Ni bien asumió, Dilma Rousseff prometió ajuste fiscal y baja de impuestos para paliar la sobrevaluación del real, y sugirió que entregará al sector privado la ampliación y operación de los aeropuertos en el marco de las obras para el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Seducción pura al mercado.
Pero también hubo un gesto hacia su base electoral de izquierda: el anuncio de que se conformará una Comisión de la Verdad, destinada a recabar información sobre la suerte de los 400 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura que gobernó Brasil entre 1864 y 1985.
La idea disgusta a las Fuerzas Armadas y a su vocero dentro del gabinete, el confirmado ministro de Defensa Nelson Jobim, quien dejó de lado las aprensiones que mostró antes del cambio de Lula da Silva por Dilma y ahora dice apoyar la iniciativa.
Ésta resulta “aceptable” mientras no altere lo central de la ley de amnistía de 1979: que nada cruce el umbral de los tribunales, es decir, que no haya juicios por violaciones a los derechos humanos. Dilma acepta ese límite, es cierto, pero en su defensa hay que decir que en su primera semana de gestión ya demostró estar dispuesta a ir más allá que Luiz Inácio Lula da Silva en ocho años…
Sin embargo, ese dique podría romperse, y la apertura de juicios tornarse inevitable.
Recordemos que Rousseff es una exguerrillera (ver imagen) y que asumió el poder rodeada de compañeras de cautiverio.
El Superior Tribunal Federal de Brasil (STF, corte suprema) ratificó el año pasado la vigencia de la amnistía, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al país por el secuestro, tortura y desaparición de 62 personas en el marco de la represión a la guerrilla de Araguaia (Amazonia) en los años 70, y por no haber dado información sobre lo ocurrido con ellas. Le ordenó indemnizar a los deudos, investigar lo ocurrido y someter a los responsables a juicio en los tribunales ordinarios.
El nuevo ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, reconoció ayer que ese fallo puede influir sobre el STF. «Tengo una posición jurídica y eso puede tener repercusión en el Superior Tribunal Federal, pero no puedo anticipar nada. La reparación de la verdad es fundamental», dijo al canal estatal TV Brasil.
El avance del concepto de que los derechos humanos tienen validez universal y que sus violaciones son imprescriptibles e inamnistiables hace esperar que más temprano que tarde el camino de la justicia comience a abrirse paso.
Algo análogo ocurre en Uruguay, donde José Mujica (partidario piadoso de que los represores “viejitos” no estén en prisión) y el ala del Frente Amplio que más se empeña en mantener el statu quo intentan bloquear la iniciativa de derogar la Ley de Caducidad. Ésta, hay que reconocerlo, ha sido ratificada dos veces en referendo por los uruguayos, pero choca con los tratados internacionales firmados por el país.
Habrá que elegir entonces: o se denuncian esos tratados o se los cumple.