La situación financiera de la provincia de Buenos Aires, en riesgo inminente de default, se coló en la negociación entre el Gobierno de Alberto Fernández y los tenedores de deuda soberana. Ante la posibilidad de que los acreedores provinciales digan no al pedido del gobernador, Axel Kicillof, de extender el vencimiento del tramo de capital del bono Buenos Aires 2021 (BP21) por 250 millones de dólares al 1 de mayo, las autoridades económicas se ponen en guardia y advierten sobre una señal negativa. Es más, afirman que la misma, en tanto podría afectar la sustentabilidad de la economía, podría hacer que la propuesta nacional termine siendo más dura que la prevista.

Kicillof extendió hasta hoy el plazo para que los acreedores den una respuesta. Si no obtiene el visto necesario del 75%, el distrito caería en cesación de pagos este miércoles. Eso sería visto por los negociadores de la deuda pública nacional como una señal de falta de buena fe de los inversores.

En la Casa Rosada y en La Plata se sostiene que ambos gobiernos actúan en sintonía y de acuerdo con la estrategia de negociación que consiste, obrando de buena fe, en honrar todos los vencimientos de intereses hasta el plazo del 31 de marzo que se dio para la conclusión de las gestiones. El vencimiento del BP21 establece una desviación de esa norma al estipular, además de un pago de intereses que no representa problema, el de un tercio del capital original que es lo que se quiere prorrogar.

El el Gobierno nacional se apegan a esa política y afirman que no habrá un rescate de última hora. Mientras, los bonistas temen que, si aceptan diferir para mayo lo que deberían cobrar en lo inmediato, se encuentren entonces ante un nuevo proceso de renegociación, esta vez de la deuda provincial, con la posibilidad de que se planteen quitas.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).