El más reciente escándalo global de la era digital, terreno fértil para las grandes filtraciones de información, el de los “papeles de Panamá”, puso más que nunca en cuestión la existencia de las sociedades offshore y la de los paraísos fiscales que les dan albergue.
El tema, desde ya, no es nuevo y de hecho es el foco de una larga ofensiva internacional contra las guaridas que dan protección a dinero que circula por el mundo en buena medida por fuera del control de las autoridades tributarias de los distintos países. La novedad surge, más bien, del debate público que se generó y por el modo en que numerosos políticos debieron rendir cuentas de sus actos y, en algún caso, inclusive ceder el poder.
La sustracción y entrega al diario alemán Süddeutsche Zeitung de 11,5 millones de documentos del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, especializado en la apertura y gestión de sociedades offshore, involucró a doce jefes de Estado o Gobierno, a más de un centenar de políticos de varios países, a más de sesenta presuntos testaferros de estos, así como a deportistas, actores y empresarios. La masividad de la filtración llevó al Süddeutsche Zeitung a compartir la información con más de 370 periodistas de 76 países, nucleados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los argentinos más notables mencionados en la documentación con, se sabe, el presidente Mauricio Macri y Lionel Messi. Pero sus principales víctimas políticas son, hasta ahora, el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien debió renunciar; el presidente ruso, Vladímir Putin, acusado de manejar a través de “representantes” una fortuna en negro de unos 2.000 millones de dólares; y el premier británico, David Cameron, quien aún sigue dando explicaciones.
¿Las sociedades offshore son legales o son ilegales? ¿Qué valoraciones éticas merecen? ¿Qué tratamiento les dispensa la ley argentina? ¿Por qué el mundo intenta acorralarlas? ¿Esa ofensiva tiene alguna posibilidad de éxito? Esas son las preguntas que intenta responder este artículo.
Un memo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) define a las sociedades offshore como “entes constituidos fuera del país de residencia de quienes las constituyen o utilizan”. Su existencia remite a los llamados “centros financieros offshore”, esto es “jurisdicciones que atraen actividad de personas no residentes que, en general, presentan como característica la baja o nula imposición a determinados negocios, inversiones o ingresos; escasa o nula regulación en materia de control; fácil utilización de fideicomisos o de otros vehículos corporativos; y elevado nivel de confidencialidad, basado en leyes de secreto impenetrables”. Ni más ni menos que los llamados “paraísos o guaridas fiscales”.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) tiene listados treinta y ocho países y territorios que constituyen paraísos fiscales. En tanto, Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y una autoridad en la materia, recordó en una artículo reciente que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo creado en 1989 por el Grupo de los Siete principales países industriales con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, “creó una lista de países y territorios no cooperativos (PTNC) que comprende 43 países”. “Pero esa nómina incluye también, sorpresivamente, a algunos países que ‘autorizan la propuesta de servicios offshore en ciertos puntos de su territorio’: Estados Unidos (por la flexibilidad que existe en el estado de Delaware), Irlanda y Gran Bretaña (por Gibraltar y las islas de Man, Guernesey y Jersey)”, escribió.
En la Argentina, en tanto, la página de Internet de la AFIP (Administración federal de Ingresos Públicos) distingue ochenta y ocho países o territorios de «baja o nula tributación», en conformidad con el decreto 1344/98.
El extitular de la PROCELAC, fiscal Carlos Gonella, tiene una mirada fuertemente negativa sobre las sociedades offshore. “La estructura offshore se utiliza para mediatizar la relación entre la fuente generadora del dinero y el destinatario final. Y cuando alguien mediatiza, lo que está intentando es oscurecer. Su sola existencia no implica per se la existencia de un delito, pero sí es una alerta para investigar sus movimientos, teniendo en cuenta que invariablemente y en la casi totalidad de los casos, se las establece para sustraerse a las normativas de un Estado nacional”, le dijo a Bank Magazine.
“Hay muchísima bibliografía al respecto, con cuya mirada coincido en base a mi experiencia de tres años y medio de trabajo, en los que detectamos una operatoria corriente que se vincula con la evasión fiscal y con maniobras delictivas del crimen organizado”, añadió.
Silvina Martínez, exdirectora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia y actualmente asesora de la diputada Margarita Stolbizer en temas de corrupción y lavado de dinero, coincide con esa postura. Para ella, “siempre que hay una sociedad offshore, no hay una finalidad lícita o muy santa que digamos. En el 99 % de los casos se las usa para ocultar patrimonio a acreedores o a exparejas en casos de divorcio o para dejar afuera a algún heredero”.
“Los antecedentes indican que tras la mayoría de las tragedias que vivimos, al estilo Cromañón, o tras casos de corrupción como hoy con Lázaro Báez siempre hay una sociedad offshore. Entonces, su aparición de una debe ser una alarma que motive una investigación, porque quien la arma lo hace por los beneficios que va a tener para evitar ser rastreado debido a su secretismo, a que no tiene registros de accionistas ni entregan información ni tienen obligación de llevar balances”, amplió en consulta para este artículo.
Zenón Biagosch, presidente de FidesNET y uno de los principales especialistas argentinos en prevención de lavado de dinero, aportó a este artículo una mirada más matizada, posible en quien no tiene como función la persecución de delitos cometidos a través de este tipo de estructura. De acuerdo con él, no hay porqué sospechar a priori. “Las sociedades offshore muchas veces se usan para elusión y no para evasión de impuestos. Es clave diferenciar esos dos conceptos. La elusión puede ser criticable desde lo ético, pero no implica un procedimiento ilegal. Por ejemplo, un grupo empresario que tiene empresas en varios países de América Latina, que tributa sus ganancias en cada uno de ellos, puede decidir contabilizarlas en una persona jurídica constituida en una jurisdicción que brinda beneficios fiscales”.
“También son bastante usadas con fines de protección patrimonial”, añadió. “Si uno está en una jurisdicción en la que sus activos y ahorros corren riesgo, como ocurrió tantas veces en la Argentina, esa gente no deja su patrimonio más acá,
Lo mismo se puede decir si se piensa en una sucesión. Se usa las sociedades offshore para minimizar los impactos impositivos en procesos sucesorios, porque con ellas se dividen las acciones y se termina el tema”.
Biagosch no pasa por alto, desde luego, que también pueden ser vehículos ideales para la realización de negocios y movimientos financieros ilegales. “Claro que también pueden servir para ocultamiento, para maniobras delictivas y para la evasión. Pero no hay que olvidar que hay gente que comete delitos sin tener sociedades offshore y que sería bueno que se la controlara. Insisto: es necesario distinguir entre evasión y elusión”, explicó.
“Desde la perspectiva de los estudiosos, el 70 % del flujo de dinero que circula por el mundo extraterritorial proviene de delito tributarios, es decir de la evasión impositiva. Del resto, el 25 % es del crimen organizado y el resto, de la corrupción. Es necesario que empecemos a discutir el fenómeno de la corrupción en su verdadera entidad y no como lo presentan algunos medios de manera sesgada, siempre vinculada al funcionario público. Si la gran parte de lo que circula es evasión tributaria, entonces estamos hablando de corrupción privada. Desde ya que no justifico la pata pública de la corrupción, porque éticamente es mucho más grave, pero si vamos a hablar del tema en serio hay que considerar los dos elementos que la componen”, indicó el fiscal Gonella.
Con énfasis docente, Zenón Biagosch ofrece un razonamiento interesante. “Pensemos cuánto dinero se genera debido a la evasión: el todo el mundo, 3,5 billones de dólares por año, según el grupo británico Tax Justice Network. Esto es una canilla que alimenta un stock, que es administrado en gran parte por los centros offshore. Esa entidad estima que el stock es de más de 30 billones de dólares, equivalente al 50 % del PBI mundial. ¿Dónde está esa plata? ¿En un cajón en las islas Caimán? ¿O en activos públicos y privados rentables y seguros? Claro, en lo segundo”, señaló.
“Por otra parte, ¿qué países son los que más dinero evadido generan? Los del G7, sacando Canadá, más China, Rusia, España y Brasil. Ese top ten produce el 65 % del dinero que se evade en el mundo. Veamos ahora la contrapartida de esto. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento público y privado de esos diez países? El endeudamiento público de Estados Unidos es una vez su PBI y el privado, dos veces. En Japón, dos veces y dos veces. Al sumar nominalmente el total de deuda tomada por esos diez países, se llega a 112 billones de dólares, casi 1,5 veces el PBI mundial. ¿Usted cree que ni un solo dólar evadido está colocado en esos instrumentos de deuda? En el fondo, el dinero de la evasión termina financiando al mundo desarrollado”, remató.
Desde ya, estos datos explican en buena medida el afán internacional por acorralar a las guaridas fiscales. ¿Hay, a partir del debate provocado por la difusión de los “papeles de Panamá” una nueva ofensiva en marcha?
El tema, por caso, concitó buena parte de la atención en la reciente Asamblea de Primavera (boreal) del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En la misma, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que el escándalo global es “una llamada para despertarse” sobre los males que causa la evasión de impuestos y anunció el lanzamiento, junto con naciones Unidas, la OCDE y el BM, de una plataforma para ayudar a los países pobres a reforzar sus sistemas de fiscalización.
En Francia el impacto del caso Mossack Fonseca fue muy fuerte, y Panamá quedó nuevamente en la mira, como nunca después de que este año lograra salir de la “lista gris” del GAFI por prohibir la conformación de sociedades con acciones al portador, el colmo del secretismo patrimonial. Nótese, sin embargo, la imbricación que este tipo de actividades tiene a nivel político: Ramón Fonseca, socio de ese estudio y titular del oficialista Partido Panameñista, renunció a principios de abril a su cargo de ministro consejero de la Presidencia para esclarecer su rol en la trama brasileña del “petrolão”.
En tanto, en Estados Unidos, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, uno de los más implacables contra los delitos financieros, anunció la apertura de una investigación sobre el caso. Claro que, como vimos, ese país tiene lo suyo: los estados de Delaware, Nevada y Wyoming son considerados paraísos fiscales, algo que, necesariamente, limita las campañas de este tipo. Un aspecto con fuertes puntos de contacto en el Reino Unido, muchos de cuyos territorios de ultramar, resabios del viejo Imperio, son también guaridas fiscales.
Un punto ilustrado claramente, una vez más, por Biagosch. “Considere el listado de las cien principales empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y vea dónde están domiciliadas. Va a encontrar que es en Delaware. Atención, que estamos hablando de la élite del mundo corporativo. Fíjese luego qué pasa con las cien empresas más importantes que cotizan en Londres. ¿Cuántas subsidiarias offshore tienen declaradas? Ocho mil. Quiero insistir en esto: se trata de una práctica legal que les permite minimizar impactos impositivos. ¿Es amoral? Eso ya es discutible”.
Gonella, Biagosch y Silvina Martínez coinciden en la importancia de que los “papeles de Panamá” hayan salido a la luz.
“Me parece fabulosa la discusión que se generó a nivel global, que aparezca por primera vez en la agenda pública el debate sobre los paraísos fiscales y el mundo extraterritorial”, evaluó el extitular de la PROCELAC.
“La tendencia mundial va hacia una gran transparencia”, afirmó el segundo.
“Creo que son una contribución a un debate que se da mundialmente. De hecho, ya hubo persecuciones contra este tipo de sociedades, que fueron muy comunes en los años 90, al tomarse conciencia de que se las usaba con fines ilícitos”, recordó Martínez.
Difieren, sin embargo, cuando se les pregunta si es posible terminar con ellas.
Según Gonella, el más pesimista, “esa no es una perspectiva realista. El esquema offshore es un fenómeno inherente al capitalismo financiero. Mientras ese paradigma gobierno el mundo, se esté de acuerdo con él o no en términos políticos, no se va a resolver este tema. Si se lo elimina, quiebra el sistema”.
En una posición intermedia, Silvina Martínez afirmó que ese objetivo “es realista en la medida en que se vayan reconociendo las finalidades de estas prácticas. Pero hay ciertos países que hacen un gran negocio con esto, que no firman ciertos convenios internacionales y a los que no les preocupa quedar fuera de mundo en este sentido”.
“Yo sí creo que es realista porque, como le dije, existe una fuerte tendencia a la transparencia. Pero el mundo debe ir hacia un estándar global en blanqueo de capitales, promover la exteriorización de activos no declarados pero de origen legal, con los recaudos necesarios para que no se filtre por allí dinero del crimen organizado”.
BLANQUEAR O NO BLANQUEAR, ESA ES LA CUESTIÓN
Mientras la Argentina analiza nuevamente autorizar un proceso de blanqueo de capitales, tras la experiencia en general fallida de 2012, la polémica, inevitable, se repite.
El fiscal Carlos Gonella sostuvo que “ese tipo de esquemas plantean una tensión entre dos objetivos: uno de política económica, que es traer esa masa de dinero, que se exteriorice y que empiece a funcionar como un insumo dinamizador de la economía. Y frente a eso, el de perseguir penalmente a los evasores. Ahora bien, todos los países que padecen fuga de capitales utilizan esquemas de exteriorización de divisas de manera sistemática y en la Argentina programas de este tipo aparecen cada tres o cuatro años”.
Su postura es favorable. “En la Argentina, como en cualquier otro país, ¿cuántos evasores hay presos y cuánta de esa plata se pudo recuperar desde que tenemos la ley nueva Penal Tributaria? En mi gestión de tres años y medio, tengo treinta o cuarenta personas presas, entre empresarios, abogados, contadores, narcos, evasores, y tengo embargados $ 5.000 millones, 400 autos, 179 inmuebles, lo que en su momento va a volver. Pero, en general, esa estrategia no rindió los frutos que se esperaba. Por eso estoy a favor de los programas de exteriorización de divisas, porque creo que el objetivo de política económica es más importante que el objetivo de política criminal”.
Según estudios de diversas ONG especializadas, la Argentina tiene 350.000 millones de dólares en cuentas offshore o en cajas de seguridad, lo que da lo mismo, ya que están fuera del circuito formal. A eso hay que añadir los activos físicos, que representan otros 50.000 millones de dólares. La tentación de buscar, al menos, una parte de esa riqueza siempre está.
El especialista Zenón Biagosch coincide en este punto con el exfiscal de la PROCELAC. “Se trata de una herramienta que no descartaría y que todos los países desarrollados han adoptado”, dijo.
Si el blanqueo de 2012 fue un fracaso en la Argentina, se debió probablemente a las condiciones macroeconómicas del país y al modo en que fue implementado. También hay casos de procedimientos muy exitosos. Por ejemplo el de Francia de 2013, que según Gonella “con un esquema similar al nuestro logró repatriar casi el 50 % del dinero figado a Suiza”.
Las autoridades francesas ahora van por más, pero esta vez por la vía del control: sumará más agentes al detectar que la explosión del caso panameño incrementó el interés de diversos contribuyentes por regresar al país dinero que habían fugado.
LA SOMBRA DEL CASO LÁZARO BÁEZ
Si de delitos tributarios se habla, la consulta con el hasta hace poco titular de la PROCELAC es un paso obligado para cualquier artículo periodístico. Sin embargo, corresponde recordar que, al confirmar recientemente la prisión de Lázaro Báez, la Sala II de la Cámara Federal recordó que Carlos Gonella está procesado, con confirmación en segunda instancia, por supuestamente haber propuesto una “investigación limitada” que excluía el nombre del controvertido empresario. Bank Magazine le consultó al fiscal sobre su situación, que explicó lo siguiente:
“Sobre Báez, nosotros empezamos de oficio una investigación el 15 de abril de 2013, al día siguiente de la emisión del programa de Jorge Lanata, que incluyó a Lázaro Báez y sus empresas. Mientras, se presentaron a la Justicia cinco denuncias del mismo tipo y el caso recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, a quien le llevamos la información que habíamos logrado reunir en 48 horas, básicamente una serie de reportes de la UIF sobre asimetrías patrimoniales de (Federico) Elaskar y (Leonardo) Fariña. Paralelamente, le aviso al fiscal Ramiro González, que estaba sustituyendo en ese momento a (Guillermo) Marijuan, y le ofrecí toda la colaboración. Nos reunimos e intercambiamos opiniones, con otras ocho o nueve personas, entre ellos los secretarios de Marijuan. Allí planteé que lo dicho en el programa ameritaba iniciar una investigación e imputar a las personas contra las que haya elementos de juicio objetivos, que eran esas dos personas, pero sin excluir a nadie. Eso hizo el fiscal González, que me envió un requerimiento que resumía lo que se había hablado en esa reunión de manera absolutamente abierta. En la causa están en la causa los testimonios del secretario de Marijuan, pero no fueron analizados al dictarse mi procesamiento. Tampoco los analizó la Cámara. Tampoco se menciona una nota que le envió Ramiro González a la procuradora (Alejandra Gils Carbó), en la que dice que no recibió presiones de nadie, ni de Gonella ni de nadie. Ese documento tampoco se analizó en mi procesamiento, ni cuando fue confirmado en la Cámara. Entonces yo mismo voy a pedir el juicio oral, porque quiero que esto se aclare y no tengo nada que ocultar”.
Marcelo Falak 