Aunque no se sabe si por los métodos y cálculos más virtuosos, la caída del proyecto de ley de ficha limpia en el Senado evitó la consumación una afrenta a la democracia. Esto es así por doble vía: por un lado, porque pretendía inhabilitar para ocupar cargos públicos a personas sin condena firme, esto es, formalmente inocentes; además, en una medida mucho, muchísimo mayor porque establecía un obstáculo impropio al ejercicio de la soberanía popular a través del voto.

Para sostener esto hay que analizar la política argentina por fuera de la tiranía de la grieta. El debate en torno a la cuestión, que hoy envenena las relaciones ya conflictivas entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro, se torna capcioso en esta república sin republicanos, en la que ágora está saturada por el duopolio de minorías intensas que sólo defienden o atacan a personas. A una persona, en realidad: Cristina Kirchner.

No se trata de que esta sea inocente o culpable de lo que se la acusa, sino de advertir que el proyecto que intentaba proscribirla, a ella y sólo a ella, era peligroso. ¿Volverá en el futuro, acaso con la mira en otros dirigentes hoy emergentes?

Determinar la inocencia o culpabilidad de la exmandataria le corresponde a la Justicia, que, guste o no guste, es la que hay y la que se debe acatar. De hecho, la Corte Suprema definiría muy pronto si confirma o no la condena e inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos aplicada en la causa «Vialidad», que lleva más de 16 años de trámite. Lo que estuvo en juego excedió largamente la suerte de personal de Cristina.

El acuerdo de la alianza prooficialista –La Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal– para sacar de su hibernación el proyecto de Silvia Lospennato me llevó en septiembre último a dedicarle al tema un ejemplar de desPertar, el newsletter que escribo todos los días para Letra P. Eso generó ese mismo día un debate interesante entre especialistas en X que me motivó, al siguiente, a presentar el debate jurídico involucrado –podés repasarlo en este enlace–. El entonces esperado tratamiento de la causa «Vialidad» en cámara permitía intuir que el tema explotaría antes de las elecciones legislativas. Así fue: hubo ratificación de la condena contra CFKy otras personas, y fuerte presión política para apurar el trámite parlamentario. Aquel interés por el tema no había sido extemporáneo.

Lo legal es materia de debate, pero no oculto mi acuerdo con los especialistas que sostienen ese proyecto era –¿es?– inconstitucional. Sin embargo, su mayor aberración es política.

La «casta» tutela tu voto

La ficha limpia, que promueve la inhabilitación para ocupar cargos públicos a personas condenadas por delitos de corrupción en dos instancias –sin esperar, como impone la Constitución, a que la Corte Suprema deje firme esa sentencia– supone un tutelaje de la «casta» política y judicial sobre la soberanía popular.

El senador Luis Juez ilustró este punto en el debate del miércoles –sin quererlo, claro– al fundamentar su voto afirmativo.

Reiterando dichos de días previos, argumentó en el debate que «en un país serio no se necesita una ley para que (la gente) no vote a una persona condenada dos veces por un delito de administración fraudulenta. Se ve que nosotros, los argentinos, necesitamos una ley«.

La idea del cordobés es coherente con una declaración no tan antigua –de 2022– en la que estableció que «somos jodidos los argentinos, ¡qué pueblo de mierda!». A una ciudadanía tan horrenda, se supone, conviene tutelarla y decirle a quién votar o, cuando menos, indicarle a quién no puede elegir.

Sincericida, el deslenguado precandidato mileísta a la gobernación de Córdoba lamentó que el proyecto no se haya sancionado antes y, al revés, se haya convertido en ley en medio del calendario electoral, algo que contraviene una regla de fair play no escrita de la política argentina. 

Una ley con nombre propio

El debate mostró a los legisladores de la mayoría haciendo esfuerzos denodados por aclarar que el texto no tenía impreso en tinta invisible el nombre de Cristina Kirchner. Sin embargo, así fue y resultaría hipócrita no reparar en lo dicho durante años al respecto por sus principales impulsores.

CFK es la única dirigente argentina de importancia con condena en dos instancias. Guillermo Moreno, otro posible impactado, no genera fervores del mismo porte.

Fue curiosa la insistencia de muchos senadores peronistas por reflotar otras presuntas corruptelas –contra Milei, Mauricio Macri, Ricardo Lorenzetti y otros–, como si exculpara a alguien que todos se hallen manoseados en el mismo lodo. Contaron, con todo, con un punto: la Justicia federal –tanto de primera instancia como en sus cortes de alzada– tiene un evidente sesgo anti-K porque, parece, en la Argentina no existen dirigentes de derecha que cometan delitos. Es a esa Justicia que la política –con abrumadora imprevisión– pretendía regalarle una formidable herramienta de control sobre la vida electoral de la nación.

Critarquía es el nombre del gobierno de los jueces.

La senadora neuquina por Unidad Ciudadana Silvia Sapag ilustró esto en el pleno. «Jueces que visitaban al (entonces) presidente (Mauricio) Macri y jugaban al tenis y al pádel en la Quinta de Olivos. (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reconocieron una relación social con Macri. Hoy se supo que Borinsky pidió licencia por doce días con gastos pagos para ir a Tel Aviv a un encuentro deportivo que se llama Macabeadas Mundiales 2025. Con la nuestra, como dicen ustedes». 

Un detalle: Borinsky, Hornos y Diego Barroetaveña conformaron la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó, en segunda instancia, la sentencia por «Vialidad».

Otra observación del peronismo fue que el proyecto sólo imponía la inhabilitación de personas condenadas por delitos de corrupción, lo que dejaba la cancha electoral libre para homicidas, secuestradores, ladrones, narcotraficantes o tratantes de personas. Sí, la ficha limpia venía con nombre y apellido. Si volviera, cabe esperar que semejante omisión sea al menos reparada.

¿Es posible votar a un corrupto?

El ejercicio de una tutela sobre la soberanía popular ejercida a través del voto es un problema mayúsculo porque socava la base misma de la democracia representativa.

Aunque eso escandalice a Luis Juez –portador de un apellido muy apropiado para dictaminar como lo hizo en el Senado–, votar a un corrupto comprobado podría ser una decisión completamente racional bajo determinadas circunstancias. Si, por ejemplo, en un ballotage, hubiera que decidir entre un candidato de baja calaña y –por mencionar algo totalmente hipotético– un esquizofrénico, acaso hasta el cordobés dudaría de su convicción actual. O tal vez no.

Brasil, el laboratorio de un desastre

La historia reciente de Brasil provee un laboratorio extraordinario para observar cómo funciona la ficha limpia realmente existente: según se comprobó, puede conducir a verdaderas tragedias.

La ley complementaria 135/2010 –producto de una iniciativa popular– fue aprobada por el Congreso de ese país con el apoyo militante del Partido de los Trabajadores (PT) y promulgada por Luiz Inácio Lula da Silva seis meses antes de su salida del poder. Se avecinaban nuevas elecciones, el entonces oficialismo pugnaba por imponer como sucesora a Dilma Rousseff y cargaba con un fuerte sentimiento de culpa producto de los escándalos del Mensalão y del Petrolão.

Dicho instrumento –del que el argentino es un calco– terminó siendo usado para impedirle al propio líder de la izquierda presentarse a los comicios de 2020 después de que la operación Lava Jato consiguiera una condena en doble instancia contra éste por el caso del tríplex de Guarujá.

Sensible al populismo jurídico de la época, el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró, por una mayoría de siete a cuatro, la constitucionalidad de mitigar la presunción de inocencia. Lula da Silva fue proscripto –además de encarcelado–, pero al final el mismo Supremo determinó que el proceso en su contra había infringido gravemente las garantías constitucionales y lo rehabilitó. 

En el medio, su proscripción le allanó el camino a Jair Bolsonaro, quien terminó promoviendo la ocupación violenta de la Explanada de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, un intento de provocar una reacción militar que anulara las elecciones que acababa de perder justamente contra el izquierdista.

La ficha limpia terminó en Brasil en una grave distorsión de un proceso electoral, en los abusos de Bolsonaro y en un intento de golpe de Estado por el que este ahora está inhabilitado hasta 2030.

Podés seguir con más detalle el debate constitucional que rodeó la ficha limpia brasileña en este enlace.

Los bemoles de la impaciencia

«Todos los delitos contra administración pública ya tienen prevista la inhabilitación para ocupar cargos públicos. ¿Qué es lo que cambia? El momento a partir del cual tiene efecto la condena. Con ficha limpia es en primera instancia y confirmada en segunda instancia. Sin ficha limpia hay que recorrer ‘toooooodo’ el camino hasta la Corte Suprema de Justicia (…), lo cual puede llevar años», dijo en su discurso del miércoles Martín Lousteau. Puso la carreta delante de los caballos: como legislador, tiene a mano herramientas sobradas para promover una Justicia veloz en lugar de parches de este tipo. 

El radical, que votó por la aprobación, agregó que «no tiene nada de raro ejecutar sentencias confirmadas en cámara. Vamos a un juicio civil. Alguien tiene una deuda conmigo, le hago juicio y, con sentencia confirmada, yo me cobro la deuda, independientemente de que (la otra parte) recurra a la Corte o no».

«Se supone que la Corte Suprema no entiende en cuestiones de culpabilidad, sino en cuestiones constitucionales (…)» y, además, confirma el 99% de las sentencias que le llegan, siguió.

Lo traicionó la practicidad de economista. Según la Constitución, sólo el agotamiento de la vía judicial extingue el principio de inocencia, lo que la Corte tenga para decir en materia de debido proceso no es menor, una causa civil no tiene el mismo impacto que una que inhabilita a un dirigente popular y el ejemplo de Brasil debería llamarlo a replantearse algunas de sus convicciones.

Lousteau sí acertó al lamentar que en la misma sesión se hayan rechazado los pedidos de interpelación a Karina Milei y Luis Caputo por el Libragate. El compromiso ético del interbloque antiperonista del Senado fue selectivo.

Resultó curioso seguir algunos discursos de gente carente de vergüenza, escuchar como si fuera un repúblico al tránsfuga del radicalismo Eduardo Vischi y recordar que 12 de los miembros del Senado se ausentaron cuando se votó la expulsión del mochilero mileísta Edgardo Kueider, que seis lo defendieron hasta el final y que uno se abstuvo.

Cristina Kirchner tenía decidido judicializar la ficha limpia, lo que probablemente la habría neutralizado para el actual ciclo electoral. Además, la inhabilitación que esta establecía sólo podía regir para cargos nacionales. Al revés, que la verdadera amenaza contra la expresidenta proviene de la causa «Vialidad», que la sacaría de todas las canchas, también de la bonaerense, en la que pretende competir.

La democracia argentina se salvó de cargar con una ley envenenada, una tutela sobre el voto popular. Por otras razones, el futuro político de CFK sigue seriamente amenazado.