Por unanimidad y por primera vez en 78 años, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) rechazó anoche los números fiscales del ejercicio 2014 y dio a la oposición una base jurídica clave para avanzar en un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Corresponderá ahora al Congreso, con el fallo en la mano, votar sobre la cuestión. La oposición política pretende utilizar allí el precedente judicial para considerar el “maquillaje” de los números un “crimen de responsabilidad”, condición que establece la Constitución para avanzar en un proceso de “impeachment”. Los votos no alcanzan todavía, pero el impacto de la sentencia podría pesar con fuerza en las próximas semanas y meses.
Ese proceso no será breve, ya que el caso será tratado en comisión durante un plazo máximo de 82 días, lo que puede dejar la definición hasta el año que viene, tras el receso legislativo.
En concreto, se señala a Dilma por haber demorado la liberación de partidas con las que bancos oficiales debían hacer frente al pago de planes y beneficios sociales, forzando por un tiempo a esas entidades a cubrir esas obligaciones con sus propios recursos. De ese modo, sigue el razonamiento, la mandataria, “bicicleta” mediante, hizo pasar por superávit fiscal primario lo que en realidad era un déficit del orden de los u$s 10.000 millones, liberando así fondos para ampliar en su beneficio el gasto en el año en que se jugó y obtuvo la reelección.
Todo hacía presumir ese desenlace. Ayer a la tarde, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) Luiz Fux había descartado un recurso in extremis del abogado general de la Unión, Luís Inácio Adams, para suspender la sesión del TCU. Horas después, fue este cuerpo el que rechazó un pedido oficial para apartar de la votación al magistrado “relator” (instructor) del proceso, Augusto Nardes, por supuestamente haber anticipado su voto contra el Gobierno en declaraciones periodísticas. “El Tribunal hará historia”, había dicho el juez la semana pasada, abriendo espacio para la controversia.
Corresponde al TCU examinar las cuentas públicas de cada ejercicio y hasta la fecha, salvo en 1937 con Getúlio Vargas, jamás había rechazado los números presentados por un Gobierno por haber incurrido en “pedaladas”, una práctica habitual, por caso, en las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso.
El argumento puede ser cierto, pero el Gobierno brasileño se queja de que se le busca aplicar a la Presidenta una vara mucho más alta que a sus antecesores. O, en otras palabras, que se trata de un modo de conseguir su destitución por una vía indirecta, dada la falta de pruebas que la involucren personalmente en el “Petrolão”.
Ahora bien, ¿quién está en condiciones de juzgar a quién en el Brasil de hoy?
La cuestión de los dobles patrones no se agota en que se le aplique a Dilma ese inusitado rigor. Tras denuncias de la Policía Federal, del Ministerio Público y, finalmente, de la justicia federal de Brasilia, el STF debe decidir qué hacer con los indicios de que el propio juez Nardes recibió entre 2011 y 2012 coimas por al menos 1,65 millones de reales (425.000 dólares al cambio actual) para beneficiar a varias empresas a las que el fisco les reclamaba deudas. La cifra se elevaría al doble si se prueba que usó familiares como testaferros.
Es más, cuatro de los nueve jueces del TCU “son citados en investigaciones de crímenes diversos y dos son formalmente investigados en el STF”, dijo ayer el diario opositor O Globo. Uno de ellos, claro, es Nardes.
Y hay más. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien debe aceptar o rechazar los pedidos de juicio político (aunque los diputados pueden avanzar igual en ellos con el voto de la mayoría simple del cuerpo), ha debido moderar sus ímpetus destituyentes después de que la justicia de Suiza revelara que posee allí empresas fantasmas y cuatro cuentas con u$s 5 millones de coimas provenientes de Petrobras.
¿Más? Por supuesto. El líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y principal impulsor del impeachment, senador Aécio Neves, que se declaró escandalizado por las “pedaladas”, a las que calificó de “acción truculenta” y de “agresión a la democracia brasileña”, aún debe explicar a la justicia quince inconsistencias de sus cuentas de campaña del año pasado, cuando terminó siendo derrotado por escaso margen por Dilma. El excandidato dijo que se trata de “errores técnicos”, pero los mismos tienen que ver con los asientos de donaciones de empresas como Odebrecht y otras constructoras por 3,75 millones de reales, casi u$s 1 millón al cambio actual.
Marcelo Odebrecht, presidente de la gigantesca constructora homónima, está por cumplir cuatro meses en la cárcel por sus supuestos vínculos con el “Petrolão”. No es su peligrosidad lo que lo mantiene privado de la libertad mientras se sustancia el proceso en el que, se supone, goza de la presunción de inocencia sino la esperanza del juez de la causa, Sérgio Moro, de quebrarlo y convertirlo en un nuevo “arrepentido”. ¿Las donaciones de una empresa pueden ser sucias para un partido, el de los Trabajadores, y limpias para otro, el PSDB?
Así de revuelto está el Brasil de hoy.
Marcelo Falak 