Dilma Rousseff encara su Gobierno, que comenzará el 1 de enero, con dos mochilas: la desconfianza de los mercados financieros por sus credenciales de desarrollista, que le atribuyen un deseo de bajar las tasas de interés a despecho de los riesgos inflacionarios; y la duda sobre cuál será su autoridad real, dado que su figura ha crecido a la sombra de la Luiz Inácio Lula da Silva y que ni siquiera es una figura fuerte dentro del Partido de los Trabajadores, al que se afilió recién en 2001.
Es, aunque por otras razones, un escenario de desconfianza que guarda similitudes con el que se trazaba a fines de 2002 y principios de 2003, cuando un Lula considerado entonces demasiado izquierdista acababa de ganar las elecciones y se disponía a asumir el poder.
La incógnita sobre su futuro comportamiento golpeaba fuerte en los indicadores financieros de Brasil y la calma sólo llegó cuando el ex sindicalista metalúrgico tomó una serie de medidas de carácter ortodoxo. Para muchos, reflejo de una sobreactuación que habría sido innecesaria para un líder menos «sospechoso», que debió entregar más de lo necesario para calmar definitivamente a los inversores.
Una de esas medidas fue el nombramiento de Antonio Palocci como ministro de Hacienda, un ex trotskista que cautivó al mercado con sus políticas ortodoxas hasta que una serie de escándalos de corrupción lo derribaron de su puesto en 2006. Otra, la prueba de amor definitiva, fue la designación del ex BankBoston Henrique Meirelles al frente del Banco Central, cuya salida coincidirá con la de Lula da Silva a fin de año. La última, íntimamente atada a la anterior, fue la purga del ala izquierda del PT que salió a denunciar la traición a los viejos ideales partidarios, que se refugió en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), cuya fuerza se apagó rápidamente en paralelo a la aceptación popular de la gestión lulista.
El miércoles Dilma presentó a su equipo económico, liderado por Guido Mantega, el confirmado ministro de Hacienda actual. El mensaje de continuidad de la gestión de Lula da Silva fue bien recibido por los inversores; la credibilidad del presidente saliente permitió que pase inadvertido que el hombre que salió a anunciar la inminencia de un ajuste del gasto considerable sea el mismo que avaló el brusco salto del mismo en el año electoral. Pasó la crisis global y las medidas anticíclicas ya no son necesarias, dijo; el desfase temporal entre una y otra cosa obligan a hacer un esfuerzo de voluntad grande para creerle.
La cuestión es que el mentado ajuste, la gran prueba de amor de Dilma, será de nada menos que u$s 11.600 millones, que se obtendrán en buena medida de una reducción drástica de los aportes del Estado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que llegaron a u$s 116.000 este año (al cambio actual) y no superarán los u$s 29.000 millones en 2011. La idea es bajar el monto de créditos subsidiados a las empresas, el 20% de la oferta total en 2009, y dar más lugar en el negocio al sector privado. El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un megaplán de obras públicas a cargo del Estado que fue el gran caballito de batalla de Dilma como funcionaria de Lula, no debería sufrir demasiado entonces, dado que los ajustes se proyectan en otras áreas del Presupuesto, como la mencionada en el BNDES. Y también, en una contención en el aumento previsto del salario mínimo y los de los empleados públicos.
El objetivo es volver a un nivel de superávit primario (previo al pago de deudas) superior al 3% del PBI, contener una inflación que comienza a empinarse de la mano del encarecimiento de los alimentos (una tendencia mundial) y poder proceder así a una reducción de la tasa básica del Central, la Selic, hoy la más elevada de América con un 10,75%, unos 5 puntos por encima de la inflación.
Dilma procura ir llevando progresivamente la Selic a un 2% real, lo que sería útil además para devaluar el real y contrarrestar una caída del dólar que impacta muy negativamente en el saldo comercial y la cuenta de capitales del país.
Otra gesto de Dilma al mercado será el regreso de Palocci al primer plano, algo palpitado desde que se convirtió en responsable de la campaña de la ahora presidenta electa. Las corruptelas no le han sido probadas y sí en cambio es bien tangible el recuerdo de su orientación ideológica reciente.
Será, se cree, secretario general de la Presidencia, un cargo que crecerá a expensas de la Jefatura de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete, el que ocupó la propia Rousseff con Lula), que perderá muchas de sus atribuciones políticas y pasará a ser un mero organismo de asesoramiento de la mandataria.
La puntada final para la conquista de los recelosos mercados financieros fue la confirmación de Alexandre Tombini como sucesor de Meirelles en el Banco Central. Hombre de perfil técnico, fue uno de los responsables de la política de metas de inflación impuesta por el ex CEO de BankBoston; toda una garantía.
Sin embargo, se le reconoce en Brasilia no ser un militante del ala ortodoxa ni un militante contra el sector desarrollista, lo que permitirá a la presidenta mantener la apariencia de una autonomía plena del BCB (que existe, pero que es más bien de facto) a la vez que persigue, a mediano plazo, su objetivo de bajar las tasas.
Estos días se recordó un episodio de 2005, cuando Tombini, ya uno de los directores de la entidad, creía que había elementos para poner fin a una serie de subas de la Selic y casi se va a las manos con uno de sus colegas más ortodoxos, que no quería ni oír hablar de eso. Un pragmático, al fin. Justo lo que necesitará Dilma cuando pase el tiempo de las pruebas de amor.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).