Toda causa innoble tiene defensores, se sabe. El secuestro del presidente de Honduras Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 fue, para aquéllos, una detención. Su traslado en pijama y a punta de pistola al exilio, un modo altruista de garantizar su seguridad y evitar el derramamiento de sangre. El golpe de Estado resultante, un cambio institucional de Gobierno. ¿No se respetó, al cabo, la línea sucesoria, con la entronización del jefe del Congreso, Roberto Micheletti?
Zelaya, para ellos, había violado la Constitución de 1982, pecado mortal para una clase política tan puntillosa de la legalidad como la hondureña. Finalmente, el artículo 42 inciso 5 de la misma establece como causal de la pérdida de ciudadanía el “incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”. Una cláusula pétrea, inmodificable, que Zelaya había violado al convocar a una consulta popular no vinculante sobre el tema.
Lo demás es conocido: América Latina sí denunció y condenó el golpe, el grouchomarxista Barack Obama la acompañó al principio pero, pragmático como es, terminó cediendo ante “la realidad” (cosa que hace siempre, por otro lado) y arrastró a sus aliados regionales primero hacia la comprensión con los golpistas y luego hacia el perdón a sus herederos. Con la ayuda valiosa de la España socialista, tal como le reconoció ayer Hillary Clinton a su par Trinidad Jiménez. Una “cooperación” que no bastó para que Argentina y Brasil, entre otros, levanten el veto para la reincorporación de Honduras a la OEA y a instancias como la Cumbre Iberoamericana. Enhorabuena.
El golpe triunfó, para satisfacción de los amantes de un republicanismo tan sui generis. Sin embargo, el presidente surgido de un proceso electoral curioso convocado por los golpistas (con el mandatario derrocado en el exilio, estado de sitio, toque de queda, decenas de muertos en manifestaciones reprimidas, periodistas asesinados, censura y cierre de medios), Porfirio Lobo (foto), recibió ayer con satisfacción la decisión del Congreso de reformar la carta magna, lo que abriría camino a su reelección en 2013. Una posibilidad que, como buen republicano, declinó afirmando que su compromiso con la patria caducará “el 27 de enero de 2014”. A no ser que sea necesario cambiar de idea, claro.
En concreto, el Congreso habilitó un referendo para reformar la Constitución, cuyo resultado deberá ser, a su vez, ratificado por los dos tercios del legislativo. Más que lo intentado por Zelaya, que sigue mirando la película desde República Dominicana.
Así, las cláusulas pétreas de la Constitución de Honduras valen lo mismo que las convicciones de los farsantes del republicanismo y que los principios democráticos de Obama para el patio trasero. Si hubiera coherencia, deberían perder la ciudadanía el actual presidente conservador y todos los legisladores que votaron la reforma… o habría que traer del exilio a Zelaya, condecorarlo y reinstalarlo en el poder.
“Hoy hemos llegado a entender que el pueblo es superior a nosotros, los diputados”, dijo, emocionado, el presidente del Congreso, Juan Hernández, hombre del Partido Nacional. El de Lobo (nos abstenemos de hacer chistes fáciles con los nombres), desde ya.
La realidad es que a Zelaya lo derrocaron por haber llevado a Honduras al ALBA, por haberse aliado a Hugo Chávez, por haber intentado la quimera de subir un 62% el salario mínimo poco antes del golpe en uno de los países más pobres del hemisferio. Por “comunista”, como se sinceró una vez, brutal, Micheletti.
Es decir, por ser lo que no agrada a los poderes fácticos. Removido él, ahora sí conviene eternizar a gente “del palo” en el poder. Por las dudas, ¿no?
Lo demás fue sólo una farsa de los republicanos de ocasión, que aún hoy deben reírse mucho por su picardía y por lo bien que les salió su movida.
Cosas que solamente pasan en Honduras, por suerte.