Los ajustes fiscales han sido tradicionalmente en Bolivia una causa directa de la crónica inestabilidad política. Gonzalo Sánchez de Lozada subió los impuestos para no aumentar el precio de los combustibles y comenzó a cavar su tumba política, aunque su salida del poder no responde a ese único hecho. Un año después fue Carlos Mesa quien encareció las naftas (para recortar los subsidios) y desató el movimiento autonomista-separatista del Oriente del país, que llegó incluso a tener contra las cuerdas a Evo Morales.
El presidente se anima ahora con este tema. Lo hace dada la necesidad de reducir subvenciones a las naftas y el gasoil (que, dado el congelamiento de siete años de los precios, insumen ya u$s 380 millones por año, u$s 1.900 millones en un lustro, en buena medida volcadas a usuarios de alto poder adquisitivo), de mantener el equilibrio fiscal (una constante durante la era Morales, más allá de sus políticas redistributivas), de fomentar la extracción de petróleo y de poner coto al contrabando de combustibles hacia los países limítrofes dado el diferencial relativo de precios. Así, las naftas se encarecerán hasta un 57% y el gasoil, el fluido más usado (junto al gas natural) en el transporte público y de mercancías, un 82%.
Los riesgos políticos son elevados. El sindicato de choferes, que nuclea a 175.000 trabajadores comienza hoy y será por tiempo indeterminado. Por otro lado, ha comenzado una incipiente ola de remarcaciones de precios, algunos, como el pan, de la canasta básica. Se sabe que el transporte es insumo y costo de todos los bienes y servicios de una economía.
No por nada, el anuncio del ajuste, el mayor en una década en el país, le cupo ayer al más que influyente vicepresidente, Álvaro García Linera, preservando a Morales, quien había viajado a Venezuela.
Para paliar el descontento, se prometió un congelamiento de tarifas de los servicios públicos y aumentos de los salarios superiores a la inflación del 5% prevista para este año. Antes del “gasolinazo”, desde ya.
La economía boliviana vive un momento de bonanza, pero diversos factores la recortaron este año. Si bien las inversiones en el sector gasífero van viento en popa, la peor sequía en 30 años limitó la producción de alimentos y un paro en el importante sector minero también se hizo sentir. Así, el crecimiento estimado del 4,5% no será tal y el gobierno supone que no superará el 4%, con el consiguiente recorte de los ingresos fiscales.
Aun así, el Presupuesto 2010 se había realizado con parámetros conservadores, esto es con un precio del barril de petróleo de 61,5 dólares. Se sabe que éste se ha ido acercando en los mercados mundiales a los u$s 80 e incluso a los u$s 90, por lo que el déficit fiscal proyectado del 4,5% de PBI terminará el año en un superávit cercano al 1,5%.
Positivo, pero escueto en un esquema económico que ha volcado la renta gasífera (creciente gracias a la nacionalización) al gasto social, como el ingreso universal para los ancianos, compensación necesaria en un país con elevados índices de pobreza, con una enorme extensión del trabajo informal y, con esto, una cobertura jubilatoria más que limitada.
Esto, entre otras medidas, le ha permitido a Morales reducir la pobreza. Ésta afecta hoy al 35% de los bolivianos, según la Cepal, cuando en 2000 involucraba al 51%. Si bien el organismo rastrea la tendencia decreciente en los comienzos de la década, ésta se acentuó con la llegada de Evo Morales al poder en 2006.
La movida es de alto riesgo. Pero Evo no es Sánchez de Lozada ni Mesa, y el apoyo de una mayoría de la población (63% en su reelección hace un año) hace incomparable la situación actual con las convulsiones del pasado.