La declaración de Barack Obama de que Venezuela es una “amenaza para la seguridad nacional” de los Estados Unidos (toda una curiosidad que no fue explicada) y las interminables réplicas del terremoto de Petrobras en Brasil volvieron a llenar de sombras la política latinoamericana.
Salvando las distancias que median entre dos crisis de causas y dinámica diferentes, tanto Nicolás Maduro como Dilma Rousseff sufren desafíos peligrosos para su estabilidad y aseguran ser víctimas de complots golpistas. Sin embargo, la tantas veces caricaturizada institucionalidad venezolana entrega una herramienta valiosa para zanjar las coyunturas críticas: la posibilidad, prevista por la Constitución de 1999, de que se active un referendo revocatorio del mandato presidencial.
El apretado triunfo de Maduro en las presidenciales del 14 de abril de 2013, tan discutido por la oposición, y las dramáticas perspectivas de la economía venezolana nos hacían pensar en ese mismo momento en la posibilidad de un referendo revocatorio, algo que el antichavismo ya baraja abiertamente y que el oficialismo acepta desafiante. A diferencia de lo ocurrido en 2004, cuando Hugo Chávez despachó con un rotundo 59% de los votos una pretensión similar, la alternativa encuentra esta vez un fuerte asidero en las encuestas: según la consultora Datanálisis, de estudios confiables, la aprobación de Maduro ronda hoy un raquítico 20%.
La posibilidad de revocar todos los mandatos electivos surge del artículo 72 de la Constitución bolivariana, que la habilita mediante la recolección de las firmas de no menos del 20% del padrón. La consulta puede realizarse una vez “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”, en este caso de seis años, lo que se cumplirá en abril del año que viene, y habilita la destitución “cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento”. Recordemos que Maduro ganó con algo más de 7,5 millones de votos, equivalentes a un magro 50,6%, un umbral poco exigente para sus detractores.
La revocación de funcionarios elegidos por votación popular no es una exclusividad venezolana. Es cierto que su influencia hizo que Ecuador y Bolivia, donde gobiernan movimientos afines al chavismo, adoptaran esa disposición, pero también rige, desde mucho antes, en algunas ciudades y estados de EE.UU. Se recuerda todavía la caída del gobernador de California Gray Davis en 2003, lo que posibilitó el acceso a su sillón del actor Arnold Schwarzenegger.
Aunque no se haya usado esa herramienta y se la conozca poco, la revocación de mandatos también existe en la Argentina en diferentes municipios y, a un nivel superior, en las provincias de Chaco y Misiones y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace poco más de un año un grupo de vecinos intentó, sin éxito desde ya, comenzar a juntar las firmas necesarias -el 20% del padrón- para destituir a Mauricio Macri y a su número dos, María Eugenia Vidal, por la represión en el hospital Borda.
Volviendo a la comparación inicial, Brasil no tiene nada equivalente a nivel federal, por lo que la embestida contra Dilma tiene directamente la forma del juicio político. Un intento de ese tipo es lo que llevó, en medio de graves convulsiones políticas, a la renuncia de Fernando Collor de Mello a fines de 1992 y es lo que se volverá a reclamar en las calles este domingo.
Ese esquema es mucho más difícil y políticamente peligroso que una simple convocatoria a las urnas. No por nada el propio Fernando Henrique Cardoso, una suerte de “líder espiritual” de la oposición brasileña, se despegó de esa estrategia y dijo que “el impeachment es como la bomba atómica: sirve para disuadir pero no se debe usar”.
Los juicios políticos se deciden en los parlamentos, pero se incuban en las calles. Si en Brasil, como se verá en tres días, hay calle suficiente para reclamarlo, también existe otra, fervientemente defensora del Partido de los Trabajadores, dispuesta a impedirlo por todos los medios. Mientras, la realidad de ese empate social y la falta de un mecanismo electoral que permita dirimir el conflicto eternizarán la crisis política y el esmerilamiento de la figura de la Presidenta, algo que ya se intuye ruinoso para una economía a la que no le sobran comodidades.
Venezuela, mientras tanto, tras la escala de las legislativas de fin de año, probablemente avanzará hacia una posible revocación de Maduro, en la que, se ve, EE.UU. jugará con fuerza. ¿Será la solución definitiva a su grieta política? Eso es más dudoso. El futuro siempre es una aventura que, a veces, asusta.
Marcelo Falak 