de expansión del capital de los países más poderosos, empezando por Alemania y pasando por Gran Bretaña, Francia, Italia, la pequeña pero rica Holanda, etcétera. Esas necesidades pasaban por la captura de mercados de consumo para sus exportaciones (financiados además a través de “fondos de convergencia”, esto es subsidios masivos y directos a los nuevos miembros, por “el bloque”, es decir sus Estados más ricos… ¿cómo, y el laissez-faire?), su libre circulación y, fundamental, el acceso a mano de obra más barata como base para la expansión extracontinental.
En paralelo, la Comunidad Europea, llamada en el último tiempo Unión, capturaba cada vez más funciones de los Estados nacionales, tendencia que llegó a su tope histórico con la unión monetaria. Ésta, plasmada en 1992 en el Tratado de Maastricht, establecía topes a indicadores como las deudas nacionales y los déficits fiscales de los Estados miembro, una convergencia económica necesaria para la incorporación a la nueva moneda única.
La política fiscal quedaba, entonces, limitada y la monetaria, aún más a los países de la Eurozona, al concentrarse en un Banco Central Europeo “independiente” (del voto y el poder democrático, no de los intereses de las grandes finanzas), que no ha sido más que una extensión continental del Bundesbank. La situación derivó en similar a nuestra convertibilidad, pero mucho más radical. La legislación sobre beneficios sociales, previsionales y derechos laborales quedaba, en tanto, librada a las decisiones nacionales.
El sistema, de hecho, operaba como un cepo sobre estas últimas cuestiones, dadas las limitaciones arriba citadas. Los déficits fiscales y las deudas nacionales, sobre todo en los eslabones más débiles de la Eurozona, fueron, entonces, pese a las limitaciones formales, las válvulas de escape y los elementos que descontrolaron el conjunto, algo que se agudizó con el estallido de la burbuja financiera de 2008, con epicentro en Estados Unidos. En países como Grecia los desequilibrios eran previos a la crisis y, con ésta, simplemente hicieron eclosión. En ese punto seguimos hoy.
Mientras, la elevación del nivel de vida en los países periféricos de la Eurozona fue posible en buena medida en virtud de un excesivo endeudamiento privado, evidente sobre todo en una burbuja inmobiliaria que permitió hacer mucho dinero a mucha gente durante mucho tiempo. Ya se sabe quiénes corren con los costos cuando las burbujas se pinchan.
Es cierto que cada país vota sus enviados al Parlamento Europeo, pero esa representación es vista como muy lejana por los ciudadanos. A nivel ejecutivo esa “representación” es directamente inexistente, dada la trama de entidades burocráticas elegidas de modo indirecto que influyen sobre la vida de la gente sin legitimidad democrática alguna.
Así las cosas, las demandas de las diferentes sociedades se siguieron volcando sobre gobiernos nacionales cada vez más limitados en sus atribuciones, una situación sobrellevable en momentos de expansión económica pero insostenible en coyunturas de crisis como la actual. Las quejas sobre la pérdida de soberanía y la “humillación nacional” que son comunes en estos días en los países “rescatados” (que, lo repetimos, en realidad, son los bancos; los ciudadanos son condenados a años de recesión, desempleo e ingresos en caída) no son más que la expresión visible de un vaciamiento de las atribuciones de los Estados nacionales que es muy anterior a la crisis. Más temprano que tarde crecerá la potencia de las voces que ya comienzan a invitar a pensar lo imposible: el abandono del euro y la conveniencia de renegociar las deudas públicas nacionales “a la argentina”, haciendo a los inversores que lucraron con tasas elevadas (y riesgos equivalentes) corresponsables de las pérdidas.
Ni más ni menos que archivar la moda de la integración extrema, realizada a medida de las necesidades de expansión del capital europeo más concentrado y que acaso haya durado demasiado. Simplemente volver a ser nación y democracia.