La enfermedad de Hugo Chávez y su prolongada desaparición de la luz pública arrojaron a Venezuela a un berenjenal constitucional que tiene profundas y riesgosas implicancias políticas para los gobiernos de la región.
Sus defensores locales afirman, desde ayer con el previsible apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, que, por ser un presidente reelecto, su administración tiene continuidad jurídica, que la juramentación es un formalismo evitable y que, por lo tanto, Nicolás Maduro, el vicepresidente del mandato que expira hoy, puede reemplazarlo temporariamente.
Sus detractores, en tanto, examinan con lupa la Constitución de 1999, la misma de la que abominaron tantas veces, sobre todo en 2002, con sus principales referentes jugando al golpe y al lock out insurrecional, y en 2005, decidiendo no participar de los comicios parlamentarios y dejando, irresponsablemente, a toda la población en manos de un legislativo monocolor. Ahora sostienen que deben aplicarse las clásulas correspondientes a la acefalía, con la asunción del titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la convocatoria a nuevas elecciones en treinta días.
Dos «bibliotecas» juegan ásperamente en torno a la letra fría de los artículos 231, 233 y 234, una disputa sobre la que evidentemente no hay consensos y, como dijo ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, sobre la que se montan «una serie de cosas políticas más que jurídicas que es mejor que resuelvan los venezolanos».
¿Será tan así? ¿La comunidad internacional en general, y la región muy en particular, podrán darse el lujo de mirar el partido sin tomar postura?
En el corto plazo, Estados Unidos ha decidido seguir ese camino, seguramente para no profundizar un enfrentamiento bilateral que le paga poco y mal en su vínculo con otros países del hemisferio. Los gobiernos de Sudamérica más cercanos al bolivariano han manifestado su apoyo político al chavismo y a la salida constitucional impuesta; los otros, que se referencian en Washington, callan como su mentor. Pero la prolongación de este statu quo precario podría hacer que pronto, si el estado de salud de Chávez no se define para bien o para mal, la prescindencia resulte insostenible.
No por nada el influyente asesor en política internacional de Dilma Rousseff, una suerte de canciller informal para la región, Marco Aurélio Garcia, ya advirtió que, por un lado, no hay preocupación sobre la continuidad de la democracia en Venezuela, pero por el otro habló de poner a la transición un «plazo prudencial» y aludió al artículo 234 de la Constitución, que establece que «las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutiva por hasta 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más». ¿Después de eso, qué? ¿La «falta absoluta? Eso significaría elecciones.
Brasil habla por sí mismo, pero también por el Mercosur, y los gestos -las palabras de Marco Aurélio, la decisión de Dilma de no concurrir al acto chavista de hoy en Caracas- denotan una cierta toma de distancia. No hay que olvidar queel bloque mantiene suspendido a uno de sus miembros fundadores, Paraguay, por el juicio político express con el que se destituyó a Fernando Lugo, una falla evidente y un precedente peligroso que, acertadamente, se juzga que sólo podrá reparar una nueva convocatoria a las urnas, lo que ocurrirá en abril. El problema es que sería imposible explicar esa dureza con Asunción si se termina aceptando sin fecha una situación tan controvertida como la que se plantea en el país que ingresó al Mercosur justamente gracias a la suspensión de Paraguay. Ambos hechos son bien distintos, pero sería difícil explicarlos en simultáneo ante opiniones públicas intensas que han hecho de Venezuela casi una causa de política doméstica.
Polémicas jurídicas aparte, o justamente por ellas mismas, la «solución venezolana» parece «floja de papeles». Es común que se haga alarde de aquello que sobra para disimular aquello de lo que se carece, por lo que no debe sorprender que el chavismo ponga hoy en escena una manifestación imponente, un modo de resaltar la legitimidad de la voluntad popular sobre la que descansa el mandato que se inaugura a falta de, nada menos, la presencia del electo.
La definición del martes de Cabello, cuando la Asamblea trató el pedido de posponer la jura, animando al presidente a tomarse «todo el tiempo que necesite para atender su enfermedad» y volver al país «cuando la causa sobrevenida haya desaparecido», debe inquietar a los gobiernos vecinos. No se está hablando de un hombre con un problema menor que le impide estar en tiempo y forma en el lugar previsto para la toma de posesión, sino de uno con una enfermedad muy grave, que apareció en contadísimas ocasiones desde su triunfo electoral del 7 de octubre, de quien no se conoce ni una foto ni un audio, de cuya salud no informan médicos sino, y de modo por demás escueto, autoridades políticas de su círculo íntimo con intereses propios, alguien, en definitiva, que no pudo ni siquiera firmar por sí mismo la carta presentada al Poder Legislativo, que fue rubricada por Maduro. Éste gobernará desde ahora y no se sabe por cuánto tiempo, pero nadie lo ha votado. En Venezuela la designación del vicepresidente se realiza como sería en Argentina la de un ministro, por pura voluntad del mandatario, que puede designarlo, destituirlo o reemplazarlo en cualquier momento, sin que figure en una fórmula electoral.
En su última aparición, el 8 de diciembre, cuando entronizó justamente a Maduro como su heredero político, el propio Chávez no pensó en una salida como ésta. Al contrario, habló por primera vez de la posibilidad de dejar el poder y de que eso condujera a nuevas elecciones.
El precedente que se está creando es delicado: se pretende gobernar sine die en nombre de un mandatario largamente desaparecido, algo que parece totalmente reñido con lo razonable, refugio último y necesario de la juridicidad.
Cuando el golpe de abril de 2002, mientras Chávez permanecía secuestrado en la base militar de la isla de La Orchila, sus captores insistían en que tenían en su poder la renuncia firmada por el bolivariano. Con toda razón, sus seguidores, civiles y militares, exigían pruebas y la aparición de su líder para que confirmara o negara esos dichos. Nunca se debe hacer y deshacer a voluntad en nombre de un ausente.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).