El último martes 30 de agosto a las 10:30 irrumpió en la casa de mis padres, en esta Capital, un grupo de inspectoras de la UGCOR (la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales) y del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Decían actuar en cumplimiento de una denuncia sobre la existencia de un presunto geriátrico clandestino.

En esa casa, que está a nombre mío y de mi hermana, le dimos a mi madre los mayores cuidados posibles: estaba vieja, sufría varias enfermedades, requería oxígeno y varias veces estuvo con régimen de internación domiciliaria. Extremamos todos los recursos para, justamente, evitarle la internación en un geriátrico.

Lo delicado es que la UGCOR (el nombre de la responsable del expediente lo reservo, para no cometer con ella una posible injusticia, equivalente a la que vivió el martes mi familia) dice haber actuado en base a “una denuncia anónima”. Y que las siete inspectoras lograron entrar amenazando a la empleada, que estaba sola en ese momento: si no abría de inmediato, labraban automáticamente una multa.

Sin que existiera denuncia policial ni mucho menos orden de allanamiento, entraron, preguntaron, husmearon, revolvieron agendas y hasta sacaron fotos. El trato que le dieron a una trabajadora asustada, a quien queremos, porque cuidó extraordinariamente a mi madre, fue lamentable.

Tomaría lo que ocurrió simplemente como un error si no fuera periodista, si no fuera editor en Ámbito Financiero y si no trabajara en radio, donde tengo la dicha de que me abran un micrófono para expresar libremente mis opiniones, incluyendo al Gobierno nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires. Como no sobrevaloro mi pequeña incidencia profesional, no me voy a declarar un perseguido. Pero me da miedo pensar que basta con una denuncia anónima para que el Gobierno porteño actúe de ese modo.

¿Fue la idea de un vecino que vio entrar algún tubo de oxígeno o la llegada esporádica de ambulancias para atender las emergencias que tuvimos? ¿Fue alguien con el que algún miembro de la familia se cruzó mal alguna vez? ¿Fue alguien al que no le gusta lo que opino? Con ese accionar se cruza un límite peligroso.

Insisto: no me sobrevaloro. Si fuera un empleado de comercio viviría lo que pasó como un abuso más de los muchos a los que los gobernantes y burócratas de turno nos someten diariamente a los ciudadanos. Pero soy periodista.

Una vez, tal como me reconocieron en la UGCOR en medio de disculpas que no me alcanzan, es error. Dos sería acoso.

Algo más. Si es error, el mismo se basa en un procedimiento viciado desde la base. No puede bastar con que yo diga que mi vecino, cuya cara acaso no me guste, tiene en su casa un establecimiento de venta de drogas o de trata de personas. Para algo existen los jueces, que deben dar mérito a una denuncia.

Ah… mi vieja murió el 4 de junio. La extrañamos un montón. Pero nos quedamos todos, mi padre, mi hermana y yo, su yerno, su nuera y sus nietos, con la tranquilidad de conciencia de haber hecho lo imposible para que su vida terminara cerca de su familia.

Algo que puede ser sospechoso para los burócratas que nos complican la vida.