La elección del domingo en Venezuela no sólo obsesiona a quienes siguen de cerca la política de ese país y a quienes se interesan por los futuros alineamientos en Sudamérica. También importa, y mucho, a inversores convencidos de que un eventual triunfo del opositor Henrique Capriles generaría un flujo intenso de colocaciones en activos venezolanos. Muchos especulan, incluso, en que ese escenario se traduciría en una caída de hasta 300 puntos básicos del riesgo venezolano, algo que podría beneficiar en alguna medida a la Argentina.
Es indudable que ése sería el efecto financiero inmediato en ese escenario, pero cabe preguntarse qué ocurriría un poco después.
Desde ya que aquella tendencia debería reforzarse si Capriles cumpliera sus promesas de relanzar una PDVSA que hoy extrae menos petróleo que hace trece años, cuando Chávez llegó al poder, a pesar de que los precios internacionales decuplican los de entonces. Lo propio podría decirse si logra reducir la dependencia de ese activo y generar un proceso de crecimiento económico que libere inversiones privadas frenadas hoy por un modelo que mantiene fuertemente regulada la actividad y que ha deparado la estatización de más de un millar de empresas de todo tamaño y color.
La política, sin embargo, genera interrogantes diferentes. Pese a su retórica, Hugo Chávez ha sido un puntual pagador de los compromisos del Estado. Ese historial, sumado al respaldo que supone la cuantiosa riqueza petrolera del país, explica que, devaneos ideológicos aparte, Venezuela haya pagado habitualmente una tasa de riesgo menor que la Argentina, aunque ésta se empinó al calor preelectoral y hoy es algo superior. La continuidad del exparacaidista en el poder no debería alterar aquellos rasgos estructurales.
Si quien gana es su oponente, en cambio, habrá que comenzar a ponderar a mediano plazo serios riesgos asociados a la gobernabilidad.
Ocurre que, aun perdiendo el sillón del palacio de Miraflores, el chavismo seguirá constituyendo una fuerza política portentosa, dueña de una fuerte implantación institucional y territorial y, por ende, de un gran poder de chantaje.
La Asamblea Nacional, el parlamento unicameral, cuenta con una mayoría bolivariana de 95 bancas (90 de chavistas de paladar negro) sobre un total de 165. Una mayoría absoluta holgada, por más que no alcance a la calificada de dos tercios, que es la que permite hacer y deshacer a voluntad. Una situación que persistirá hasta 2016, la mitad del próximo mandato.
Una puja entre una AN chavista y un presidente anti derivaría, probablemente, en una parálisis administrativa, en un contexto en el que la tirria política, en lugar de reducirse, tendería a ampliarse. La alternativa sería confiar en una oposición chavista constructiva y cooperativa. Cada uno es libre de elegir sus sueños.
Por otro lado, no hay que olvidar el amplio poder territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que, al menos hasta los comicios del próximo 16 de diciembre, seguirá controlando quince gobernaciones sobre un total de veintitrés. Tampoco el control oficial sobre el aparato judicial, desde los tribunales inferiores hasta la justicia electoral y el Tribunal Superior de Justicia.
Por último, y, más importante, hay que tener presente el «cerrojo» que Chávez logró construir después del garrafal error ético y político que constituyó la apuestaopositora al golpe en 2002: la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La FAN fue severamente purgada entonces de sus elementos golpistas pero, además, se adosó a su estructura, como cuarto brazo, a la Milicia Bolivariana. Ésta, de discutible poder de fuego pero armada al fin y al cabo y fuertemente ideologizada, cuenta con 135.000 miembros que son el reaseguro último del régimen. «La revolución seguirá siendo pacífica, pero ya no será desarmada», prometió el Comandante tras su «17 de octubre». Y cumplió. Hoy el cuerpo jura por el lema de «Patria y socialismo, o muerte».
El ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, uno de los aliados más antiguos y estrechos de Chávez, causó un escándalo hace dos años al advertir que la posibilidad de un Gobierno opositor «sería vender al país. Eso no lo va a aceptar la gente, las Fuerzas Armadas, y el pueblo menos». Por si quedaban dudas, añadió: «la Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país». El que avisa no traiciona.
Si gana Capriles, algo que no puede asegurarse, desde ya, habrá una euforia inmediata en el mundo financiero. Pero el futuro, al menos en lo político, pintaría bastante menos brillante.
(Nota publicada en Ámbito Financiero).