Un sentimiento de emergencia extrema se apoderó de Brasilia, el corazón del poder político del país vecino, frecuentemente visto por el Brasil real como demasiado encapsulado en sus propios intereses. Pero esta vez el miedo está plenamente justificado. Por un lado, porque la detención de un senador en funciones, Delcídio Amaral, no registra precedentes. De la mano de esto, muchos de sus colegas y también poderosos diputados se preguntan cuál será su suerte ahora que el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) se decidió a romper el tabú, aun a riesgo de desatar un imprevisible conflicto de poderes.
Uno de los que corre mayor peligro es nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hombre del ala anti-PT del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y acusado por la aparición de cuentas millonarias en Suiza, alimentadas aparentemente con fondos desviados de Petrobras. Actualmente lucha en el Consejo de Ética de la cámara para retener, si no la jefatura del cuerpo al menos su banca, lo que le garantiza fueros y que su caso sólo pueda ser ventilado en el STF.¿Pero qué garantía supone eso ahora?
Cunha, de quien depende la aceptación o el rechazo de los pedidos de juicio político presentados contra su enemiga íntima, Dilma Rousseff, hacía hasta ayer mismo equilibrio en negociaciones paralelas con oficialistas y opositores en busca de impunidad.
«Lo ocurrido inviabiliza cualquier acuerdo de Cunha, ya sea con el Gobierno como con la oposición», le dijo a Ámbito Financiero desde Brasilia Marcelo Rech, analista político y director del instituto InfoRel. Va de suyo que este escenario que involucra al llamado «hombre bomba» del Congreso resulta inquietante para la mandataria.
Otro político en riesgo es nada menos que el jefe del Senado, Renan Calheiros, del ala oficialista del PMDB y señalado también en el «Petrolão». Por eso activó anoche una reunión del pleno para tratar el caso de Amaral, amparado en que la Constitución permite al cuerpo mantener o revertir una orden de arresto del Supremo. Previsible: nadie quiso quedar escrachado y se decidió mantener el arresto.
«El clima en el Congreso es de consternación y muchos entienden que el STF puede decidir pronto nuevas detenciones. Al menos diez parlamentarios podrían ir a la cárcel», añadió Rech.
Pero la onda expansiva de la explosión impacta en otros sentidos. El analista de InfoRel explicó a este diario que «la grabación que motivó el encarcelamiento de Amaral expone al senador cuando habla de ministros del STF con los que pretendía arreglar la situación de Néstor Cerveró, un exdirector de Petrobras detenido y que amenazaba con contar todo lo que sabe a cambio de un alivio en su situación legal. Amaral le ofrecía a Cerveró una vía de fuga, posiblemente a España vía Paraguay, y dinero para su familia.
En los audios «aparecen mencionados cuatro ministros del Supremo que eventualmente tendrán que rendir cuentas. No puedo dejar de ver la decisión de ayer del STF como una respuesta a eso y como una forma de protegerse, de neutralizar sospechas», continuó Rech.
Pero hay más todavía. Más allá de que la situación más precaria de Cunha constituye una amenaza para Dilma, Amaral se había convertido para ésta en un interlocutor privilegiado, hombre de confianza y articulador clave en el Senado de las votaciones que necesita el Gobierno, comenzando por las medidas de ajuste del ministro de Hacienda,Joaquim Levy, que despiertan fuertes resistencias dentro del propio Partido de los Trabajadores. Con el Senado paralizado, la economía brasileña, hundida ya en una recesión histórica, sufrirá todavía más y el Gobierno verá acentuada su imagen de impotencia ante la opinión pública.
En paralelo, crecerán las voces que protestan airadas por la presencia cada vez más inocultable de sospechados de corrupción en el círculo más cercano a la Presidenta.
Congreso, Corte Suprema, Gobierno… todos salpicados. Y también un actor clave del negocio financiero brasileño, el banquero André Esteves, dueño del principal banco de inversión independiente de América Latina, el BTG Pactual. El mismo que hace un año se ofrecía para comprar las acreencias de los fondos buitre, sacar a la Argentina de ese atolladero y hacer un extraordinario negocio.
Además de aparecer implicado en la trama de supuesta obstrucción a la Justicia por los pagos ofrecidos a Cerveró, Esteves complica más a Petrobras, cuya operación está hoy tan afectada por su enorme deuda como por la parálisis que le impone la participación de sus principales empresas contratistas en el «Petrolão». Pues bien, Esteves lidera la empresa Sete Brasil, en la que BTG Pactual se asoció a una serie de fondos de inversión para, según dice en su página web, «gestionar portafolios de activos en inversiones volcadas al sector del petróleo y el gas en áreas offshore, especialmente las relacionadas al presal». Sus operaciones con la petrolera estatal ascienden a los 8.000 millones de dólares.
La operación «Lava Jato» (lavado a chorro), que el lunes puso como nunca en la mira a Luiz Inácio Lula da Silva a través del arresto de un empresario cercano a él, avanzó ayer hacia su fase más delicada. Brasilia tiene motivos sobrados para temblar.
Marcelo Falak 