Este blog, dedicado habitualmente a temas internacionales, suele hacer excepciones cuando una cuestión local lo amerita. Es el caso de la polémica por el uso de la boleta única en las elecciones del 23 de octubre.
Salta a la vista que la insistencia de la oposición política en la cuestión hace caso omiso a la inconveniencia de  imponer un nuevo sistema en la mitad de un proceso electoral y a escaso mes y medio de la votación. Una pretensión que cuestionaría agriamente si el impulsor de semejante dislate fuera el oficialismo, siempre, claro, en clave de pureza republicana.
Más allá de que el debate necesariamente deberá quedar, por razones éticas y políticas, para después de los comicios, cabe referirse al fondo de la cuestión.
La intención de terminar con el robo de boletas (si bien marginal en términos globales, siempre molesto y propicio para las reyertas) es loable. No así el método sugerido, que si bien tendría ese efecto benéfico implicaría otros males no menos importantes. Consecuencias que se soslayan en un debate público de sorprendente pobreza.
Uno, la facilidad que otorga para realizar fraude en mesas con escasa fiscalización de todas las agrupaciones intervinientes en el comicio. Agregar una cruz a una papeleta sería un método sencillo y eficaz de invalidar ese voto.
Pero hay algo más importante. Un sistema de votación debe pensarse en el contexto de un diseño institucional deseado. Quien esto escribe cree que un problema central de la política nacional es la gobernabilidad, algo evidente si se repasa la suerte que corrió el  mandato de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa; que el de este último haya debido incluir para su conclusión al candidato que había salido tercero en 1999, Domingo Cavallo, como virtual primer ministro, y al que salió segundo, Eduardo Duhalde, sin que por ello se cumpliera con ese cometido; los cinco presidentes en la semana de locura de fines de 2001; los problemas que siguieron a la crisis del campo de 2008.
Si la lista sábana lleva a un voto uniforme, la boleta única, en cambio, incita al votante a optar por diferentes alternativas para las diferentes categorías, propiciando la consagración de poderes ejecutivos de un signo y legislaturas de otro. Pasó en Santa Fe, con el triunfo del socialista Antonio Bonfatti y del FPV para la legislatura. ¿Es lo que se quiere para el nivel nacional, donde hay un Congreso que, además, tiene el problema crónico de la proliferación de los monobloques y los maxikioskos, del transfuguismo y la indisciplina partidaria? ¿Un sistema electoral tal facilitaría o dificultaría la gobernabilidad del país?
Curioso (o no tanto): si bien octubre parece jugado, la oposición juega todas sus cartas al corte de boleta para salvar la ropa en las elecciones legislativas, provinciales y municipales. Ni se piensa a futuro como opción de poder, situación en la que necesitaría ponerse a salvo de los problemas que generan los congresos fragmentados. Tampoco como partidos necesitados de marcos legales que tiendan a fortalecerlos y no a dividirlos todavía más.
Obviamente, no se plantea aquí que hay que subrepresentar a las minorías en pos de la gobernabilidad. Lo que se dice es que el sistema electoral es suficuentemente amplio en ese ítem.
Desde ya que hay quienes creen que la «hegemonía K» representa un problema mucho más acuciante que la ingobernabilidad en la Argentina. No es mi postura, pero es la de muchos. Quienes eso creen deberían pensar que la combinación de la representación proporcional con la lista única podría generar bloques legislativos verdaderamente insulares, incapaces de operar como contrapeso a un Ejecutivo poderoso. Esa tarea solo puede ser encarada por partidos fuertes y estructurados, con disciplina de bloque e impermables a la cooptación. Lo contrario de lo que generaría lo que se propone.
El voto electrónico, más allá de las dudas que pueden generar razonablemente softwares opacos para los legos, presenta el mismo problema: la lógica del ordenamiento de las propuestas que se presentan al votante lleva necesariamente a la lista única.
Una idea en la que sí cabe insistir, en cambio, es en que el escrutinio provisorio recaiga en la justicia electoral y no en el Poder Ejecutivo, una tara de larguísima data que el Gobierno debería revisar.
Cuando se quiere avanzar siempre es bueno saber adónde se va y poner los caballos delante de la carreta.