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El vocero expulsó de su sala de prensa a periodistas de medios señalados como parte de la supuesta operación rusa. Mejor no hablar de nada: todo apesta.
Incapaz de compaginar su declaración jurada de bienes con su tren de vida, Manuel Adorni encontró el modo de volver a pararse detrás de su atril de la Sala de Prensa de la Casa Rosada: eliminando a los periodistas que le hacen las preguntas más filosas.
El Gobierno suspendió «preventivamente», según se explicó de modo informal, a los periodistas acreditados por medios señalados en la investigación de una plataforma internacional con base en Londres que se presenta como productora de «periodismo de alta calidad que desafía al poder» sobre una supuesta operación del espionaje ruso para influir en el debate nacional.
Según añadieron off the record fuentes citadas por La Nación, se trata de «una medida preventiva hasta esclarecer los hechos» que no apunta a los profesionales sino a sus patrones. Mientras, el Gobierno espera que los responsables de los medios apuntados «expliquen» lo sucedido «en las próximas horas».
La decisión, que no ha sido blanqueada por la Oficina de Presidente ni por la Vocería ni por la Oficina de Repuesta Oficial, a la que nadie le lleva el apunte– huele a excusa, a vendetta y a atajo para que el jefe de Gabinete y vocero del Gobierno pueda recuperar la voz sin la presencia de periodistas que desde hace tiempo deseaba sacar de su vista.
La duda que queda flotando es si, con la voz recuperada, Adorni será capaz de decir lo que se espera de él.
Presunción de culpabilidad
El trabajo de un consorcio de medios de investigación –el británico openDemocracy; los rusos Dossier Center e iStories; los franceses All Eyes on Wagner y Forbidden Stories, y el argentino Filtra Leaks, más periodistas independientes– habló de «operaciones de propaganda e influencia política en más de 30 países de África y América del Sur» entre junio y octubre de 2024, y señaló que en Argentina contó con un presupuesto de 283.000 dólares. Con eso se supone –solo eso– se habría comprado la publicación de unos 250 artículos críticos de Javier Milei y de Estados Unidos, y favorables al régimen de Vladímir Putin en más de 20 páginas web.
Sin embargo, el estudio admite no haber podido determinar «si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros. Es posible, también, que los montos fueran inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién».
La sanción «preventiva» y sin límite de tiempo definida por la extrema derecha gobernante alcanzó, de acuerdo con lo que se sabía hasta el cierre de nota, a periodistas de C5N, El Destape, Tiempo Argentino, A24, Ámbito Financiero y La Patriada. No se aplicó a los acreditados por Infobae y El Cronista, igualmente mencionados en la investigación.
La medida fue replicada por la Cámara de Diputados, que conduce el ultrakarinista Martín Menem –El Destape, A24, La Patriada y Gritos del Sur ya fueron avisados–, pero no así en el Senado, el cuerpo que preside Victoria Villarruel, una traidora que boicotea al Gobierno, según la definición que hizo el Presidente de su compañera de fórmula.
Es como si para el oficialismo rigiera una presunción de culpabilidad, al revés del garantismo que reclama para sí mismo cuando no sabe cómo despejar escándalos más graves y concretos.
Manuel Adorni, juez y parte
El Gobierno en general y Adorni en particular se erigen, así, en jueces y partes de un caso que ni empezó a ser ventilado en la Justicia y que, de haber existido, mostraría al rudo espionaje ruso pagando por una influencia que jamás fue tal. Comprando humo, en otras palabras.
Aun si se diera por válida la decisión oficial, hay un doble patrón en beneficio de medios editorialmente alineados con el Gobierno, abuso tan flagrante que no habría que descartar que en las próximas horas se los hiciera caer también, simbólicamente, en la volteada.
Todo hiede a censura, palabra que usó incluso Santiago O’Donnell, autor de Filtra Leaks y uno de los responsables del informe.
Adorni y el Gobierno vienen mostrando desde hace tiempo esa hilacha represiva.
Allá por julio de 2024, cuando no tenía problemas en dar conferencias de prensa diarias, el portavoz había anunciado que aplicaría cambios en las acreditaciones porque debían considerarse «un privilegio». Raro: se suponía que sus apariciones eran el cumplimiento de otro papel: el de informar a la población, a través del sistema de medios, de los actos de gobierno.
Adorni, que venía de suspender brevemente la acreditación de la periodista crítica Silvia Mercadoy había sentado en la sala al youtuber libertario Fran Fijap y al español que compró un porcentaje de La Derecha Diario, el provocadorJavier Negre, habló entonces de «excelencia» y de «jerarquizar el trabajo de periodista en la Casa Rosada».
Nunca mencionó, ya que el prestigio era la meta, la conveniencia de cambiar al portavoz.
Los límites de la paciencia
¿Bastará con amordazar a los medios críticos para que Adorni pueda presentarse en público y hacer su trabajo?
Este lunes, el Presidente lo sentó a su izquierda en la reunión de gabinete que lideró poco después de recibir al chileno José Antonio Kast, aunque el nuevo gesto de respaldo no fue acompañado por palabras. El Gobierno no quiere hablar más de los erosivos escándalos Adorni Air y Adorni Propiedades. Y de $LIBRA, el que verdaderamente preocupa a Milei Hermanos, mucho menos.
Javier Milei encabeza la reunión de gabinete. A su izquierda, Manuel Adorni.
Sin embargo, el jefe de Gabinete aparece cada vez más complicado en la misma Justicia federal que sólo la pisa, la guarda y la amasa en el Libragate.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó este lunes una nueva serie de medidas de prueba para determinar si Adorni incurrió en enriquecimiento ilícito. Por un lado, pidió a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas información sobre los viajes del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. Además, solicitó informes sobre los inmuebles de la sociedad conyugal a los registros de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por último, comenzó a tirar del hilo de la escritura de la propiedad de Caballito, adquirida por el investigado gracias a sendos préstamos extendidos por las dos jubiladas que la habían comprado pocos meses antes: esta semana declararán el propietario original, el exfutbolista Hugo Morales y la escribana Adriana Nechevenko, habitué del despacho de Adorni en la Casa Rosada, como reveló Sebastián Iñurrieta en Letra P.
«‘Se lo puede bancar a Adorni, pero hasta un punto, porque después te complica. Esta no es la manera. El día que tenga una imputación en la Justicia, se tiene que terminar’, es el análisis duro de una fuente encumbrada del Gobierno que cree que la paciencia con el jefe de Gabinete se va a terminar pronto», escribió Bernardo Vázquez en Clarín.
Si así fuera, la causa Aloe Vera promete nuevos y estrambóticos episodios. Paz Rodríguez Niell dijo en La Naciónque «Adorni hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que así obtuvo un préstamo de 100.000 dólares».
«El crédito se lo otorgaron –como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025– dos mujeres. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. El crédito se instrumentó el mismo día –15 de noviembre de 2024– que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz».
Dos hipotecas por un total de 200.000 dólares en Caballito, otra por 100.000 dólares en Asamblea…
Si se repite, no es desliz. Es método. O modus operandi.
Toto Caputo: «Vayan y saquen»
El problema del Gobierno es que si no se habla de Adorni ni de $LIBRA, debería hablarse de los créditos del Banco Nación a los funcionarios libertarios que aprendieron a querer al Estado, al revés de Adorni, que prefiere rodearse de jubiladas como acreedoras. Pero no, de eso tampoco se habla.
«Vayan y saquen», les aconsejó a todos los argentinos Toto Caputo en una –otra– entrevista en La Nación +. Se refería a los préstamos hipotecarios UVA del banco público. El hombre es todo un aforista, un talentoso acuñador de frases memorables, como aquella de «comprá, campeón».
El ministro de Economía y las autoridades de la entidad aseguran que no hubo nada de irregular, más allá del listado de beneficiarios, entre los que se cuentan el director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, el asesor del Palacio de Hacienda y director del BICE Felipe Núñezy el secretario de Finanzas, Federico Furiase, viejos impulsores de la privatización de la entidad para que dejara de prestar favores a la «casta».
Sin embargo, se acumulan las presentaciones judiciales para que se esclarezcan unas cuantas dudas:
- ¿Por qué el Nación atendió tantos pedidos de funcionarios de la extrema derecha gobernante?
- ¿Fueron préstamos para la compra de primeras o de segundas viviendas?
- ¿De qué manera justificaron los receptores los ingresos necesarios para obtener el visto bueno?
- ¿Sus condiciones de funcionarios a tiro de despido los llevaron a evitar, como debían, la presentación de sus ingresos actuales y a hacer valer otros? ¿Cuáles?
- ¿Por qué aparece en el listado Federico Sharif Menem, sobrino de Martín y Lule Menem de sólo 24 años y quien tuvo su primera experiencia laboral en 2024 como secretario del Congreso?
- Y, sobre todo, ¿cuál fue el mecanismo que le permitió acceder al préstamo hipotecario a Lorena Villaverde, quien debió atrincherarse en la Cámara de Diputados tras verse imposibilitada de asumir en el Senado debido a la difusión de una vieja causa por narcotráfico en Estados Unidos? La solicitud de la legisladora, denunció el diputado socialista Esteban Paulón, había sido rechazada en la sucursal Cipolletti por estar bajo embargo, pero fue rescatada luego en Casa Central.
¿La punta de un témpano que deja aún mucho por investigar o un simple caso de generalizadas falencias éticas?
Mejor no más preguntas, señor vocero.
Marcelo Falak 