Como si no tuviera suficiente con su historia de miseria y sangre, todas las calamidades del mundo volvieron a conjurarse en el último año contra Haití. El terremoto del 12 de enero de 2010 (con su secuela de 316.000 muertos y más de un millón de refugiados, cerca del 10% de la población), el posterior huracán y una epidemia de cólera cuya cuenta fatal se aproxima ya a 4.000 marcaron una seguidilla feroz que sólo podía empeorar por dos factores: la reaparición de los componentes más brutales de la política local y la impotencia e hipocresía de una comunidad internacional que le había prometido toda la ayuda necesaria para soñar con un nuevo comienzo.
El sorpresivo retorno de Jean-Claude Duvalier, el monstruo que sometió al país entre 1971 y 1986, es sólo el último jalón de esa cadena de desastres. Y, a la vez, un señalamiento de las complicidades internacionales que le permitieron disfrutar de un exilio dorado en Francia durante 25 años sin rendir jamás cuentas por sus crímenes.
La locura represiva de los «tonton macoutes» bajo la tiranía de su padre François, «Papá Doc» (1957-1971), cambió de nombre con «Baby Doc», que reemplazó a los anteriores por los «leopardos». Pero la cacería de civiles continuó ajena a los cambios de nomenclatura y se resumió en la muerte de entre 30.000 y 60.000 personas y el exilio de otras 100.000.
La revuelta de 1986 terminó con su régimen, pero los intentos de llevarlo a los tribunales para responder por esos asesinatos y por la surrealista corrupción de su régimen nunca llegaron a buen puerto.
Su pedido de asilo fue inicialmente rechazado por Suiza, España, Grecia y Marruecos, y sólo Francia aceptó recibirlo de manera «temporal». Las transiciones a veces se hacen largas, parece.
En 1998, un grupo de exiliados intentó terminar con su impunidad, pero el Gobierno de Jacques Chirac, que en público lo repudiaba, dijo que, dada la libertad de movimiento de personas dentro de la Unión Europea, le resultaba imposible verificar su paradero.
Los precedentes de la actuación de la Justicia española contra Augusto Pinochet o militares argentinos acusados de violaciones a los derechos humanos (una pretensión de «universalidad» que, se sabe, terminó cuando Baltasar Garzón pretendió investigar los delitos cometidos en casa) no sirvieron para darle caza. Tampoco lo hecho por la Justicia internacional con los crímenes en la ex-Yugoslavia, Ruanda y otras calamidades fue suficiente para terminar con su bucólica estadía repartida entre la Costa Azul y París.
Eso sí, hace cinco años, cuando intentaba postularse para las elecciones de 2006, ensayó una autocrítica y, como tantos dictadores, se sometió al etéreo tribunal de la Historia. El único que, parece, podrá alcanzarlo alguna vez.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos reclamaron ayer que, por fin, responda por sus horrores. «El regreso de Duvalier a Haití debería servir sólo para una cosa: que se enfrente a la Justicia», dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. «Las extendidas y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas en Haití bajo su mando son crímenes contra la humanidad», señaló, por su parte, Javier Zuniga, consejero especial de esa misma organización. «Haití está obligado a perseguirlo a él y a cualquier otra persona responsable de tales crímenes», añadió.
El problema es que el Estado haitiano no existe, y que, más allá de las complicidades que puedan tener las actuales autoridades en su retorno, no parece sensato esperar que lo detengan y se arriesguen al estallido de una guerra civil que no podrían controlar. La mirada, más bien, debería dirigirse hacia la comunidad internacional que tutela el país.
Ésta mantiene una presencia militar (Minustah), que ha hecho grandes esfuerzos para, al menos, mantener niveles mínimos de estabilidad y seguridad. No es a estos efectivos, liderados por Brasil y con destacada participación de militares argentinos, a quienes les cabe un reproche sino a la conducción política de la misma comunidad internacional que ha permitido hasta hoy una impunidad tan escandalosa. ¿Los delitos de lesa humanidad no son, acaso, imprescriptibles y universalmente perseguibles?
Conmovidos por los efectos del sismo, los líderes internacionales prometieron reconstruir el país. Acudieron a una conferencia ad hoc en Nueva York. Se sacaron fotos, se mostraron sensibles y prometieron una ayuda de 10.000 millones de dólares. Lo que llegó a Haití hasta ahora es un escaso 10% de esa cifra. Mientras, los escombros siguen donde estaban, los refugiados malviven en los mismos campamentos y el agua potable sigue siendo una quimera.
Pero hubo, por si fuera poco, otro papelón. La porfía de organizar elecciones presidenciales en esa situación humanitaria crítica no tuvo un final feliz. Según acaba de reconocer con cierto pudor la vaporosa Organización de Estados Americanos (OEA), los comicios del 28 de noviembre registraron un escandaloso fraude a favor del postulante oficialista Jude Celestin, quien, se supone, será excluido del balotaje.
El mundo había prometido soluciones a un pueblo carente de una clase dirigente que le permita valerse por sí mismo. Pero hasta ahora, parece, sólo ha sido un componente más del galimatías haitiano.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).