El lenguaje político en la Argentina se caracteriza, de modo cada vez más frecuente e intenso, por una marcada agresividad. Con más intuición que precisión, podría hablarse de un tercio de los ciudadanos que, por vocación moderada de algunos de ellos o por falta de interés en el día a día de la política del resto, observa a los otros dos tercios, ideológicamente sobreestimulados, lanzarse acusaciones de todo tipo.
Desde la tribuna de la militancia kirchnerista más dura es habitual que todo lo que suene a conservador o de centroderecha sea tildado de «facho»; desde la popular de enfrente, es cada vez más frecuente encontrar tremendismos que emparentan  al gobierno con un «régimen» y que, incluso más audazmente, le endosen los calificativos de «autoritario», «totalitario» y hasta «nazi».
En las últimas semanas se han escuchado y leído innumerables referencias en este sentido, sobre cuyo potencial peligroso cabe llamar la atención. Referentes políticos como Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, entre otros, han incurrido en esos excesos en declaraciones públicas o, acaso sólo un poco más excusable, en los 140 caracteres sin filtros de racionalidad a los que invita la red social Twitter.
Continuando una saga iniciada hace tiempo por la revista Noticias, con aquella memorable portada que retrataba a Néstor Kirchner en uniforme nazi, el diario Clarín, en llamativa coincidencia temporal con los dichos de los dirigentes recién mencionados, publicó un artículo que vinculaba a través del recurso al control de precios al kirchnerismo con el imperio babilonio y el Tercer Reich. Vaya audacia.
Pero si de «uso creativo» de la historia se trata, nada superó el editorial del diario La Nación del mismo día, el 27 de mayo, titulado «1933». Éste, entre muchos otros conceptos desafortunados,  invitaba a reflexionar sobre «ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta». «Salvando enormes distancias», claro.
La mencionada coincidencia temporal de esos juicios invita a preguntarse si se trata de un mero contagio, por el que un concepto disparado por una parte, «inspira» a otros en su pulsión de expresar un enojo volcánico o si, en cambio, responde a consensos tácitos que tienden, más allá de las intenciones concientes de cada uno, a erosionar no ya a un gobierno transitorio sino a todo un sistema institucional que, imperfecciones aparte, permite a los argentinos vivir en libertad, elegir y cambiar sus gobiernos a través del voto y expresarse sin miedos.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) llamó a los personajes y medios mencionados a no banalizar el Holocausto a través de comparaciones impertinentes. Ése es, sin dudas, un peligro que entrañan esos dichos, pero hay otro, más sutil, que involucra la fe de los argentinos en su democracia y a la salud de la misma.
La comparación entre kirchnerismo y nazismo es solamente el extremo más absurdo de aquellos argumentos. Ni las realidades internacionales de 1933 y 2013 son comparables, ni las decisiones oficiales involucradas, ni la trayectoria de los respectivos liderazgos políticos, ni… absolutamente nada. Son entonces otros argumentos, los que hablan de un gobierno «autoritario» o «totalitario» los que, por resultar menos evidentemente ridículos, tienen un potencial más peligroso y corrosivo.
Hay que hacer una salvedad en este punto: desde la teoría política, «autoritario» y «totalitario distan de ser sinónimos. Lo primero alude a una simple tiranía, en el que una persona o grupo impone abusivamente su autoridad sobre una población pero sin dar lugar a una institucionalización fuerte; lo segundo da cuenta no sólo de una «dictadura» sino de su consolidación en instituciones pesadas y complejas, que permiten al Estado invadir la intimidad y las subjetividades individuales. La opresiva visión orwelliana resulta suficientemente reveladora de este concepto.
Este texto no busca realizar la defensa de un gobierno. Bien al revés, es posible distinguir en el kirchnerismo un estilo de conducción con ciertos rasgos excesivos. Su falta de vocación por el diálogo; el desconocimiento de ciertos fallos judiciales hasta donde le resulta posible; avances lamentables sobre algunas instituciones, como el caso del Indec; una negativa general a abrir sus proyectos de ley en el Congreso a debates que, si bien pueden diluir en algo la intención inicial del texto, podrían resultar reportar ganancias en términos del consenso con los puede rodear; la apelación al decreto de necesidad y urgencia cuando corresponde la ley; y el uso y abuso de los medios de comunicación del Estado, entre otros etcéteras.
Sin embargo, cabe resaltar que ese «estilo autoritario» no se traduce automáticamente en un gobierno de ese sesgo o, incluso peor, en una «dictadura». La vigencia de contrapesos judiciales y legislativos, el vigor de una sociedad civil nucleada en organizaciones numerosas y fuertes y, por qué no, los límites que se imponen las propias autoridades impiden, a poco que se reflexione, caer en aquellas exageraciones.
Aunque no deben ser minimizadas, las faltas recién mencionadas distan de ser un patrimonio argentino. El acoso del ente recaudador de impuestos de los Estados Unidos (IRS) contra organizaciones de derecha dura, el escrutinio de las llamadas telefónicas de una veintena de periodistas y editores de la agencia de noticias Associated Press, el masivo espionaje sobre llamadas de millones de estadounidenses desde el 11-S hasta aquí y en encareclamiento sin cargos ni derecho de defensa de sospechosos de terrorismo, entre otros ejemplos, habilitaría entonces a hablar de una «dictadura Obama». Y, permítasenos la ironía, ni los estadounidenses ni los argentinos sobreviven bajo gobiernos tiránicos. «Salvando las diferencias», desde ya.
«El gobierno no es republicano», suele decirse con más prudencia. Puede especularse mucho sobre su «estilo», insistimos, y aun sobre sus intenciones últimas, pero las instituciones funcionan razonablemente bien en la Argentina y son garantía contra cualquier pretensión de desborde gubernamental.
Recordemos que a mediados del mes pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó las multas que la Secretaría de Comercio Interior había aplicado a consultoras económicas privadas por difundir índices de inflación supuestamente mal confeccionados. Se trata de un buen ejemplo. Primero, porque nos referimos a una cámara de un fuero que suele ser tildado de afín al gobierno; segundo, porque revela que aquellas veleidades autoritarias terminan siendo contenidas por las instancias institucionales vigentes.
Podríamos abundar en otros casos. Los críticos más enfervorizados de la Ley de medios de comunicación audiovisual y de la reforma judicial, entre otras medidas, dicen que las mismas son ejemplos de ese autoritarismo. Pues bien, ambas pasarán por el filtro de una Corte Suprema que, digámoslo antes de que falle, ofrece garantías más que razonables.
La discriminación con la publicidad oficial contra medios de comunicación críticos ha sido recogida judicialmente también en el caso de Editorial Perfil.
El argumento sobre el uso del Congreso como una «escribanía», en el que una mayoría oficial hace y deshace, no tuvo vigencia entre 2009 y 2011, cuando el kirchnerismo perdió el control de la Cámara de Diputados. La actitud opositora fue, en esos años, tan facciosa como siempre y tan descalificadora del rival, el kirchnerismo, como éste lo había sido antes. Acaso el «estilo autoritario» sea un gen que anida en muchos de nosotros y no constituya el patrimonio de una sola fuerza política.
La Argentina no vive una dictadura sino una democracia plena y vibrante, con problemas, tensiones y desprolijidades, por qué no, como otras tan reconocidas como la estadounidense. Regresemos entonces a la cuestión inicial: ¿cuál es el peligro de la exageración que oculta esto?
En términos generales, y más allá del caso argentino actual, digamos que a un gobierno malo, la mayoría lo desaloja, en el tiempo y con el procedimiento debidos, con el voto. A uno irreparablemente corrupto, si las relaciones de fuerza lo permiten, con un juicio político. A una dictadura, se la derriba por cualquier medio. La viejas doctrinas sobre el derecho de resistencia a la opresión y aun sobre el tiranicidio se mantienen en las bibliotecas.
¿Es esto último lo que algunos quieren justificar? ¿A eso apunta aquélla prédica insistente, ingnorante de las verdaderas enseñanzas de la historia? Suponemos que no. Pero para no ser acusado de ello por la otra tribuna, con un fanatismo equivalente, conviene ser más preciso y cuidadoso con las palabras. Y desconfiar de tanto adjetivo.
(Publicado en inglés en The Buenos Aires Herald).