Los movimientos sociales que acumularon desde las calles el sedimento para la destitución de Dilma Rousseff (“Vem Pra Rua” -Vení a la calle”-, “Movimento Brasil Livre” (MBL) y “Nas Ruas” -En las calles-) volvieron a manifestarse ayer en unas noventa ciudades para ratificar su respaldo a la operación anticorrupción “Lava Jato” -Lavadero de autos- y su rechazo a algo que va mutando de rumor en certeza: la posibilidad de que la clase política se blinde con una autoamnistía.
Sin embargo, la participación fue pobre, sin parangón con las multitudes que salieron a expresar su hartazgo desde 2013 y hasta la caída de Dilma el año pasado. ¿Será eso interpretado como una señal de vía libre por la acosada corporación política?
Lo que se suponía iba a ser el acto más grande, el de San Pablo, terminó con apenas 15 mil personas en la Avenida Paulista… según los organizadores. En Río de Janeiro se juntaron apenas 600, en Brasilia 500 y en Belo Horizonte, otro tanto. No vale la pena fatigar la crónica.
El trasfondo del intento de renacimiento del movimiento anticorrupción pasa por dos aspectos.
Uno es el goteo de revelaciones de la llamada “lista Janot”, enviada por el procurador general Rodrigo Janot al Supremo Tribunal Federal (STF) y que condensa la magnitud del escándalo que devora al sistema político de Brasil: 83 pedidos de procesamiento contra políticos prominentes con fueros, lo que incluye a nueve ministros de Michel Temer, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, a legisladores varios y a unos diez gobernadores. Si se considera también a los dirigentes sin fueros especiales, el número impactante se eleva a 211 sospechosos.
Dos, el avance en el Tribunal Superior Electoral (TSE) de la causa por financiación ilegal de la campaña Dilma-Temer de 2014, que, por lo que se filtró de las declaraciones y pruebas presentadas, debería terminar en su invalidación y, por haber transcurrido ya más de la mitad del mandato, en la selección de un sucesor de Temer por parte del Congreso.
Esas acusaciones se basan en las delaciones premiadas de 77 ex altos ejecutivos de la constructora Odebrecht, incluido su expresidente, Marcelo, y su patriarca y padre del anterior, Emílio. Dado el carácter de principal financista de la política brasileña que adoptó esa constructora desde hace décadas, el contenido de las denuncias se basa en las “cajas dos”, esto es en la financiación ilegal de campañas, asunto que involucra a la gran mayoría de los acusados.
En tanto, la defensa de los empresarios y políticos involucrados ya es vehemente.
“Siempre hubo aportes de ‘caja dos’, en mi época y hasta en la época de mi padre. En mi época era más simple”, le dijo hace poco Emílio Odebrecht al juez de la “Lava Jato” Sérgio Moro, ídolo de las multitudes que ayer estuvieron más ausentes que presentes en las calles.
Otro interesado, el último ministro de Justicia de Dilma, José Eduardo Cardozo, le dijo a Moro casi en paralelo que “infelizmente, la contabilidad paralela es histórica y cultural en Brasil, pero no siempre involucra prácticas de corrupción”. Más llanamente: la cultura no es punible y el dinero negro fluye ante cada elección sin que necesariamente se pretendan a cambio concesiones, negocios o favores. Será que las grandes contratistas donan millones a ciertos políticos y también a sus rivales por pura filantropía democrática.
Gilmar Ferreira Mendes es juez del STF y, hasta el 14 de febrero del año próximo, también presidente del TSE, la corte de la que depende que Temer sea destituido.
“Las evidencias sobre financiación ilegal son demasiado concretas. Los abogados de Temer trabajan incansablemente para imponer la interpretación de que el Partido de los Trabajadores fue el responsable de las cuentas de la campaña, de modo de exculparlo. En caso de que eso no funcione, entonces todos los esfuerzos se volcarán a que el fallo se conozca cuando el período de Temer esté por terminar, recién el año próximo”, le dijo Marcelo Rech, director del Instituto Inforel de Brasilia, a Ámbito Financiero.
La ubicación estratégica del juez Mendes en el corazón de la judicatura, una reunión nunca desmentida entre él y el Presidente, su carácter de hombre del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y recientes declaraciones suyas alimentan las suspicacias.
“El Congreso ya ha aprobado amnistías. Votó la amnistía de la repatriación (de capitales, un blanqueo), que hizo que mucha gente trajera su dinero de afuera, y nadie dijo que esa amnistía fuera inconstitucional. Ese es un debate que se deberá tratar en el momento oportuno”, dijo hace pocos días en relación al posible autoperdón de los políticos. Un dato pertinente en este punto: los tres presidenciables del PSDB -el senador Aécio Neves, el gobernador paulista Geraldo Alckmin y el senador José Serra- están en la “lista Janot”.
Hay todavía más. El propio Mendes señaló en relación con la posible anulación del triunfo de Dilma y Temer por financiación ilegal que, ante cualquier sentencia, “siempre se considera la estabilidad política” .
Si la idea es amnistiar a los políticos que costearon sus campañas con dinero negro, Brasil se asomará a una paradoja que, en realidad, ha estado en el centro de toda esta saga interminable desde su inicio: solo el Partido de los Trabajadores pagará el pato de la boda, con Dilma destituida y, acaso, con Luiz Inácio Lula da Silva impedido de competir en las presidenciales de 2018, para las que encabeza todas las encuestas, en caso de que sea condenado y se convierta así en un “ficha sucia”.
“En eso no se juega solo el futuro de Lula sino el del PT y de toda la izquierda. Sin él, ese sector no tiene a nadie en condiciones de ganar en 2018”, explicó Rech.
Si el expresidente quedara fuera de carrera, se daría la curiosidad de que Lula sería defenestrado del sistema político por haber recibido dinero de Odebrecht para, por ejemplo, redecorar un tríplex en Guarujá, mientras que los legisladores del actual oficialismo, los jefes de la socialdemocracia y los ministros de Temer (además del propio presidente) resultarían salvados.
¿Y la financiación de la política para comprar negocios? ¿Y el poder de los lobbies? ¿Y el apoyo económico a quienes manejan los resortes de las comisiones del Congreso y los organismos de control? Todo quedaría en sombras en nombre de la “cultura”.
¿Hace bien el establishment brasiliense en tomar la escasa concurrencia ciudadana a las marchas de ayer como un vía libre? Tendrá ese reflejo, muy probablemente, aunque no puede descartarse que el movimiento tome alas más adelante o que el escarmiento truene en las urnas en octubre del año próximo.
“Los partidos tradicionales ya no inspiran ninguna confianza y, aunque todavía no surgen nuevos nombres, la posibilidad de una renovación es alta”, aseguró el analista.
Brasil parece condenado a vivir de sobresaltos.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).