La decisión argentina de reconocer a Palestina como un Estado independiente es coherente con la postura tradicional del Gobierno sobre la cuestión, y está destinada a reforzar el vínculo con los países de la región (particularmente Brasil) y con otros del mundo en desarrollo. Pero desaira claramente los deseos de Estados Unidos.
El anuncio que realizó ayer el canciller Héctor Timerman llegó después de un pronunciamiento análogo de Brasil, dado a conocer el viernes último. La coordinación entre las dos cancillerías no impidió que entre una definición pública y la otra mediara una brecha de tres días, que incluyó una cumbre de la que participaron los dos presidentes. Pero lo que a priori colocaría a nuestra cancillería a la zaga de Itamaraty puede en realidad explicarse en una diferencia, sutil pero trascendente, entre ambas.
Los dos gobiernos definieron que el reconocimiento de Palestina como Estado independiente se refiera a las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, en la que el Estado judío ocupó el Sinaí (devuelto a Egipto en 1978, en tiempos de Beguin y Sadat), Gaza (evacuada por Ariel Sharon en 2005), los Altos del Golán (que aún reclama Siria), y Cisjordania y Jerusalén Este. Sin embargo, el pronunciamiento nacional es más ponderado, ya que supedita la demarcación fronteriza también a lo que «las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación». Un guiño a Israel, que reivindica su soberanía sobre una Jerusalén indivisa.
La decisión argentina es una señal de autonomía ante Barack Obama, empeñado también en que alumbre un Estado palestino independiente, pero no en que esto ocurra de modo unilateral. Un gesto que molestará a Washington y también a Israel, a pesar de la ratificación de las buenas relaciones con el Estado judío realizada por el canciller.
Estados Unidos reivindica su rol como mediador en el conflicto y la necesidad de que su resolución derive de negociaciones. El problema es que esos objetivos parecen hoy de imposible concreción. La insistencia de la coalición de derecha que gobierna Israel en incrementar la construcción de viviendas para sus ciudadanos en territorios ocupados en 1967 a los palestinos (puntualmente en Cisjordania y en Jerusalén oriental) ha derivado desde la asunción de Benjamín Netanyahu en un deterioro de la relación con Estados Unidos sin parangón en décadas.
Hay que recordar que Netanyahu fue, como primer ministro entre 1996 y 1999, quien martilló los primeros clavos al ataúd del Acuerdo de Oslo, firmado tres años antes, postura surgida al calor de una ofensiva terrorista de agrupaciones como Hamás y Yihad que buscaban sólo las alternativas de máxima y apuntaban a torpedear cualquier posibilidad de coexistencia pacífica entre los dos pueblos.
Los tratados vigentes establecen que el nacimiento de un Estado palestino pleno debe darse en el marco de un acuerdo de paz definitivo con Israel. En ese hecho no se juega una mera formalidad. ¿El nuevo país tendrá libertad para diseñar sus Fuerzas Armadas o apenas podrá contar con una policía militarizada? ¿Qué tipo de armamento se le permitirá adquirir? ¿Nacerá con fronteras saldadas con Israel, o con la pretensión de volver a las de 1967 o a una Palestina unificada, sin la presencia del «Estado sionista», como reclaman los ultras? ¿Reprimirá o tolerará la actividad de las organizaciones islamistas y terroristas? Estados Unidos e Israel no aceptarán su emergencia sin tener atadas esas cuestiones centrales.
Ante la nueva vía muerta para las negociaciones, el presidente moderado Mahmud Abás (Abu Mazen) comenzó a amenazar con disolver la Autoridad Palestina (entidad preestatal surgida del Acuerdo de Oslo) y con declarar unilateralmente la independencia sobre Gaza y Cisjordania.
Todo ello es, hay que advertirlo, en buena medida nominal. Por un lado, Al Fatah, el partido nacionalista laico de Abás, no controla la empobrecida Gaza, de donde sus milicianos y policías fueron corridos a los tiros por las fuerzas del islamista movimiento Hamás en 2007. Por el otro, Cisjordania alberga a no menos de 400.000 colonos judíos, que Israel no puede ni quiere desalojar, lo primero por irreductibles sentimientos nacionalistas, lo segundo por no arriesgarse a sufrir una guerra civil.
Con todo, los gestos internacionales a favor de la reivindicación, con diferentes énfasis, de las fronteras de 1967 tienden a favorecer la posición palestina en conversaciones que deberán tener lugar tarde o temprano. Mientras, la estrategia de Abás debería recorrer un tortuoso camino en las Naciones Unidas.
Sería una quimera que la independencia unilateral pasara por el Consejo de Seguridad, la instancia verdaderamente vinculante de la ONU. Allí Estados Unidos ejercería su derecho de veto, seguramente acompañada por Gran Bretaña. El tema pasaría entonces a la Asamblea General.
La jurisprudencia dominante dice que lo que decida ese cuerpo no tiene efectos vinculantes (que se lo digan si no a la Argentina, con sus permanentes triunfos sobre Malvinas, o a Cuba, con las condenas anuales al embargo estadounidense). Otros sostienen la postura contraria y citan que la votación de 1947 sobre la partición de Palestina entre un Estado judío y uno árabe pasó, justamente, por allí.
En cualquier caso, los palestinos apostarían al efecto internacional que podría tener una votación abrumadoramente favorable a su causa y, con ello, a la existencia de facto de su Estado aun en desobediencia a Occidente.
Lo dicho más arriba explica por qué el tema de la independencia unilateral de Palestina salta justamente ahora. Pero hay un ingrediente más a tener en cuenta: las revelaciones de WikiLeaks.
Sería un absurdo sostener que la decisión de Brasil y la Argentina, que señalan un desafío claro a los deseos de la Casa Blanca, responda a la irritación que han causado aquellas indiscreciones; una decisión tan importante no se toma de arrebato ni en tan pocos días. Sin embargo, esas filtraciones sí delinean en el corto plazo un escenario en el que a Washington le será mucho más cuesta arriba condicionar posturas más independientes en diversos países.
Los cables revelados mostraron, por caso, a la presidente Cristina de Kirchner cooperando con Estados Unidos en la «contención» de Evo Morales y el llamado eje bolivariano, lo que, de manera elocuente sobre el rebote que eso tuvo en aquellos países, derivó en exhortaciones públicas a no dejarse dividir por «el imperio». Sacar los pies del plato para, además, defender una causa tan justa y demorada como la palestina, es, en estas condiciones, una tentación grande.
Queda claro que, al menos a esta altura del «cablegate», ni Cristina, ni Silvio Berlusconi, ni Vladimir Putin ni Lula da Silva son los verdaderos perdedores de las filtraciones. Estados Unidos acaba de perder con ellas algo más que la ropa.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).