Que alguien haya sido izquierdista en su juventud no es suficiente para afirmar mecánicamente, cuando esa persona llega al poder décadas después, que su gestión se corresponda con aquellos ideales. Aclaración importante: no hablo siquiera de sus convicciones íntimas, de su corazón, verdades que sólo el individuo conoce y sobre las que no vale opinar desde afuera. Me refiero al producto de una gestión que, a no ser por el énfasis en el mantenimiento de políticas sociales valiosas que lo precedieron, poco tiene en los hechos de aquella vieja impronta.
Hablo de José Mujica, desde ya. Podría referirme a las piruetas para mantener, con cambios cosméticos, el secreto bancario, institución contra la que el Frente Amplio hacía activa campaña en el pasado. También a una intención varias veces sugerida de avanzar en el libre comercio con Estados Unidos (en realidad durante la administración de Tabaré Vázquez), que ha quedado de lado más por falta de voluntad de Washington que de Montevideo. O, porqué no, a una ley de inversiones extranjeras que, ya con media sanción, los legisladores del FA sólo votan por disciplina. Pero hay algo aun más profundo.
Hablo de la política de derechos humanos y de la controversia interna en la alianza de izquierda por la propuesta de declarar nula la ley de Caducidad, posibilidad contra la que Mujica declaró una sorprendente yihad. Iniciativa que, si todos los diputados acatan la orden de la cúpula partidaria, el próximo día 19 debería ser sancionada de manera definitiva. Es más, ya fue aprobada por los diputados, pero el trámite regresa a la cámara baja debido a las enmiendas que le introdujeron los senadores.
Sin embargo, un par de legisladores ya dijeron que podrían desobedecer. O, lo que es lo mismo, hacerles caso a Mujica, Vázquez y al actual vicepresidente Danilo Astori.
Los trece años que Mujica pasó en la cárcel durante la última dictadura (1973-1985) y las torturas que padeció lo habilitan a ejercer un perdón sólo individual, no uno colectivo que cercene las ansias de justicia de otras víctimas. Tampoco le dan un derecho especial la ternura que le inspiran los ancianos presos y su necesidad de sobreactuar moderación, primero para llegar al Gobierno y ahora para sostenerse. Una frase como “la política del Frente Amplio hacia adelante es una bandera de derechos humanos desplegada a favor de los vivos” es más propia de un Eduardo Duhalde necesitado de captar el voto militar más rancio para superar el piso de votos establecido en la ley de internas abiertas que de un viejo tupamaro que sigue presumiendo de izquierdista. Castigar las violaciones a los derechos humanos no sólo es un ejercicio de justicia, retrospectiva, como no podría ser de otro modo, dado que la reparación siempre es posterior a la ofensa. También es la afirmación de los derechos de hoy y de mañana, los que defiende el Presidente uruguayo, tal es el del acceso a la justicia, denegado hasta la fecha a muchísima gente.
Tiene derecho a decir lo que quiera, claro, pero también lo hay a refutarlo. ¿Desde cuándo velar por los derechos humanos del futuro es incompatible con procesar a los que secuestraron, torturaron, violaron y desaparecieron en el pasado? Si alguna vez me lo explican, podría entenderlo. Hasta ahora no me parece más que un eslogan vacío, repetido ya hasta la náusea por el oriental.
La ley de Caducidad es un mamarracho pergeñado por la clase política tradicional uruguaya, bajo fuerte presión militar, en 1986. Época en la que el peligro de golpe seguía siendo creíble, las democracias regionales distaban de estar aseguradas y la idea de que las violaciones a los derechos humanos son crímenes imprescriptibles y universalmente perseguibles no había permeado aún en el sentido común.
Como engendro que es, permite al Presidente de la República decidir qué casos denunciados son sometidos a la Justicia y cuáles quedan amparados por la amnistía. Es decir, le da al Poder Ejecutivo facultades judiciales. ¿No es impugnable esto?
Pero hay más. Es cierto que la norma fue plebiscitada dos veces, pero es falso decir hoy que la voluntad popular es completamente soberana. Por polémico que esto suene, no hay voto popular que pueda blindar una ley ilegítima. Si un Adolf Hitler redivivo hiciera aprobar por el 90% de los votos una nueva versión de las leyes racistas de Nüremberg, ese resultado no validaría una monstruosidad semejante. Tampoco alcanzaría una votación mayoritaria para, por caso, cerrar el Congreso y darle poderes dictatoriales al Ejecutivo.
Que se entienda: no comparo la Caducidad con las Leyes de Nüremberg o con un autogolpe. Lo que cuestiono es que la regla de la mayoría sea sacrosanta y, por el contrario, afirmo que no lo es cuando su producto, como en este caso, priva a amplios sectores sociales de un derecho humano tan elemental como el del acceso a la justicia.
Hoy el respeto universal por los derechos humanos prima por sobre las legislaciones internas de los países. Para bien y para mal: en el primer caso, como disuasivo para que los tiranos que vengan, quienes conocerán de antemano los riesgos que corren con sus tropelías; en el segundo, por restar a los Estados herramientas político-jurídicas de pacificación como salida a confrontaciones internas graves. En cualquier caso, la soberanía popular dentro de un Estado queda limitado por los tratados internacionales, cortes como las de La Haya y un nuevo sentido común de carácter global.
Así, resulta irrelevante que la Caducidad haya sido plebiscitada dos veces. Más cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Uruguay por el caso Gelman (la desaparición de la nuera del poeta y la apropiación de la hija de esta) y lo conminó a investigarlo y a sancionar a los culpables. Uruguay tiene responsabilidades que cumplir en virtud de los tratados internacionales que suscribió. Si no, resulta muy simpático firmar acuerdos marketineros para desconocerlos cuando deben ser aplicados. Llama la atención lo poco que se resalta el fallo de la CIDH en muchas de las crónicas que se leen en estos días sobre lo que ocurre en el país hermano.
Por si eso fuera poco, la Corte Suprema declaró no una ni dos sino varias veces el carácter inconstitucional de la amnistía. Pero, sensible a la polémica política en torno a la cuestión, le ofreció a Mujica la semana pasada un salvoconducto por demás curioso: si bien la Caducidad contradice la Constitución, los crímenes de la dictadura no son delitos de lesa humanidad, por lo que prescribirán este año. Impresentable. Indigno de un país tan serio como Uruguay.
No se trata ya de criticar a Mujica por tener un discurso para cada auditorio, su énfasis en presentarse como el izquierdista manso y preferido del establishment o sus irritantes comentarios antiargentinos. Esto es algo más serio. Su activismo contra una medida de estricta justicia es una afrenta.
Por suerte el Frente Amplio mantuvo el fin de semana el mandato para que sus legisladores declaren la nulidad de la ley de Caducidad. Así será… a no ser que un par de oportunos rebeldes leales a Mujica logren convertir esa intención en papel mojado.