Hace un año y pocos días, cuando, tras votar, los venezolanos se enteraban de que el chavismo había retenido el poder por un puñado de votos, desde este diario ya planteábamos la posibilidad, sugerida en el entorno de Henrique Capriles, de que una oposición crecida apuntara entonces a un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Los hechos, después del agua que ha corrido caudalosamente bajo los puentes en los últimos meses, parecen converger en ese escenario. Aunque los más ansiosos quieren acción urgente (según un último sondeo, 39%), las posibilidades de que ello ocurra son bien escasas y, claro, alejadas de la legalidad.
La Constitución de 1999 establece en su artículo 72 que el mismo puede producirse una vez “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”. En este caso, recién en 2016.
La oposición venezolana es un mosaico variado que sólo logra hablar con una sola voz en momentos de elecciones nacionales, cuando la polarización se hace máxima. Municipales como las de diciembre (cuando resultó severamente derrotada) o, peor aun, las etapas no electorales las llevan a la dispersión.
No sorprende, entonces que, pese a los graves problemas de inflación y desabastecimiento, a una violencia delictiva desbordada y al casi 60% de impopularidad de Maduro que registró la última encuesta de Datanálisis (una firma con cuyos guarismos se puede contar), el antichavismo no logre superar sus diferencias ni enamorar a una mayoría. Un dato del sondeo resulta revelador en ese sentido: pese a todos los descalabros de la vida cotidiana, la oposición concita el apoyo declarado de algo menos de un tercio de los venezolanos (31,9%).
Ese desconcierto de una oposición cuyo “poder de fuego” alcanza para erosionar pero no para hacerse de una vez con el poder se vio claramente en los últimos meses. El sector más radicalizado de la misma (Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma) intentó enquistarse en las protestas estudiantiles, una estrategia cuya etiqueta (“La Salida”) tenía una connotación al menos destituyente. Otro, que si bien respaldó intentonas golpistas como la de 2002 vira ahora hacia el pragmatismo, siguió enrolado detrás de Capriles, concurrió al diálogo nacional convocado por el Gobierno y mantiene su apuesta por una salida electoral. Allí prima la idea de que la “guarimba” (el piquete), lleva al desastre y por eso trabaja en pos de un todavía lejano referendo revocatorio. Las últimas encuestas la alientan en ese esfuerzo.
La otra estrategia, la de la pueblada, al modo de las fallidas primaveras árabes o de Ucrania, no sólo es una extrapolación abusiva de situaciones muy diferentes sino además, un salto al vacío.
Es que la violencia en el país amenaza con entregar en cualquier momento una chispa grande, capaz de derivar en situaciones que se lamentarán cuando ya sea tarde. Una tasa de homicidios calculada por la ONU para 2013 en la enormidad de 53,7 por cada 100.000 habitantes habla de un nivel alarmante de circulación ilegal de armas entre la población.
Tanto es el desborde de la violencia, y la confusión de las hipótesis que se abren ante cada hecho resonante, que la mayoría de los referentes no quiso menear demasiado hace un mes los asesinatos de un familiar de López y de un cuñado del alcalde de Sucre, Carlos Ocariz. Algo similar ocurrió el sábado 26 de abril al encontrarse el cadáver de un exjefe de inteligencia chavista, Eliécer Otaiza, y el último fin de semana el de un miembro de la guardia presidencial, Marco Cortez.
El camino, para quienes desde la oposición realmente entienden lo que ocurre y no se ilusionan con salidas mágicas, está lleno de acechanzas. El restablecimiento de una convivencia más razonable y una pacificación del país requieren un trabajo paciente, ladrillo a ladrillo y seguramente largo. Nada bueno surgirá de romperlo todo.
(Nota publicada en Ámbito Financiero).
Marcelo Falak 