«El liderazgo integral de Mauricio Macri es una garantía para Buenos Aires y una esperanza para todos los latinoamericanos. Su figura genera ilusión en toda nuestra región, que necesita líderes sobresalientes», exageró Álvaro Uribe ayer. «Para mí es un honor, porque soy un admirador de la tarea que usted llevó a cabo en su país en medio de situaciones muy adversas, en las que estaba en juego la paz social y la convivencia, y teniendo que enfrentar a fuerzas muy difíciles, organizadas a lo largo de muchos años, como el narcotráfico, los paramilitares y el terrorismo», devolvió la pared el jefe de Gobierno al declarar al colombiano «huésped de honor» de la Ciudad.

Es cierto que Uribe se retiró del poder con niveles de aprobación popular superiores al 70%, una quimera para la mayoría de los gobernantes de todo el mundo. También lo es que sus logros han sido concretos en materia de lucha contra la guerrilla, mejorando notablemente los niveles de seguridad en las grandes ciudades y en las principales rutas de Colombia.
La “admiración” debe tener que ver con ese récord, desmesuradamente amplificado por muchos medios de comunicación, los que ocultan la otra cara, mucho más oscura, de un legado poco merecedor de tales elogios y que, incluso, se está traduciendo en un desprestigio creciente aun dentro del conservadurismo en Colombia.
Un escándalo que se ventila activamente en la justicia de su país seguramente genera empatía en el líder de Pro: el de las escuchas ilegales que, según se ha denunciado, han sido extensas durante los dos mandatos de Uribe y que habrían partido de la propia Presidencia. ¡Ejemp!
Fernando Tabares, ex director de inteligencia de los servicios secretos (DAS), Ricardo Lagos, otrora subdirector de contrainteligencia, y Martha Leal, ex subdirectora de Operaciones, aceptaron colaborar ante la Fiscalía a cambio de una reducción de penas. Con todo, Tabares y Lagos ya han sido condenados a ocho años de prisión.
Según los “arrepentidos”, las órdenes para espiar a jueces de la Corte Suprema, líderes opositores, parlamentarios y otros personajes públicos partieron de los asesores más cercanos a Uribe. Los acusados dicen que los acusados simplemente inventan para salvar su pellejo.
Pero si estas denuncias son graves, no son los únicos desvelos del ex mandatario, ícono de la derecha latinoamericana.
Los llamados «falsos positivos», esto es los asesinatos de simples campesinos a los que las fuerzas de seguridad hicieron pasar por guerrilleros abatidos para mejorar sus estadísticas de eficiencia en la lucha contra los irregulares, fueron una constante de la era Uribe. La Fiscalía calcula que son 1.200 los jóvenes masacrados, muchos de los que terminaron en fosas comunes de porte sorprendente.
Según resume el diario español El Mundo (insospechable de izquierdismo), “los oficiales daban luz verde a los crímenes, presionados por sus superiores que les exigían una cuota de terroristas muertos o capturados para cumplir con las expectativas de la política de seguridad democrática que era el eje del gobierno de Uribe. Para organismos como la ONU y, sobre todo, para ONGs defensoras de Derechos Humanos, es el pecado mortal de ex Presidente, el que emborrona los indudables logros de su gobierno”.
Otro escándalo de envergadura es el de la llamada “parapolítica”, esto es la red de lazos entre los grupos paramilitares de extrema derecha, acusados de gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos, y decenas de legisladores y dirigentes del uribismo, muchos muy próximos al círculo más íntimo. Por caso, Mario Uribe, primo hermano y aliado político de Álvaro, está preso a la espera de ser juzgado.

Mientras, la política de extradición a Estados Unidos de paramilitares acusados allí de narcotráfico es una excusa extraordinaria para que no deban dar cuenta de los delitos de sangre cometidos en Colombia.
Uribe logró su reelección gracias a una reforma constitucional con tintes de escándalo. Fue posible gracias al voto de una legisladora, Yidis Medina, que confesó tiempo después haber sido lisa y llanamente coimeada a esos efectos. Terminó presa, al igual que un colega, Teodolindo Avendaño, mientras que un ex ministro del Interior ha sido inhabilitado por dieciocho años.

Subsidios presuntamente irregulares otorgados a productores agrícolas cercanos al gobierno completan la provisoria lista. Incluso un día antes de la asunción de Juan Manuel Santos, en agosto, un grupo de floricultores recibieron nada menos que u$s 25 millones pese a no cumplir con los requisitos, recuerda El Mundo.
Alguien, algún asesor, debería haberle dicho a Macri que fuera un poco más parco a la hora del elogio, sobre todo en estos tiempos en los que le cuesta despegar su imagen de posturas de ultraderecha. Un discurso capaz de encantar el macrismo de paladar negro, pero ideal para espantar a sectores sin los cuales cualquier nueva aventura electoral puede resultar una quimera.