Una encuesta de CBS arrojó que, para el 57% de los consultados, el clima de odio generado por la ultraderecha conservadora de Estados Unidos (con Sarah Palin a la cabeza, ver foto) no tuvo nada que ver con la matanza de Arizona. No es lo que piensa allí la mayoría de los analistas y no es lo que pienso yo.
Pero, además del odio del asesino, hace falta el arma que va a utilizar. Y ése es, justamente, el debate que vuelve, como tantas veces en ese país enamorado de las pistolas, los fusiles y los rifles.
El Congreso, poder que se siente particularmente agredido por lo ocurrido, ya que el blanco del atentado era una representante (diputada), Gabrielle Giffords, quien ya respira por sus propios medios pero cuya recuperación es aún una incógnita, dados los daños que la bala puede haber producido en su cerebro. No sorprende por eso que ya se conozca de proyectos de ley destinados a imponer nuevos controles a la compra y tenencia de armas de fuego, particularmente uno que busca vedar la compra y venta de cargadores de múltiples como los que usó Jared Lee Loughner, el demente de 22 años que hizo 31 disparos a quemarropa, matando a seis personas (una niña de nueve años y un juez federal entre ellas) e hiriendo a 14.
Pero, dados los antecedentes, el activismo de la derecha y el inmenso poder de lobby que ejerce sobre republicanos y demócratas la Asociación Nacional del Rifle, podemos aventurar que ningún proyecto de envergadura terminará siendo aprobado. Todo sea en nombre de la sacrosanta Segunda Enmienda, que consagra el derecho a la libre tenencia de armas. Celosa de la Constitución, la Corte Suprema ha fallado (¡qué palabra tan pertinente!) habitualmente en contra de posibles limitaciones.
La propia Giffords dijo en 2008 para justificar un voto contrario a una ley restrictiva en el área de la capital, Washington DC: “Como propietaria de armas desde hace tiempo, creo que el derecho de poseer y llevar armas no debe depender de la ciudad en la que se vive», dijo Giffords. Tremenda ironía.
Así, cualquier persona puede comprar un arma de fuego en Estados Unidos a menos que se demuestre que eso significaría un peligro para sí mismo o para los demás. Como los estados no están obligados a brindar ese tipo de información, sólo 22 sobre 50 lo hacen voluntariamente. Y a regañadientes, en muchos casos, Tanto que Arizona, epicentro de la masacre y donde el mercado de armas es virtualmente libre, envió en 2008 historiales personales sobre 4.465 compradores, cuando se estima que debería haber reportado al menos 120.000 casos, según datos del Sistema Nacional de Revisión de Historial Criminal Instantáneo (NICS).
No sorprende entonces que Loughner haya podido comprar sin problemas en Tucson su Glock 9 mm a pesar de sus numerosos antecedentes de problemas mentales (fue echado de la Universidad de Pima County y, por consumo de drogas, rechazado en su intento de entrar al Ejército). Ningún problema: en Arizona los republicanos lograron que sea legal portar armas en espacios públicos a condición de que las mismas no se vean.
Según datos del grupo Campaña Brady, “entre 1979 y 1997 murieron más personas en este país por armas de fuego (651.697) que en todas las guerras en las que ha participado desde la Revolución Americana (650.858)”, dice hoy El País. En 2009, hubo casi 10.000 asesinadas con armas de fuego.
Y sigue el artículo: “En los años noventa, alrededor de un 75% de los norteamericanos eran partidarios de medidas de control de las armas; una encuesta publicada ayer por Gallup reducía esa cifra al 44%”.