La hermandad latinoamericana ha sido un concepto evocado hasta el hartazgo a lo largo del tiempo, aunque durante la mayor parte de la historia bicentenaria de la América independiente ha permanecido más como un eslogan que como una realidad. Hoy, cuando como nunca es llevado a la práctica incluso por gobiernos sin afinidades ideológicas, cabe preguntarse si el discurso edulcorado de la unidad no ha encontrado nuevos límites y recelos inesperados, algunos francamente inesperados.
La polémica cada vez más caldeada entre Evo Morales y Fernando Lugo (dos presidentes que se han jurado amor eterno en público más de una vez) por el posible asilo paraguayo al destituido gobernador opositor de Tarija, Mario Cossío, es un buen ejemplo de esto. Y se suma a las heridas que dejó en la relación entre la Argentina y Chile, países que han convertido en un emblema internacional la superación de sus diferencias tradicionales, el refugio concedido por Cristina de Kirchner al ex guerrillero Sergio Apablaza Guerra.
Pese a obstáculos de coyuntura, la consolidación del proyecto del Mercosur ha hecho mucho por convertir en realidad aquella declamada consigna. A su núcleo fundacional, conformado por la Argentina y Brasil, se sumaron desde el inicio Uruguay y Paraguay. Luego, en carácter de «países asociados», se acercaron Chile, Perú y Bolivia.
Mientras, en paralelo, se intenta hacer crecer la visión de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), de modo de unir lo que las dos primeras oleadas habían dejado afuera.
La integración regional no puede agotarse en lo comercial. Lo político es más arduo, dadas las diferencias ideológicas entre los distintos gobiernos, aunque incluso en ese campo se han logrado niveles de consenso remarcables en situaciones particularmente delicadas, como las crisis institucionales de Bolivia (2008), Honduras (2009) y, más recientemente, Ecuador, por no remontarse más atrás. O ante conflictos crónicos, como la rémora colonial en Malvinas.
Se supone que la integración económica, cultural, política y hasta militar que se intenta fortalecer se funda en bases mínimas compartidas por todos los miembros del club. El respeto de nociones mínimas de democracia debe ser uno de esos pilares infaltables, si no el principal. ¿Cómo se entiende, entonces, que Lugo haya hablado de «indicadores» de «persecución política» contra Cossío en Bolivia, definición que preludia una más que probable concesión del asilo político?
No discutimos aquí las razones esgrimidas por el exgobernador ni los dichos del mandatario paraguayo. La sorpresa responde a un hecho más formal, pero clave. ¿Cómo se puede ponderar a un Gobierno vecino, compartir con él foros como el Mercosur, la Unasur y hasta la comunidad iberoamericana, si aquél incurre en actos de persecución contra sus opositores y si no garantiza condiciones de defensa en juicio para sus ciudadanos?
No puede perderse de vista que la de Lugo es una figura central, pero solitaria en la política paraguaya, que los poderes regionales, la oposición legislativa y hasta sus socios (enemigos íntimos) de coalición lo acechan en lo interno y socavan las alianzas que éste establece en lo externo. El veto legislativo tácito al ingreso de Venezuela al Mercosur, el último paso que resta cumplir en ese trámite, es sólo un ejemplo de los condicionamientos que enfrenta.
El Gobierno argentino explicó muy poco el refugio concedido a Apablaza, un exguerrillero acusado de delitos de sangre en los albores de la democracia tutelada que capitaneó Patricio Aylwin. Acaso para no generar una herida más profunda y apostar a una superación de facto más rápida de la crisis abierta con Chile, evitó referirse (es una presunción) a aspectos de la legislación del país vecino, como la Ley Antiterrorista (muchas veces reformada, pero nunca al punto de asegurar el derecho de defensa en juicio) que podrían hacer más defendible la decisión.
En otro orden, Morales y Rafael Correa salieron ayer en defensa de Hugo Chávez, acusado a su vez por el titular de la devaluada Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, de haber vulnerado los principios democráticos con la Ley Habilitante que le aprobó el parlamento venezolano que acaba de caducar, que lo faculta a gobernar por decreto durante un año y medio. No es casual que los dichos de Insulza, quien fue zamarreado una vez más por el bolivariano, se hayan producido al mismo tiempo que los del jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Arturo Valenzuela, prácticamente calcados.
Por otro lado, uno de los resultados más encomiables de la Cumbre Iberoamericana realizada en Mar del Plata a principios de diciembre último fue la aprobación de la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia en Iberoamérica, la llamada «cláusula democrática». Ésta impone la exclusión del foro de los países en los que se interrumpe el orden constitucional. ¿Y Cuba? Es miembro del club. Evidentemente, la fórmula se pensó para casos como los de Ecuador y Honduras, pero no puede ignorarse que la excepcionalidad cubana supone una incoherencia digna de mención, más allá de la irritación que mostraron algunos cancilleres cuando la prensa se las hizo notar.
Se podrían incorporar más casos, como la pelea Bolivia-Perú (otra vez Bolivia) desatada en 2009 por el asilo concedido a tres ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada (exiliado a su vez en Estados Unidos y reclamado por Bolivia por el supuesto delito de genocidio), pero no se alteraría la esencia de la cuestión.
Cabe interpretar, así, que, en el fondo, lo que está en discusión para actores importantes de la política regional es el carácter democrático de algunos gobiernos, como los de Bolivia o Venezuela, independientemente de las lisonjas públicas de fórmula. Si esto no es así (como en el caso de Chile), es que se duda de aspectos centrales de legislación, como la presunción de inocencia y el derecho de defensa en juicio. O, por último, que a veces se hacen primar consideraciones de tipo político o ideológico que estiran hasta el abuso la necesaria institución del asilo político. Discusiones que, a esta altura, se desearía que estuvieran saldadas definitivamente.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).