Si la Argentina exporta desde hace tiempo su crisis de carencia de dólares a Brasil y al Mercosur, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de dejar firme el fallo que la obliga a pagar una deuda de u$s 1.330 millones a los fondos NML y Aurelius y a trece bonistas particulares no hará más que profundizar esos problemas. El país corre el riesgo de volver a caer en cesación de pagos, algo que, de concretarse, trabaría aun más las ventas de las empresas brasileñas al mercado argentino y supondría mayores restricciones cambiarias e inconvenientes para repatriar capitales, al menos en el corto y mediano plazo.
«Este fallo crea una situación en la cual todos esos esfuerzos han quedado desactivados», dijo el economista Mario Blejer, expresidente del Banco Central de la República Argentina y exdirector del Banco de Inglaterra, en referencia a los planes del Gobierno de Cristina Kirchner de regresar paulatinamente a los mercados financieros internacionales. Señala un problema mayúsculo, ya que se apostaba a que la toma de créditos por parte de las provincias –al menos u$s 2.000 millones en los próximos meses- y de la estatizada petrolera YPF –otros u$s 500 millones- contribuyeran a oxigenar las debilitadas reservas del BCRA, ubicadas hoy en unos u$s 28.000 millones. Así, es posible que el país enfrente ahora una restricción de dólares aun mayor, por lo que el reflejo del Gobierno sería reforzar los controles a la salida de divisas para asegurar el tránsito hasta la finalización del mandato en diciembre del año que viene.
La cifra involucrada en la sentencia que ha quedado firme no parece lo suficientemente grande como para generar un terremoto. Sin embargo, las implicancias de la decisión judicial sí lo son.
El 7% de los títulos de deuda pública que quedaron fuera de los canjes de 2005 y 2010 representaban cuatro años atrás unos u$s 6.000 millones. De ellos, entre u$s 1.000 y 1.700 millones se perdieron, ya sea por deficiencias en la cadena de comunicación de los bancos involucrados o por fallecimientos de tenedores sin reclamos de herencia. El saldo se transforma hoy, actualizaciones e intereses mediante, en unos u$s 8.500 a 9.000 millones exigibles por otros acreedores litigantes en un corto plazo a partir del precedente judicial.
Estos números surgen de un cálculo del economista Marcelo Blanco, expresidente del Deutsche Bank en Argentina, carácter en el que actuó como facilitador contratado por el Gobierno argentino en el canje de 2010 junto a los bancos Citi y Barclays.
En declaraciones al programa de Pablo Wende en radio El Mundo de Buenos Aires, Blanco estimó que esa cifra aun permite una salida que evite el peor escenario para la Argentina, esto es la cesación de pagos, cuando deba hacer frente al próximo vencimiento de deuda por u$s 907 millones, previsto para el próximo día 30. La posibilidad de un nuevo default trece años después del fatídico 2001 surge del hecho de que el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, ratificado por la Corte, establece la posibilidad de que se embarguen esos fondos para asegurar que todos los acreedores, los que canjearon oportunamente sus bonos y los que no lo hicieron, cobren el dinero disponible.
Ante este escenario, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el Estado cambiará la jurisdicción para hacer efectivo el pago –pasando de Estados Unidos a la propia Argentina-, lo que el mercado podría considerar una cesación de pagos.
Kicillof, instruido por la presidenta y alentado por declaraciones del juez Griesa, dejó, por otro lado, una puerta abierta a una negociación que evite el default. Sin embargo, la gestión no será sencilla y el Gobierno argentino puede encontrarse con una contraparte poco dispuesta a ceder.
Primero, porque los demandantes, básicamente dos “fondos buitre”, tienen sentencia firme de cumplimiento inmediato a su favor: el levantamiento de una medida cautelar (“stay”) por parte del magistrado es lo único que hace falta para que se ponga en marcha el mecanismo.
Segundo, y por si semejante posición de fuerza fuera poco, la Argentina se ve limitada además por la llamada “cláusula RUFO”, que habilita a los bonistas que sí ingresaron a los procesos de renegociación de deuda a demandar también al país si éste reconoce condiciones más favorables a otros acreedores. Dicha cláusula caduca el 31 de diciembre, pero los intentos del Gobierno de Cristina Kirchner de ganar tiempo hasta entonces fueron derrumbados por la decisión de la Corte Suprema norteamericana.
Blanco me dijo al respecto que una negociación con los “fondos buitre” no debería permitir esos nuevos juicios, ya que el beneficio a los acreedores litigantes no sería una decisión voluntaria de la Argentina sino el acatamiento de una sentencia. Con todo, el Gobierno no está convencido de esto y cabe, en un punto, darle al menos el beneficio de la duda. Si, como tantos otros países deudores, la Argentina cedió la jurisdicción a los tribunales de Nueva York, no puede descartarse que nuevos litigios encuentren, como ahora, tribunales dispuestos a volver a respaldar a los acreedores. Esta no es una sospecha ideologizada: si Nueva York, Londres y otras ciudades son centros financieros globales es porque sus respectivos sistemas judiciales dan garantías muy amplias a los inversores. Lo que decidieron Griesa, la Cámara de Apelaciones de Nueva York y ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos da la medida de qué se podría esperar.
Tercero, y más importante aun, los “fondos buitres” tienen un incentivo más poderoso para no ceder en negociaciones y mantener a la Argentina tomada del cuello. Su negocio, de aceitadas máquinas de triturar deudores, no se limita a cobrar el 100% actualizado de una deuda comprada en 2008 por centavos a los acreedores que fueron los verdaderos damnificados de la cesación de pagos de 2001. Al contrario, si eso tendrá de por sí un premio exorbitante del 1.600%, hay además un “bonus track”: el cobro de los Credit Deposit Swaps (CDS), los seguros contra default que oportunamente compraron y que se gatillarían un mes después de que la Argentina vuelva a caer en una falta de pago, a fin de julio en el peor escenario. Así, no puede descartarse que un sector intransigente de los litigantes victoriosos empuje al país a ese abismo para concretar ya no uno sino dos grandes negocios. Primero, el seguro; después negociar -no los montos pero sí los plazos – para poder cobrar en lugar de andar por el mundo buscando bienes embargables.
Perdido, el Gobierno argentino dijo que aceptaría negociar, pero no someterse a un chantaje. Sabe que deberá trabajar arduamente y confiar en la buena voluntad del juez Griesa para evitar una nueva cesación de pagos. El sendero es estrecho.
Cuando la posibilidad de litigios de los bonistas que ingresaron en los canjes esté despejada, este Gobierno o uno futuro sin dudas negociará con los “holdouts” y les pagará. No sorprendería que sea la propia Cristina Kirchner quien lo haga: la historia reciente avala esa hipótesis, como lo prueba lo ocurrido con los juicios perdidos ante el CIADI, con la expropiación de YPF pagada a Repsol y con el reciente acuerdo con el Club de París.
Mientras, habrá que enfrentar turbulencias. Si el default no se evita, los mercados externos se cerrarán más para el país, los dólares necesarios ingresarán menos y es esperable que las autoridades refuercen los controles cambiarios. Brasil no podría estar ajeno a esos daños. Será mejor para todos no llegar tan lejos.
Marcelo Falak 