Como señalábamos en el caso de Bolivia, donde la ceguera y la “angurria” (Lavagna dixit) de la clase política y empresarial es la verdadera e inmediata causa de la emergencia de Evo Morales, algo análogo debe decirse de Venezuela y de Hugo Chávez. Pero este reconocimiento (que se hace extensivo a los logros del chavismo en materia de alfabetización, salud y, en general, nivel de vida de los que menos tienen) no alcanza para perdonar los vicios del Gobierno, abandonado cada vez más a un curso autoritario.
Lo ocurrido en los últimos días en la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del país, definitivamente mueve a preocupación.
Por un lado, Chávez se hizo aprobar por cuarte vez en sus once años de gestión poderes para gobernar por decreto. Argumentó como causa la emergencia ocasionada por las inundaciones y deslaves que dejaron 40 muertos y 140.000 evacuados, pero la extensión de los mismos (por dieciocho meses) y su alcance (que abarca la posibilidad de legislar en materia política, económica, social, de vivienda, servicios públicos, infraestructura y uso de tierras, entre otras) permiten constatar una completa desmesura.
En realidad, apunta a eludir una AN que desde el 5 de enero reflejará el avance que registró la oposición en los últimos comicios legislativos, que le hizo perder al chavismo la mayoría calificada de la que goza hasta ahora.
Antes, el bolivariano había logrado el nombramiento de nueve jueces titulares (por doce años) y 32 suplentes (por seis) para el Tribunal Superior de Justicia de 32 miembros. Para hacerlo, necesita dos tercios de la AN, lo que justamente no tendrá desde 2011.
En tanto, anoche el parlamento saliente aprobó anoche una nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que extiende a Internet los contenidos de difusión prohibida.
En concreto, la norma define en su artículo 28 dichos contenidos como los que «inciten, promuevan o hagan apología al delito», «constituyan propaganda de guerra», «fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público», «desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas», «induzcan al homicidio» o que «inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente». Asimismo, se hace responsables a los proveedores de “restringir, sin dilaciones, la difusión” de tales mensajes, so pena de sufrir multas de hasta el 4% de sus ingresos brutos.
Realmente, algunas de esas disposiciones son de difícil cumplimiento, ya que implica un control sobre todo lo que se publique en un blog como éste, o en Twitter, o en Facebook, etcétera.
Es imposible justificar estos avances. ¿En qué sistema democrático un hombre, uno solo, puede obtener poderes para legislar por un año y medio, convirtiendo al parlamento de su país en un mero objeto decorativo? Tampoco deben olvidarse las proclamas de jefes militares en el sentido de que desconocerán a cualquier gobierno no chavista.
No ignoramos el carácter impresentable y hasta golpista de buena parte de la oposición venezolana (cosa sobre la que escribimos acá y acá, por caso), pero ésta es la que hay, con la que, tarde o temprano, Venezuela deberá convivir.
Poco colaboran con la Argentina quienes, desde el oficialismo y desde la oposición insisten, en curiosa coincidencia, en asociar kirchnerismo y chavismo.
La simpatía ideológica o la coincidencia con ciertos diagnósticos de coyuntura o en cuanto a los sectores con los que se antagoniza no deben velar las evidentes diferencias. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por caso, no tiene nada que ver con lo que Chávez ensaya hoy en Venezuela: ni más ni menos que una revolución con un marcado perfil personalista.
Nadie puede decir seriamente que ése sea el camino que ha elegido nuestro país.