A la muerte del fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, le siguen faltando respuestas y le siguen sobrando incógnitas y teorías conspirativas. Mientras, el espanto vuela entre los que sospechan una “quema de archivo” y los que entrevén detrás algo todavía más oscuro, si es posible: el submundo de una guerra entre espías que será un lastre para la democracia argentina por un largo tiempo.
Los desenlaces nunca son inevitables; tampoco lo fue la muerte del fiscal. Se trata, más bien, del último hito (por ahora) de una historia desastrosa que comenzó el 18 de julio de 1994, cuando una bomba destruyó la mutual judía y las vidas de 85 familias argentinas.
Al atentado terrorista, el peor de la historia nacional, le siguió una increíble manipulación de la investigación, con escuchas a sospechosos desaparecidas, allanamientos de los que se avisaba a los investigados y hasta un juez que le pagó un soborno de US$ 400.000 con fondos reservados de inteligencia a un imputado para crear una pista falsa. Hay un expresidente, Carlos Menem; un jefe de inteligencia, Hugo Anzorregui; y un líder de la comunidad judía, Rubén Beraja, entre otros, esperando juicio oral por encubrimiento.
Tras diez años de manipulación de inteligencia, con clara participación de Estados Unidos e Israel, empeñados desde el día uno en vincular a Irán con el ataque, Néstor Kirchner dinamizó la causa y la puso en manos de Nisman. Acaso ya era tarde para buscar la verdad.
Pero el propio fiscal especial ahora muerto, convencido como sus antecesores de la “pista iraní” en detrimento de otras, como la siria o la local, sembró más polémicas: nueva “intoxicación” de inteligencia en sus pesquisas y una actitud impropia de su cargo en relación con la embajada de Estados Unidos. En efecto, el escándalo Wikileaks lo mostró recibiendo instrucciones, pidiendo perdón por decisiones inconsultas y aceptando sugerencias para corregir los textos de sus presentaciones.
Su último acto fue imputar a la presidenta, Cristina Kirchner, y a su canciller, Héctor Timerman, entre otros, un intento de encubrimiento de los exfuncionarios y ciudadanos iraníes a los que él había pedido la captura. Alegó tener todo probado con escuchas (otra vez con sus fuentes en el espionaje detrás), pero de las mismas solo emerge con claridad la actuación de personajes menores e impresentables, algunos efectivamente cercanos al oficialismo, que se adjudicaban una supuesta influencia en el más alto nivel del Gobierno. Y el móvil que presentó, un interés argentino por acceder a cambio de la impunidad a un fuerte comercio bilateral y al petróleo iraní, nunca se verificó en los hechos y resulta poco verosímil.
¿Exculpa esto a la Presidenta y a su canciller? No, aunque por otras razones. La primera merece reproches por haber consentido por demasiado tiempo una lucha sucia en los servicios de inteligencia. Y además, en lo que su canciller fue corresponsable, por haber firmado un Memorándum con Irán para el “esclarecimiento” de la causa AMIA que, más que esclarecer, derivó en una gran frustración.
La firma de ese acuerdo fue un gran fracaso diplomático que minó la cooperación antiterrorista con Estados Unidos, Israel y varios países de Europa, siempre sujeta a intereses que deben ser examinados con cuidado pero igualmente necesaria. Arruinó además la reputación de una administración que se había mostrado como el mejor dispuesto hasta el momento a buscar la verdad. Enfrentó al Gobierno con una parte importante de la comunidad judía y encendió las conjeturas de Nisman. Y le dio a Irán la ocasión de nunca cooperar en lo efectivo y de mirar, a la distancia, cómo las denuncias en su contra quedan otra vez en la nada, pero no por ofrecer explicaciones convincentes a la Justicia sobre recelos justificados sino solamente en virtud de un enorme escándalo.
No sólo Nisman ha muerto. La verdad es la que no deja de morir.

