En el Gobierno nacional se hablaba ayer con euforia de un «acuerdo histórico» y se presentaba el memorándum firmado con Irán en Adis Abeba, Etiopía, como el mayor avance de la causa AMIA en sus 19 años de tortuosas y muchas veces escandalosas derivaciones. El hecho de que por primera vez los ocho iraníes acusados por el peor atentado terrorista de la historia argentina (en su mayoría gente muy poderosa aún hoy) comparezcan ante el juez y el fiscal competentes, por más que se prevea que ello ocurra en Teherán y no en Buenos Aires, marca, sin dudas, un antes y un después. Asimismo, que la Casa Rosada apele a los familiares de las 85 víctimas directas de esa barbarie y al Congreso resultan salvaguardas éticas e institucionales importantes. Sin embargo, el entendimiento en sí y los dispositivos que crea no cierran sino que abren (una vez más) la cuestión y parecen destinados a exacerbar las polémicas que cruzaron a la comunidad judía local no bien se anunció la apertura del diálogo bilateral.
Básicamente, el pacto establece dos vías, de cuya independencia recíproca depende cualquier juicio sensato que pueda realizarse. Por un lado, el juez y el fiscal de la causa AMIA podrían tomar declaración a los sospechosos fuera del territorio nacional, gracias a jurisprudencia nacional que da validez a un procedimiento tal. Por el otro, se conformaría una «Comisión de la Verdad» compuesta por cinco juristas, dos sugeridos por cada país (sin que puedan ser ciudadanos de ellos, una mera formalidad) y un quinto que debe ser designado de manera consensuada.
En Cancillería se afirmaba ayer que ambas instancias actuarían de manera completamente independiente, una aclaración tan necesaria como obvia, dado que ninguna comisión internacional como la que se crearía ni la decisión unilateral de ningún Gobierno podrían cerrar una causa judicial. No en vano, el texto en castellano habla de un «informe» como producto de aquélla y no de un dictamen, lo que busca eliminar cualquier sospecha de que el mismo pueda tener pretensiones vinculantes.
Con todo, hay en el comunicado firmado por el canciller Héctor Timerman y por su homólogo iraní, Alí Akbar Salehi, elementos que reeditarán la desconfianza ya expresada por parte importante de la comunidad judía.
En primer lugar, que, según el texto conjunto, la «Comisión de la Verdad» tenga como rol encarar «una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados», provista por las partes, constituiría un escenario privilegiado para que la República Islámica realice su esperable descargo que, a no dudarlo, incluirá dosis importantes de su conocida retórica antiisraelí. Ayer mismo el presidente Mahmud Ahmadineyad reiteró sus llamados a erradicar el «sionismo», esto es al propio Israel, al que Teherán acusa, en el caso AMIA, de alimentar una sospecha infundada en su contra por motivos perversos. En junio habrá elecciones en Irán y Ahmadineyad, un conocido negador del Holocausto, no tendrá reelección, pero no por ello las líneas centrales de su argumentación cambiarán en un régimen cuyo paso no lo marca el presidente sino el verdadero poder, el guía supremo, hoy el ayatolá Alí Jameneí.
Segundo, tras estudiar los argumentos de las partes, la Comisión realizará «recomendaciones sobre cómo proceder con el caso», lo que augura un camino largo para la conclusión del proceso y el riesgo de que una causa ya demasiado manoseada lo sea todavía más, en este caso por la intervención de una instancia extrajudicial, internacional y en la cual el propio Irán tendrá voz.
En tercer lugar, cabe el riesgo de que la comparecencia de los acusados ante la justicia argentina resulte un paso irrelevante desde el punto de vista del avance de la investigación, por caso si, simplemente, se niegan a declarar, derecho que, lógicamente, el texto reconoce implícitamente. Un escenario semejante, si se avanzara hasta ese punto, alimentaría una sensación de frustración que no ha hecho sino crecer en casi dos décadas.
Cuarto, puede esperarse una fuerte polémica en torno a cómo designará la Argentina a sus dos representantes ante la Comisión de la Verdad, algo aún no aclarado y que, acaso, surja de la actuación parlamentaria prevista. ¿Impondrá el kirchnerismo su mayoría o apelará a consensos más compatibles con una decisión de Estado?
El asunto es espinoso y el gran aliciente para considerar el anuncio de ayer es que, tal como están planteadas hoy las cosas, la causa AMIA va, en su conexión internacional, a vía muerta sine die. No sorprende entonces que las autoridades de la mutual atacada en 1994 y que las de la DAIA, la representación política de la comunidad judía, hayan evitado ayer definiciones, a la espera de las aclaraciones que mañana Timerman hará ante los familiares de las víctimas. Éstos, mientras, oscilaron entre la cautela y el rechazo, reacciones similares a las que plantearon desde un comienzo. Así,Sergio Burstein, referente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, dijo aÁmbito Financiero que hoy la entidad analizará el anuncio junto con sus letrados. «Tengo una opinión personal formada, pero eso no viene al caso. Lo que importa es la de la agrupación que represento», aclaró a este diario. En tanto, desde la otra vereda, Luis Czyzewsky afirmó que el anuncio es «un paso atrás monumental» y que «crear una comisión para revisar pone en duda lo resuelto por la Justicia argentina». Referentes de la oposición, esperablemente, comenzaron anoche a sumar su condena.
¿Qué gana Irán con todo esto? Sobre todo el intento de desactivar un tema que contribuye a su aislamiento internacional, algo necesario en un año en el que planea la amenaza israelí (con reticencia estadounidense… sólo por ahora) de un bombardeo a sus instalaciones nucleares, sospechosas de perseguir fines militares. Argentina es, encima, miembro rotativo del Consejo de Seguridad de la ONU, un cuerpo que definirá si un eventual ataque preventivo cuenta o no con el necesario aval jurídico.
¿Y la Argentina? Destrabar la causa que debe echar luz y justicia sobre uno de los hechos más lacerantes de su historia. El sendero para lograrlo es estrecho, y serpentea entre las desconfianzas lógicas que despierta un régimen con un historial terrorista indisimulable, entre las condenas de quienes se interesan más por evitar la emergencia de un Irán nuclear que por hacer justicia para los 85 muertos de la AMIA y entre los entresijos de una causa a la que muchos no han hecho otra cosa que enredar. Una apuesta de alto riesgo.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).